La coherencia no parece ser el fuerte de la actual gestión provincial de Tierra del Fuego. En un acto de cinismo político sin precedentes, el gobernador Gustavo Melella ha elevado a la Legislatura el Asunto 131/26, un proyecto de ley que propone la creación de la Sociedad de Inversión, Desarrollo y Gestión Portuaria S.A. Bajo el ropaje de una "modernización" inspirada en los puertos de Rotterdam y Amberes, el mandatario fueguino busca ejecutar lo que el portal Polo Sur a definido correctamente, como una privatización por diseño.

Una Sociedad Anónima sin controles estatales

El corazón del proyecto es la transformación del puerto en una Sociedad Anónima regida por la Ley 19.550. Pero el dato alarmante reside en el Artículo 4°: la nueva entidad quedará explícitamente fuera de la Ley de Procedimientos Administrativos y del régimen provincial de contrataciones del Estado.

Dicho en términos llanos: el activo estratégico más importante de la provincia marítima se gestionará con la discrecionalidad de una empresa privada, sin licitaciones públicas tradicionales, sin trazabilidad estatal y bajo una "gestión ágil" que elude el escrutinio democrático de los organismos de control.

El riesgo de la Transnacionalización

Desde Agenda Malvinas planteamos un interrogante: ¿Qué garantías existen de que el puerto no termine en manos de potencias extranjeras o empresas vinculadas a la ocupación británica en Malvinas o bajo el control de capitales estadounidenses o israelíes? El proyecto faculta explícitamente a la nueva sociedad a "suscribir contratos con operadores internacionales" y buscar "capitalización privada".

Los antecedentes de Melella en materia de soberanía son, cuando menos, preocupantes:

El Radar de Tolhuin: Permitió la instalación de un radar con capacidades militares operado por capitales británicos bajo una fachada civil.

Harbour Energy en el Proyecto Fénix: Melella ha permitido que opere en aguas fueguinas la petrolera que ostentó el 65% de un proyecto ilegal en Malvinas (Sea Lion) entre 2021 y 2022, violando la Constitución Nacional y las leyes que penalizan el saqueo de nuestros recursos usurpados.

La "Acción de Oro": ¿Soberanía o Maquillaje?

Para calmar las aguas, el proyecto menciona que el Poder Ejecutivo se reservará una "acción de oro" para decisiones estratégicas. Sin embargo, como advierte Polo Sur, esta es una llave simbólica. Mientras el Estado conserva esa "medalla" en el pecho, la operatoria real, la capitalización, los fideicomisos y los contratos con operadores internacionales (el verdadero poder) se mudan a una estructura societaria pensada para asociarse con el capital privado extranjero.

El puerto como "Plataforma de Negocios"

El mensaje de elevación de Gustavo Melella no deja lugar a dudas sobre su matriz ideológica actual, contrastando con su pasado proteccionista. El Gobernador justifica la entrega alegando la "internacionalización del negocio naviero" y la necesidad de adecuarse a "criterios modernos en gestión".

Lo que Melella llama "eficiencia", es en realidad la entrega de la gobernanza de la Puerta a la Antártida. Al transformar el puerto en una plataforma de negocios, se diluye su función como herramienta de soberanía y desarrollo territorial, quedando su destino atado a los intereses particulares de corporaciones internacionales que ya no tendrán que "esquivar" los controles públicos fueguinos.

¿Para quién se moderniza el puerto?

El proyecto faculta al Ejecutivo a negociar planes de inversión con actores privados que servirán para capitalizar la sociedad. Esta habilitación, sumada al interés de grupos como Mirgor (Nicky Caputo) por construir terminales propias, sugiere que la intervención nacional de enero de 2026 fue solo el prólogo de un loteo mayor.

La pregunta que el Gobernador debe responder es: ¿Por qué, si el puerto es de los fueguinos, decide sacarlo del control de las leyes públicas fueguinas?

El Asunto 131/26 es la confesión final de una gestión que se quedó sin ideas y sin fondos por su propia impericia financiera. Ante la incapacidad de defender el puerto en los tribunales federales, Melella opta por la huida hacia adelante: privatizar la gestión para que el problema —y el activo— sea de otros.

El puerto no se entregó con una firma un domingo a la noche; se entrega por etapas. Primero fue el desvío de fondos a la OSEF, luego la intervención por parte de una entidad nacional, y ahora este "Caballo de Troya" legislativo que pretende convertir al mayor activo estratégico de Tierra del Fuego, en una Sociedad Anónima.