Desde julio del año pasado, el magnate británico de 86 años viene enfrentando a la justicia de los Estados Unidos que lo investigó y lo detuvo acusándolo de proporcionar información confidencial sobre empresas que cotizan en bolsa a varios allegados y empleados suyos con el fin de obtener enormes beneficios con la compra y venta de acciones.

Acusado de traficar información privilegiada, Joe Lewis se declaró inicialmente “no culpable” (“not guilty”, no culpable se utiliza allí en lugar de “inocente”) y consiguió seguir en libertad pagando una fianza de 300 millones de dólares. El monto que tuvo que pagar el británico da cuenta del volumen de la defraudación que cometió.

Lewis, de 86 años, fue acusado de proporcionar durante años información privilegiada a sus empleados, incluidos sus chóferes privados, y a sus amantes, en una trama "descarada" entre 2013 y 2021 que le reportó millones de dólares.

El juicio continuó y finalmente, esta semana Joe Lewis se declaró culpable de uso de información privilegiada en un tribunal federal de Estados Unidos, según informó la fiscalía.

En un giro dramático de los acontecimientos, el multimillonario británico Joe Lewis, conocido por ser el cuestionado propietario del Lago Escondido en la Argentina y expropietario del club de fútbol inglés Tottenham Hotspur de la Premier League, se declaró culpable de uso de información privilegiada en un tribunal federal de Estados Unidos.

Hace seis meses, la justicia neoyorquina inculpó a Lewis, quien inicialmente se declaró inocente. Su abogado calificó las acusaciones de "error atroz". Sin embargo, ahora la situación cambió cuando Lewis se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores, junto con dos cargos adicionales de fraude de valores. Estos delitos conllevan penas máximas de entre cinco a veinte años de prisión, respectivamente.

Una de las empresas de Lewis fue condenada a pagar una multa de 50 millones de dólares, según declaraciones ante un juez estadounidense. La fecha de la sentencia de Lewis aún está por determinarse.

Durante la audiencia, Lewis admitió su culpabilidad ante la juez Jessica Clarke. "Mientras poseía información material no pública sobre ciertas empresas que cotizan en bolsa, acepté hacer recomendaciones a otras tres partes para que compraran esas acciones", dijo Lewis. "Sabía en ese momento que lo que estaba haciendo estaba mal y estoy muy avergonzado", dijo.

Los fiscales detallaron cómo Lewis proporcionó información confidencial sobre resultados próximos de pruebas favorables para empresas bioquímicas. "En múltiples ocasiones en el transcurso de varios años, Lewis utilizó y se apropió indebidamente de esta información confidencial para ofrecer consejos sobre acciones a varias personas en su vida, incluidos sus empleados, parejas románticas y amigos", expresó el Damian Williams, fiscal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York.

En una de las instancias más llamativas, en 2019, Lewis prestó 500.000 dólares a cada uno de sus dos chóferes para invertir en acciones de Mirati Therapeutics antes de la publicación de unos resultados clínicos. Estos chóferes luego utilizaron estos consejos para obtener beneficios sustanciales.

Repercusiones en la Argentina

Tras la declaración de culpabilidad del multimillonario británico, líderes sindicales anunciaron movilizaciones en protesta por las actividades del empresario en el país.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), confirmó que este año se volverá a marchar a Lago Escondido en respuesta a la reciente declaración de culpabilidad de Lewis. Aguiar expresó en X (ex Twitter): "Lewis acaba de declararse culpable en la Justicia de EEUU por los mismos hechos que acá comete impunemente desde hace décadas. ¿Y acá? ¿Cuándo lo vamos a ver declarando por la reunión secreta que en su mansión mantuvieron jueces, funcionarios y empresarios?".

Aguiar acusó a Lewis de simbolizar la "prepotencia, corrupción e impunidad" en la Patagonia y criticó la inacción de las autoridades argentinas frente a las supuestas violaciones de la Ley de Tierras por parte de Lewis. Cabe recordar que uno de los tantos puntos que contiene el anticonstitucional DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) del presidente Javier Milei contempla lisa y llanamente la derogación de la Ley de Tierras. Parece que hay "necesidad" y "urgencia" de eliminar una ley que limita la compra de terrenos naturales por parte de extranjeros, con el fin de proteger la soberanía nacional.

La situación legal de Lewis en Estados Unidos contrasta con su posición en Argentina, donde posee 12.000 hectáreas y ha cercado el Lago Escondido, según denuncias de público conocimiento. Aguiar comparó la situación de Lewis con la de otros empresarios y exfuncionarios argentinos, destacando la necesidad de una mayor responsabilidad y justicia en el país.

EL CASO “LAGO ESCONDIDO”

Lago Escondido es un caso de presunta corrupción, prevaricato y guerra jurídica que denunciaron los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser, cuyos implicados serían jueces, operadores políticos, exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el diario Clarín y el empresario británico Joe Lewis, entre otras personas.

