Ello sucede en medio de la intensa ofensiva discursiva del Gobierno nacional contra las petroleras que operan en las Islas Malvinas y mientras el presidente Javier Milei encabeza una misión comercial en París para ofrecer «seguridad jurídica», un escándalo de corrupción administrativa y vulneración de la legislación soberana aterrizó en los tribunales de Comodoro Py.

El ministro de economía Luis "Toto" Caputo, junto a María Tettamanti, en octubre de 2024, tras suceder ante la Secretaría de Energía Eduardo Rodriguez Chirillo.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) —órgano especializado del Ministerio Público Fiscal dedicado a perseguir delitos contra la administración pública— promovió una denuncia penal contra la actual secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; el exsecretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo; el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller; directivos de Harbour Energy Argentina y el letrado Tomás Lanardonne.

La causa investiga presunto abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y cohecho por otorgar privilegios fiscales al consorcio Southern Energy, integrado por la británica Harbour, continuadora de Premier Oil, sancionada bajo la Ley 26.659. El frente penal estalla en plena gira oficial en París. 

El expediente, iniciado a partir de una presentación formulada por la legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda, quedó registrado formalmente bajo el número CFP 4810/2026 tras el sorteo de la Cámara Federal el pasado 29 de septiembre. La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, actualmente subrogado por el juez Ariel Lijo, con la intervención de la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita.

La maniobra bajo la lupa: el RIGI para una sancionada en Malvinas

La acusación de la PIA apunta a una trama de presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. El foco central de la investigación es la concesión de multimillonarios incentivos cambiarios, fiscales y aduaneros contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en favor del proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) Southern Energy.

Dicho consorcio —compartido por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y la noruega Golar— cuenta con una participación del 15% en manos de la británica Harbour Energy.

La contradicción jurídica y política resulta insalvable:

• La herencia de Premier Oil: Harbour Energy absorbió los activos y el historial de Premier Oil, corporación británica que había sido formalmente sancionada e inhabilitada en la Argentina por la Secretaría de Energía tras haber llevado adelante exploraciones hidrocarburíferas clandestinas en la Cuenca Malvinas Norte en abierta infracción a la Ley 26.659.
• El trámite exprés del RIGI: Lejos de ser excluida conforme a las prescripciones legales vigentes, Southern Energy solicitó su ingreso al RIGI en noviembre de 2024. El 25 de abril de 2025, el área de Energía autorizó la libre exportación de GNL, y cuatro días después, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la Resolución 559, incorporando formalmente el proyecto al régimen de privilegios con Harbour declarada de forma explícita en su paquete accionario.
• Continuidad de funcionarios: La denuncia abarca la gestión integral de Energía bajo la administración de Milei: desde el diseño y los primeros avales durante el paso de Rodríguez Chirillo hasta la consolidación operativa bajo la firma de Tettamanti y el rol técnico del subsecretario Veller.

Contradicción soberana y cortocircuito en París

El impacto institucional de la denuncia cobró una dimensión internacional inmediata al coincidir con el desembarco del Gobierno en la Argentina Week de París. La secretaria Tettamanti integra la comitiva oficial junto a Daniel González y Federico Ramos Nápoli para promocionar el RIGI ante inversores europeos en las áreas de energía y minería.

El contraste entre la narrativa oficial y la realidad judicial es demoledor:

1.   Doble estándar discursivo: Mientras el presidente Milei ataca a la ONU, libra intimaciones internacionales contra Gran Bretaña por Sea Lion y amenaza con llevar a Londres ante el Tribunal de Hamburgo, su propia administración habilitó un régimen de exenciones impositivas y libre disponibilidad de divisas a una corporación con sede en Londres que carga con el antecedente directo de haber perforado sin permiso en las islas.

2.   Impacto en el sector energético: Proveedores de Vaca Muerta advierten que la causa penal arroja «nubarrones» sobre la legalidad y transparencia en la asignación del RIGI, vulnerando la pretendida seguridad jurídica ofrecida en los foros internacionales.

3.   Interna en los entes de control: La imputación roza a Horacio Federico Veller, quien en las últimas horas mantenía reuniones con el directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) posicionándose para presidir el nuevo organismo unificado, cargo estratégico que ahora queda ensombrecido por la investigación penal.

La actuación de la PIA introduce una variable insoslayable en el tablero: el cerco no proviene de una entidad externa, sino del propio Ministerio Público Fiscal del Estado argentino. Mientras Cancillería intima al Foreign Office por la expoliación en el Atlántico Sur, la Justicia federal deberá determinar cómo y por qué las máximas autoridades energéticas del continente le abrieron la puerta grande del RIGI a los mismos capitales británicos que desafían la soberanía nacional en Malvinas.

Fuente:

LaPolíticaOnLine