Las empresas que presentaron la acción judicial reclamaban una suma de dinero equivalente al valor de mercado de las 175 toneladas de merluza negra pescadas de manera ilegal, además de un monto a establecer por la “afectación del ambiente dañado”.

Desde los organismos nacionales de control se le permitió a la empresa Prodesur comercializar lo capturado ilegalmente luego del pago de una multa de 804.069.711 pesos. Sin embargo, con la nueva resolución, el Poder Judicial toma una medida que impactará en la compañía pesquera del polémico empresario radicado en Tierra del Fuego, Liu Zhijiang.

El dictamen del Juzgado Federal Nº11, donde se tramita la causa por daño ambiental mediante un proceso colectivo, explica que se comprobó “la captura y apropiación ilegal intencional y maliciosa para beneficio propio de un recurso natural migratorio renovable ‘protegido’ e ‘interjurisdiccional` como es la merluza negra, patrimonio de toda la comunidad”.

En este marco, en el texto difundido por revistapuerto.com.ar, se indica que las firmas denunciantes resultaron “víctimas de un hecho antijurídico, ilícito, cuasi delictual”, agregando que las acciones de pesca ilegal  “han revestido suma gravedad al estar claramente orientadas a contrariar la política de protección del recurso mencionado, lo que habilita la aplicación de las sanciones”. 

La demanda de las compañías rivales reclamaba que “se condene a los demandados al pago de una suma en concepto de daño punitivo consecuencia de la conducta desaprensiva, intencional y maliciosa de los demandados”. Asimismo, pedían que la sanción se integre a un futuro Fondo de Compensación Ambiental, para dotar a la Prefectura, “de los medios técnicos y/o tecnológicos para el mejoramiento de las operaciones control de la pesca ilegal en todo el mar territorial argentino, islas Malvinas y Georgias y Sándwich del Sur”.

El descubrimiento de la captura ilegal realizada por el buque Tai An comenzó el 31 de marzo pasado, cuando Prefectura Naval Argentina recibió una denuncia anónima por correo electrónico. En la comunicación se mencionaba un daño ambiental y una solicitud de investigación que derivó en una causa iniciada el 4 de abril ante la Fiscalía Federal.