El efecto expansivo de los anuncios del Poder Ejecutivo y el endurecimiento judicial sobre el Atlántico Sur abrió este lunes un nuevo frente procesal, desplazando el foco desde la industria hidrocarburífera hacia el saqueo de recursos vivos marinos. La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió este lunes 14, una denuncia penal contra directivos, apoderados y representantes de corporaciones pesqueras internacionales —con núcleo en Galicia, España— que capturan recursos en la Plataforma Continental y en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) amparándose en autorizaciones ilícitas concedidas por la administración colonial británica de las Islas Malvinas.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway. La presentación fue formulada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio (Reset Republicano), quienes sostienen que la operatoria transgrede la soberanía nacional, vulnera el régimen aduanero y configura el delito de contrabando agravado.

La matriz gallega y los buques individualizados

La denuncia desentraña el esquema societario mediante el cual grandes holdings pesqueros españoles operan en asociación con firmas locales registradas en Puerto Argentino, consolidando empresas mixtas para sortear los controles argentinos y explotar más de 250.000 toneladas anuales de especies marinas (principalmente calamar Illex y patagónico):

• Lanzal: Ligada a la sociedad mixta Petrel Fishing Company Ltd., operando con el buque Monteferro.
• Grupo Pereira: Asociada a Argos Group Ltd., a través de las naves Argos Cíes y Argos Berbés.
• Pescapuerta: En alianza con South Atlantic Squid, mediante los buques Falcon, Prion y Robin M. Lee.
• Copemar: También integrada en South Atlantic Squid, explotando el buque Hadassa Bay (sucesor del siniestrado Baffin Bay).
• Ferralmes: Vinculada a Castelo Fishing Co., mediante el navío Castelo.
• Hermanos Touza: Asociada a Beaufort Fishing Ltd., utilizando el barco Hermanos Touza.
• Moradiña: En sociedad con Polar Ltd., operando la embarcación New Polar Playa de Sartaxens bajo registros cruzados.

Contrabando, ardid y exportación clandestina

Los denunciantes encuadraron las maniobras en los artículos 863, 864 (inciso a) y 865 del Código Aduanero (Ley 22.415):

1.   Evasión sistemática del control: Las capturas se realizan en aguas de soberanía argentina y son desembarcadas en Puerto Argentino o trasbordadas en alta mar hacia puertos extranjeros sin registro ante la Dirección General de Aduanas (DGA), eludiendo el pago de derechos de exportación y la liquidación obligatoria en el mercado cambiario oficial.

2.   Ardid y clandestinidad: La utilización de permisos coloniales británicos constituye un artificio diseñado para sustraer la mercadería del control soberano del Estado ribereño.

3.   Agravantes: Se solicitó aplicar las penas del artículo 865, contemplando la intervención coordinada de tres o más personas, el empleo de buques de ultramar para eludir a la autoridad marítima y la afectación patrimonial grave al fisco nacional.

La presentación también requiere que se investigue si existió incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de áreas del Estado nacional encargadas de fiscalizar y sancionar estas infracciones.

Medidas de prueba y conexidad con el frente petrolero

Para desarticular las operaciones, se solicitó librar oficios a la Prefectura Naval Argentina y al INIDEP para recabar los reportes satelitales y de avistamiento de los buques señalados; a la Aduana, a fin de constatar la omisión tributaria; y a la Inspección General de Justicia (IGJ), para identificar bienes, activos o sociedades radicadas en territorio continental que pertenezcan a los mismos grupos económicos.

La ofensiva penal contra el negocio pesquero converge con el expediente hidrocarburífero que tramita en el Juzgado Federal N.º 12 de Comodoro Py, donde la Cancillería denunció a 27 directivos corporativos vinculados a Rockhopper, Navitas, Borders & Southern y Eco Atlantic. Acorralada en los tribunales fueguinos por la causa ambiental de Sea Lion, la trama colonial del Atlántico Sur enfrenta ahora el asedio penal en los muelles y oficinas de sus armadores comerciales.