Los periodistas denunciaron que, en octubre de 2022, jueces, operadores políticos y exagentes de la AFI viajaron en un avión privado pagado por el diario Clarín a Lago Escondido, donde está la mansión del millonario británico Joe Lewis.

Los autores de la investigación periodística afirmaron que el objetivo era conspirar y «arreglar», en un encuentro secreto, causas para favorecer al expresidente Macri y otros mientras se conspiraba contra Cristina Fernández de Kirchner, entre otros asuntos criminales.

La reunión habría sido financiada por el diario Clarín, empresa del Grupo Clarín, que de forma deliberada intentó ocultar el encuentro para encubrir los varios delitos cometidos de los que el diario sería partícipe necesario.

En el encuentro habrían estado el juez Julián Ercolini, el juez Carlos Mahiques, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques (hijo de Carlos), el ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, el juez Pablo Cayssials, el juez Pablo Yadarola, el empresario especialista en campañas digitales Tomás Reinke y el exjefe de Legales de la Secretaría de Inteligencia (SI), Leo Bergroth.

Al conocerse la noticia, que fuera publicada por el diario Página/12, afirmaron que varios medios liderados por Clarín y otros afines a su línea editorial y los implicados en los delitos habrían entablado largos chats de texto y voz para concertar la forma de encubrir el caso y que no pasara a mayores.

"Los chats fueron ilegalmente interceptados"

En los chats supuestamente participaron los jueces y fiscales que habrían cometido prevaricato, como así también altos directivos del grupo Clarín, en donde habrían expuesto sus ideas coordinadas sobre cómo tapar el escándalo.

Si bien D'Alessandro negó la veracidad de los chats, el diario Clarín no lo hizo y prefirió centrarse en el modo en el que fueron obtenidos, evidentemente aconsejado legalmente, ya que la forma de obtenerlos iba a debilitar la denuncia ante la Justicia, como finalmente sucedió.

Según los periodistas, los jueces, fiscales y funcionarios buscaron encubrir el viaje con facturas apócrifas, mientras proponían la ejecución de otros delitos como los «aprietes» (coerción) a personas que los pudieran incriminar desde sus dichos probatorios.

El escándalo también causó el repudio de los trabajadores del Grupo Clarín.

El gobierno nacional denunció a los jueces y al CEO de Clarín. El presidente Alberto Fernández realizó una cadena nacional condenando los hechos. Algunos jueces de la Asociación de Magistrados pidieron que se investigue a los funcionarios de los chats del lawfare.

La diputada Margarita Stolbizer pidió la renuncia del ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D'Alessandro, explicando que está en un lugar «de privilegio» y puede obstaculizar el curso de la causa. Sin embargo, el cuestionado funcionario recibió el respaldo del entonces jefe de gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Cristian Ritondo y Diego Santilli. Finalmente, D'Alessandro se tomó licencia​ y dos meses después renunció a su cargo,​ siendo reemplazado por Eugenio Burzaco.

La denuncia pública fue tomada rápidamente por la Justicia Federal de Bariloche avanzando en la investigación de los hechos que se produjeron en jurisdicción y cercanía de la ciudad rionegrina. Pero La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa penal por el caso de Lago Escondido sea investigada en los tribunales de Comodoro Py y que esté a cargo del juez federal Sebastián Ramos. El tiempo, como siempre padre de la verdad, demostró los verdaderos motivos del cambio de jurisdicción judicial.

SOBRESEIMIENTO VERGONZOSO

A mediados de diciembre de 2023, el juez federal Sebastián Ramos declaró la “nulidad de todo lo actuado”, en la causa Lago Escondido, según una resolución de 73 carillas muy conveniente para los intereses del poder económico concentrado y el poder político "en las sombras" manejado por Mauricio Macri.

El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a jueces, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y empresarios investigados por el viaje a la estancia del ciudadano británico Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre de 2022.

Los sobreseimientos alcanzaron al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad de ese distrito, Marcelo D Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques; al juez federal Julián Ercolini; y al penal económico Pablo Yaradola, entre otros imputados.

“Deviene ineludible proceder al archivo de estos actuados, atendiendo a que las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales y apoyar en ellas una sentencia judicial compromete la buena administración de justicia”, advirtió la resolución del juez Ramos.

El magistrado concluyó que hubo sobre quienes viajaron a Lago Escondido para hospedarse en la estancia de Lewis “una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado” y ello deriva en la nulidad de la causa.

“Deviene ineludible proceder al archivo de estos actuados, atendiendo a que las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales y apoyar en ellas una sentencia judicial compromete la buena administración de justicia”, advirtió la resolución del juez Ramos.

