En una provincia donde el acceso a la vivienda, ya sea mediante alquiler, adquisición o construcción, se ha transformado en una de las grandes preocupaciones y de los temas centrales de la sociedad fueguina por sus altísimos costos; la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Tierra del Fuego (IPV), Arq. Laura Malvinas Montes, le otorgó a Diego Alberto Mancini Loiacono, una vivienda en carácter de comodato, -un canon de uso no amortizable-, por el término de 12 meses. Por la cual deberá pagar una cuota mensual, de 107.381,72 pesos.
El acto administrativo de posesión, le efectivizó el 22 de agosto pasado. De esa manera Laura Malvina Montes, sin aparente intervención de las áreas en materia Social y Legal del organismo (no se registran sellos ni firman de otros responsables intervinientes); le otorgó a Diego Alberto Mancini Loiacono, una casa de dos dormitorios, en la calle Los Coihues del barrio de Andorra de Ushuaia.
Diego Alberto Mancini Loiacono no es una persona que lleve los mismos nombres y el mismo doble apellido del gerente de LeoLabs Argentina SRL. No; es el mismo. El número de DNI del convenio con el IPV y el Acta de Socios de la empresa dueña del radar de capitales irlandeses e ingleses donde asumió el cargo gerencial, lo corroboran: DNI: 28.342.840.
Diego Alberto Mancini Loiacono aceptó el cargo gerencial el 1 de diciembre de 2022. El mismo día que también asumieron Pablo Renán Bilbao, María Victoria Cerone, Daniel Peter Ceperley y Eileen Judith Trevenor. Lo que significa que él y los otros cuatro están recibiendo el pago por el trabajo que deben estar realizando, en días tan convulsionados para la empresa. Hasta quizás fue uno de los que ha ido a la Estancia El Relincho a quitar las “partes electrónicas” del radar, de las que Bilbao le informó al Gobernador Gustavo Melella por nota la semana pasada, pero sin especificar a qué “partes electrónicas” se refería.
LeoLabs Argentina SRL le paga un alquiler a Vicente Castellano por El Relincho, de 12.975 dólares mensuales. Se los transfiere a un banco en Croacia a nombre de la hija de Castellano. Nada hace suponer que el pago de LeoLabs a sus gerentes no sean también dólares. El varias veces millonario giro comercial que tiene la empresa a nivel mundial, le permite a Dan Ceperley pagarle en dólares a sus gerentes y a todos sus empleados. Tener de clientes al Departamento de Defensa de los EEUU o a Space X, le garantiza a LeoLabs, pagar sueldos decorosos a la altura de los cargos de sus directivos. Asunto que comparativamente, el 99,9 % de los fueguinos no accede.
El malestar dentro del propio IPV por la decisión tomada por presidenta Laura Malvinas Montes, tiene fundados motivos. Ella misma en una nota dada en junio a Radio Nacional Ushuaia, reconoció la existencia de una demanda social en la provincia de 8400 viviendas. Por lo que otorgarle una vivienda a Diego Mancini, al gerente de LeoLabs, al hijo del mismo exfuncionario que firmó la habilitación de la electricidad que abasteció hasta el viernes último el radar inglés, y luego puesto bajo el ala de la Ministra de Obras y Servicios Públicos Gabriela Castillo con el rango de Subsecretario; no parece justamente ir a resolver el problema de miles de familias que llevan cerca de dos décadas en la búsqueda una vivienda por parte del Estado.
De todos modos, más allá de cargo que ostenta y de los sueldos que haya cobrado durante estos 10 meses como gerente, a Diego Alberto Mancini Loiacono no se le conoce profesión u oficio que permita inferir alguna capacidad, pericia o experiencia, para estar al frente de LeoLabs Argentina SRL. El último trabajo regular conocido había sido como empleado de Aerolíneas Argentinas SE en el aeropuerto de Ushuaia, cargo que perdió -según aseguran sus propios trabajadores de la Línea Aérea-, por acosar a las compañeras. Luego de eso, se lo vio realizando delivery en su propio, vehículo.
Este hecho no puede analizarse por separado al entramado participativo de los funcionarios y funcionarias provinciales que de manera directa operaron para que en tiempo récord se instalara la estación satelital que constituye el radar. Sin poder afirmarlo, es muy posible que estemos como lo calificó la Concejal de Río Grande Myriam “Lali” Mora, a hechos que se acercan lisa y llanamente al “tráfico de influencias”.
CONVENIO DE OCUPACIÓN Nº 114
