La consulta apuntó a desentrañar dos ejes centrales: qué certezas institucionales reafirmó el exfuncionario nacional y qué dudas, inconsistencias o evidencias dejó al descubierto su testimonio.

En el balance general de las respuestas surge un denominador común ineludible: la ratificación tajante de que el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego tiene la responsabilidad legal y política directa por no haber ejecutado el desmantelamiento físico de las instalaciones, sumada a la conjetura de que el sensor podría continuar en funcionamiento encubierto, y la constatación de un circuito administrativo nacional plagado de llamativa celeridad que eludió los controles estratégicos de defensa exterior.

Gisela Dos Santos (Bloque Sumemos Tolhuin): "Quedó expuesta la vulnerabilidad del sistema argentino"

Al evaluar los dichos del exministro, la legisladora por Tolhuin puso el foco en la fragilidad institucional que permitió la llegada del sensor a su municipio:

"Reafirmó principalmente la vulnerabilidad del sistema argentino ante el protocolo de instalación de una tecnología como esta, donde una Subsecretaría de Estado habilita su funcionamiento sin conocimiento de los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores. Considero que brindó información y aportó elementos sustanciales para analizar."

Matías Lapadula (Bloque Provincia Grande): "Hubo trámites sospechosamente veloces y el Gobierno provincial debe responder por qué no lo desarmó"

El parlamentario remarcó que la declaración de Taiana permitió avanzar en la determinación de culpas compartidas entre ambas jurisdicciones:

"El testimonio del exministro ha sido muy importante para avanzar en la determinación de responsabilidades. Creo que está claro que hubo responsabilidades concretas tanto en funcionarios del gobierno nacional como del gobierno provincial; controles que se pasaron por alto y trámites sospechosamente veloces que facilitaron la instalación del radar.

Por otro lado, fue muy claro en señalar la responsabilidad del gobierno provincial en cuanto al no desarme del radar y la posibilidad de que este siga operativo. También dejó dudas sobre las intenciones al respecto del actual gobierno nacional, una preocupación que comparto absolutamente."

Pablo Villegas (Bloque Movimiento Popular Fueguino - Presidente de la Comisión): "Reafirmó que la Provincia debe instar el desarme"

El titular de la Comisión Especial Investigadora sintetizó los dos puntos de mayor gravedad institucional arrojados por la comparecencia:

"Reafirmó que es la Provincia la que debe instar el desarme del radar, por ser estrictamente de su competencia territorial. Y dejó asentada la conjetura de que el radar puede estar actualmente en funcionamiento."

Natalia Gracianía (Bloque La Libertad Avanza): "Si LeoLabs hoy funciona es porque Tierra del Fuego no lo desarmó"

La legisladora subrayó la delimitación de competencias esgrimida por Taiana para deslindar el rol de las Fuerzas Armadas y apuntar a la administración de Gustavo Melella:

"Me dejó en claro que consideró que 'si LeoLabs hoy funciona es porque la Provincia de Tierra del Fuego no lo ha desarmado'. Esa fue la afirmación más importante del exministro Taiana, aclarando también que el Ministerio de Defensa no tiene la potestad legal de tomar esa determinación porque excede sus competencias constitucionales.

Sin embargo, deja dudas sobre qué otros organismos del Estado Nacional intervinieron activamente en dar la autorización, ya que solo refirió tener conocimiento de la intervención de la Subsecretaría de Telecomunicaciones."

Luciano Moreno Calderón (Presidente de la Unión Malvinizadora): "Hubo una deliberada necesidad de omitir a Defensa"

Desde el sector civil y malvinero, Moreno Calderón analizó la comparecencia desde una perspectiva técnica y geopolítica:

"Taiana fue técnicamente contundente al explicar no solo el peligro que representa para la soberanía el radar de LeoLabs, sino al profundizar en dos cuestiones fundamentales para comprender el entramado de la instalación y permanencia de esta herramienta de espionaje británico-estadounidense.

En cuanto al camino administrativo, dejó en claro que los permisos fueron irregulares en función de la extrema velocidad con que fueron otorgados, así como también en la deliberada necesidad de mantener la ausencia de análisis por parte del Ministerio de Defensa. Y no dejó duda alguna acerca de la responsabilidad del gobierno provincial, no solo en la instalación inicial del dispositivo, sino en su actual permanencia en el territorio."

Síntesis de la primera jornada: Un cierre que compromete a la estructura fueguina

El paso de Jorge Taiana por la Comisión Investigadora dejó un saldo político contundente para el cierre de esta primera audiencia en la Capital Federal:

1.   La carga sobre el Ejecutivo Provincial: Todos los bloques presentes y las organizaciones malvineras tomaron nota de la aseveración del exministro, quien fijó en la administración fueguina la potestad y la inacción material para desmantelar la estructura en la Estancia "El Relincho".

2.   La sospecha de operatividad latente: La advertencia sobre la posibilidad técnica de que el radar continúe funcionando de forma remota o mediante escucha pasiva eleva la urgencia de los peritajes técnicos solicitados a la CONAE.

3.   El bypass administrativo como patrón deliberado: La celeridad con que tramitaron las dependencias intermedias nacionales y provinciales, esquivando a las áreas naturales de resguardo de la soberanía, se consolida como la principal línea investigativa.

La actividad continuará este lunes 21 de septiembre: a las 09:30 horas con la interpelación al exjefe del Estado Mayor Conjunto, Teniente General Juan Martín Paleo, y a las 15:30 horas con la comparecencia del extitular del ENACOM, Dr. Gustavo López.