“Las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”, concluyó.

También, sostuvo que “fue como resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información, que fue brindada públicamente por redes sociales” y ello “terminó dando lugar a notas periodísticas replicadas en diversos medios”.

Entre los sobreseídos están además Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín, Pablo César Casey y Jorge Rendo.

“NO EXISTEN INDICIOS O PRUEBAS DE COMISIÓN DE DELITO” (¿¡!?)

Por otra parte, Ramos remarcó que en relación al viaje realizado el 13 de octubre de 2022 en un avión privado por las personas investigadas y la reunión que habría sido llevada adelante en la estancia Lago Escondido “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis”. “Por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”, concluyó.

Una vergüenza más para nuestra endeble y acomodaticia justicia argentina.

LA DENUNCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRA JOE LEWIS

Un par de meses antes de esta vergonzosa resolución judicial, el ministerio del Interior, a cargo en ese entonces de Eduardo "Wado" De Pedro, presentó a la Justicia una "declaración de lesividad" en el marco de la causa penal por las presuntas irregularidades en los controles que derivaron en la compra y venta de los terrenos que rodean a Lago Escondido, en Río Negro, y la posterior adquisición y ampliación de Hidden Lake S.A, integrada por el empresario Joe Lewis, entre los años 1996 y 1997.

Según se informó oficialmente el 5 de octubre de 2023, un informe de la Procuradoría de Investigaciones Administrativas (PIA) señaló que la operación inmobiliaria se enmarca "en un proceso violatorio de la Ley que impide la venta de tierras a extranjeros en zona de seguridad fronteriza".

La PIA señaló las irregularidades en el mecanismo de control que, entre 1996 y 1997, permitió a la firma Hidden Lake hacerse con las tierras de frontera "simulando contar con capitales de origen nacional" para pretender cumplir con las normativas vigentes.

El proceso de compra se inició en el 1996, cuando la empresa denominada H.R Properties Buenos Aires adquirió, con Previa Conformidad, más de 8.000 hectáreas en esa zona de Río Negro, eximidos de presentar proyectos de inversión y otros requerimientos, por contar con capitales nacionales.

Según consta en las actuaciones, ese mismo año, H.R Properties se convirtió en Hidden Lake, consolidando un paquete accionario con Lago Corp que contaba con 11.999 acciones propias y una sola a nombre del inglés Lewis.

De esta forma, la empresa solicitó un nuevo trámite de previa conformidad abreviado, que sólo es potestad para sociedades argentinas, e inscribió las tierras a nombre de Hidden Lake, lo que derivó en una autorización "obtenida de manera irregular atento que esta segunda solicitud no debió haber tramitado por ser la solicitante, en la práctica, una sociedad extranjera".

En 2023, la Procuraduría (PIA) informó a la cartera de Interior sobre la presentación judicial de dos abogados por las presuntas irregularidades en los controles de compra y venta de esas tierras. A la vez, el mismo organismo sugirió la conveniencia de iniciar la acción de lesividad.

En el mismo sentido, la Inspección General de Justicia (IGJ) promovió en abril de 2022 una acción judicial contra la operación, pidiendo la nulidad de la sociedad Hidden Lake.

La medida del ministerio del Interior fue celebrada en sus redes sociales por el dirigente de Unión por la Patria (UxP) y excandidato presidencial, Juan Grabois.

"Lewis atenta contra leyes elementales de seguridad nacional que subsisten pese a la nefasta balcanización de los recursos naturales derivada del Pacto de Olivos y otras claudicaciones de políticos con vocación de colonia", afirmó.

Además, detalló que "el avasallamiento de Lewis abarca desde la Seguridad Nacional hasta el simple disfrute de un espejo de agua maravilloso, desde el tráfico de influencias hasta la destrucción de la segunda reserva de cipreses más importante del planeta para abastecer de energía al paraíso inmobiliario ilegal en Pampa de Luden".

El excandidato a presidente reivindicó que "desde un principio hubo amparistas, pobladores, vecinos y activistas que recorrieron un camino de lucha desigual, litigando en distintos tiempos políticos ante un poder judicial que determina sus posiciones por cómo sopla el viento y no por lo que dice el derecho".

Por último, Juan Grabois recalcó "el coraje del Ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro que logró que por primera vez el Estado Nacional se presentara como demandante contra Joseph Lewis en su carácter de lesionado por la usurpación de Lago Escondido".

"Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también", concluyó en su publicación, expresión que por supuesto suscribimos totalmente.

Quisiera decir muchas cosas, pero mi amigo FECHU me ayuda a cerrar, por ahora, este capítulo informativo que nos vuelve a mostrar y a hacernos recordar nuevamente una faceta más de la cara oscura del poder.

Fuente: El Agrario, (a partir de información tomada de TELAM y de la Agencia de Noticias Bariloche).