Una revelación de alto impacto sacude la trastienda de la disputa hidrocarburífera en el Atlántico Sur. En una entrevista concedida el pasado lunes 7 de septiembre al periodista Alejandro Bercovich en el programa La Ley de la Selva, el primer ministro de Relaciones Exteriores de la administración de Alberto Fernández, Felipe Solá, rompió el silencio sobre un procedimiento administrativo que se mantuvo fuera del conocimiento público durante un lustro: el Estado argentino sancionó formalmente en 2021 a la petrolera británica Harbour Energy plc y a su continuadora, la israelí Navitas Petroleum, por violentar el régimen de la Ley 26.659 en la ilegítima Cuenca Malvinas Norte.

La confesión del exfuncionario arroja luz sobre el eslabón más controvertido del extractivismo austral: cómo una corporación radicada en Londres, legalmente pasible de inhabilitación por operar el yacimiento clandestino Sea Lion, logró traspasar sus activos a Navitas, replegarse formalmente del archipiélago y, pocos meses después, adquirir a la vista de todos el 37,5% del consorcio Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1) para extraer gas y petróleo en territorio y aguas bajo jurisdicción de Tierra del Fuego y a su vez tener participación en el mega yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén.

La revelación de Solá: intimación, sanción y el juicio que “se aplanó”

Durante el intercambio televisivo, Solá detalló el circuito punitivo que se ejecutó durante su permanencia en el Palacio San Martín (diciembre de 2019 - septiembre de 2021):

“En 2021 sancioné a Harbour Energy haciendo cumplir leyes del 2011 y del 2013, leyes que consiguió el peronismo, muy claras respecto de las relaciones entre empresas que estaban en zona de economía exclusiva usurpando, o en la plataforma continental argentina”, disparó el excanciller.

Solá precisó que el andamiaje normativo veda cualquier clase de vínculo o beneficio comercial en el país a quienes participen del expolio en las islas: “Las leyes son muy claras respecto de cualquier tipo de relación entre quienes están trabajando en Argentina, en lo que sea, y la pesca o las actividades como la promoción petrolera que están haciendo en Sea Lion, Navitas y Rockhopper”.

Al abordar el traspaso del proyecto en Malvinas, Solá fue categórico:

• Continuidad jurídica: “Navitas es la continuadora de Harbour Energy. A Navitas le metimos un juicio, le iniciamos un juicio que después se aplanó —estos juicios que se aplanan—; le iniciamos un juicio en la época cuando yo era canciller”.
• El trámite administrativo: “A Navitas, además de hacerle un juicio, nosotros le avisamos que estaba empezando la prospección. Le informamos y, acto seguido, lo que la ley decía: informada que fue, viene la sanción, salvo que se pida un descargo. Si no hay un descargo, viene la sanción”.

El silencio oficial y la metamorfosis fueguina

Las declaraciones del excanciller abren un interrogante de gravedad institucional mayúscula: ¿por qué el gobierno nacional de aquel entonces no hizo públicas las sanciones contra Harbour Energy ni ejecutó su inhabilitación en los registros mercantiles?

La falta de publicidad de los actos de gobierno y el posterior letargo judicial permitieron que la operadora británica consumara una maniobra de triangulación perfecta:

1.   Desenganche formal: Harbour se desprendió de su participación en el yacimiento Sea Lion cediéndosela a Navitas Petroleum (que asumió el 65% de la operación junto al 35% de Rockhopper Exploration).

2.   Desembarco en la costa fueguina: Habiendo «limpiado» sus papeles en el exterior mediante esa transferencia, Harbour Energy compró la cartera de activos de la alemana Wintershall Dea, quedándose con el 37,5% de la Cuenca Marina Austral 1 junto a TotalEnergies (37,5%) y Pan American Energy (25%), participando en megaproyectos gasíferos como Fénix.

En ese proceso, el rol de la administración provincial de Gustavo Melella queda en el centro de las sospechas: tras un amago inicial de resistencia pública ante la llegada de capitales británicos con pasado en Malvinas, en julio de 2025 el Poder Ejecutivo fueguino terminó convalidando y habilitando administrativamente la cesión de áreas hidrocarburíferas y emitiendo los correspondientes certificados y regalías a través de la Secretaría de Hidrocarburos.

El cepo legal del RIGI: “Claramente no puede entrar”

Consultado por Bercovich sobre si una corporación con estos antecedentes podría acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por la administración libertaria de Javier Milei para obtener ventajas cambiarias, fiscales y aduaneras a 30 años, Solá fue tajante: “Claramente no puede entrar al RIGI. No puede”.

La afirmación tiene un anclaje jurídico demoledor: el artículo 7° de la Ley 26.659 y su modificatoria (Ley 26.915) prohíben expresamente el otorgamiento de concesiones, beneficios fiscales, subsidios o contratos públicos a cualquier firma —o parte de su grupo societario directo e indirecto— que haya realizado tareas de exploración o explotación en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado ribereño.

La hora de romper el “aplanamiento”

La revelación de Felipe Solá derrumba la coartada técnica ensayada durante años por funcionarios nacionales y provinciales, quienes justificaban la presencia de Harbour Energy en los yacimientos fueguinos alegando que se trataba de una corporación “distinta” a Premier Oil o que su salida de Malvinas la eximía de reproche legal.

Si el Estado nacional ya había determinado en 2021 la ilicitud de su conducta e iniciado acciones sancionatorias, su posterior radicación en los yacimientos fueguinos de CMA-1 constituye una transgresión abierta al régimen de soberanía. En momentos en que la Justicia Federal de Río Grande investiga penalmente a Navitas y a Rockhopper, y la Cancillería amplía denuncias en Comodoro Py contra directivos de la ilegal Cuenca Malvinas Norte, la documentación de las sanciones aplicadas a Harbour Energy en 2021 se transforma en la pieza que faltaba para desmontar la impunidad corporativa en el extremo austral.