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Nación dijo que el buque británico que amarró en Ushuaia, operó con el aval del gobierno de Tierra del Fuego

El vocero presidencial Adrián Ravier utilizó un informe técnico de Cancillería para desarticular el repudio de la gestión fueguina. Remarcó que la monoboya de Cullen está bajo estricta jurisdicción provincial, que la Ley Gaucho Rivero no aplica a esta operatoria comercial y que el barco recaló en Ushuaia solo para aprovisionamiento.

25 de agosto de 2026 18:26

"Las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque y las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en puerto"; aseveró el vocero presidencial.

La controversia en torno a la presencia en aguas fueguinas del buque tanque con pabellón del Reino Unido VS PROMISE sumó este mediodía una contundente respuesta política y diplomática desde la Casa Rosada. En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier contestó al reclamo y al comunicado de repudio emitido por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, respaldándose de manera directa en un reporte técnico y jurídico elaborado por la Cancillería argentina.

La exposición del portavoz ratificó los datos fácticos, técnicos y regulatorios revelados en las últimas horas por Agenda Malvinas: confirmó que el tanquero de 228 metros de eslora operó en la monoboya de Río Cullen (ubicada en el litoral atlántico del norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego); sobre recursos hidrocarburíferos provinciales antes de recalar en Ushuaia y subrayó que la responsabilidad sobre ese punto de atraque recae en el propio Ejecutivo Fueguino.

La posición oficial expuesta por Adrián Ravier

A partir de los elementos provistos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ravier detalló el derrotero del tanquero e interpeló la postura de la administración de Melella:

«El VS PROMISE es el buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto Cullen en el norte de Tierra del Fuego y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para provisionarse, es decir, el barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego. A su vez, la monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en primer lugar. El accionar del buque no viola ninguna ley», aseveró el vocero presidencial.

Asimismo, Ravier desglosó el marco legal de la Ley Provincial N.º 852 ("Ley Gaucho Rivero"), zanjando la discusión jurídica en torno a la bandera de la embarcación:

«La ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando desde la cuenca Malvinas. En este caso, esa ley no aplica, en tanto la ley Gaucho Rivero no prohíbe indiscriminadamente el ingreso a puertos fueguinos de todo buque vinculado al Reino Unido. Su artículo 2 alcanza a aquellos relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas».

Por último, Ravier descartó de plano que la escala logística en el muelle comercial capitalino represente un riesgo estratégico:

«Por este motivo, las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque y las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en puerto. No hay ninguna pérdida de soberanía, no hay ningún riesgo para la Argentina. En todo caso, el aprovisionamiento de este buque también genera actividad económica dentro de Tierra del Fuego y en todo caso es una cuestión que está bajo la jurisdicción del gobierno de Tierra del Fuego».

Cancillería y Casa Rosada confirman la investigación periodística

Los argumentos volcados por Adrián Ravier a instancias de Cancillería coinciden con los ejes del seguimiento operativo y de transpondedores satelitales (AIS) publicados por este medio:

1.    La escala de carga en Río Cullen: Nación reconoció formalmente que el buque fletado comercialmente por las operadoras del área austral no fue un visitante casual, sino que estuvo amarrado en la terminal atlántica norte donde opera el consorcio de TotalEnergies, PAE y Harbour Energy (ex Wintershall Dea).

2.    Competencia no delegada de la Provincia: Al enfatizar que la monoboya marina pertenece al ámbito de jurisdicción provincial, la Casa Rosada ubicó la lupa sobre la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, cartera responsable de fiscalizar los volúmenes bombeados, controlar las regalías y estampar la firma en el Certificado de Origen que habilita la exportación del crudo ante la Aduana.

3.    El alcance de la Ley Gaucho Rivero: El dictamen de Cancillería ratificó que la legislación prohíbe de forma taxativa el apoyo logístico a la exploración ilegítima en la cuenca de Malvinas, evitando que una bandera comercial de fletamento internacional sea utilizada como argumento falaz de violación de soberanía cuando opera en yacimientos continentales reconocidos.

La encrucijada del relato de Casa de Gobierno

El respaldo documental de Cancillería y la réplica de Ravier dejan al descubierto las inconsistencias del pronunciamiento con el que Melella intentó circunscribir la controversia a la intervención del puerto capitalino por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

Con el VS PROMISE navegando por estas horas nuevamente de regreso hacia la monoboya de Cullen para intentar completar el embarque de más de medio millón de barriles, el gobierno fueguino ya no puede sostener el silencio administrativo sobre el circuito petrolero del norte de la Isla: la Provincia deberá clarificar públicamente las autorizaciones otorgadas y transparentar la emisión del Certificado de Origen que habilitará al buque de pabellón británico a transportar el petróleo fueguino al mercado internacional.

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