— La ofensiva parlamentaria del Gobierno de Javier Milei para reemplazar el marco legal que penaliza el saqueo hidrocarburífero en las Islas Malvinas sufrió un revés decisivo. La sesión especial convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación fracasó por falta de quórum: el oficialismo y sus bloques aliados apenas lograron sentar a 126 diputados, quedando a tres bancas del piso reglamentario de 129 para habilitar el tratamiento del Orden del Día N.º 514.
Con el fracaso de la convocatoria —pese a un acuerdo previo en Labor Parlamentaria que reservaba casi diez horas de debate—, mantiene plena vigencia la Ley 26.659 y su modificatoria 26.915, sancionadas en 2011 y 2013 respectivamente. Esa legislación prohíbe de forma taxativa operar en el continente a empresas vinculadas con la explotación ilegal en la plataforma continental argentina y establece penas de hasta 15 años de cárcel sin posibilidad de blanqueo.
El “punto final” petrolero en el dictamen de mayoría
El examen de los cinco dictámenes contenidos en el Orden del Día 514 revela por qué el proyecto oficialista (Mensaje 275/26) chocó con el rechazo de la oposición y de sectores dialoguistas. Bajo el rótulo de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el dictamen de mayoría —firmado por La Libertad Avanza y aliados— disponía en su artículo 44 la derogación lisa y llana de la Ley 26.659.
En su lugar, los artículos 33 a 41 del despacho oficial instauraban un “Régimen de Desistimiento y Regularización” diseñado a medida de las corporaciones extranjeras:
- Extinción de la acción penal: El artículo 39 establecía que el mero pago de una multa administrativa o la promesa de reconvertir inversiones producía el archivo automático de los sumarios, la baja del registro de infractores y la extinción total de la acción penal, incluso en causas ya iniciadas.
- La huella de Washington: Tal como denunciaron los dictámenes de minoría de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, el texto fue recortado tras las gestiones de la administración de Donald Trump para eximir de penalidades a las compañías ligadas a Estados Unidos y sus socias estratégicas. El despacho opositor advirtió que el mecanismo operaba como una “puerta giratoria” y una amnistía encubierta para firmas que proyectan ganancias por miles de millones de dólares en yacimientos como Sea Lion.
Un caballo de Troya: Consejo de Seguridad y censura penal
Más allá del perdón a las petroleras, el proyecto destinaba el 70% de sus 154 artículos a materias ajenas a la Cuestión Malvinas. El dictamen de mayoría creaba un Consejo de Seguridad Nacional integrado exclusivamente por el Ejecutivo (con el Presidente, ministros y el titular de la SIDE), facultado para bloquear activos financieros sin orden judicial previa, elevar aranceles aduaneros hasta el 75% por decreto e incluir personas en el registro antiterrorista (RePET) por meras sospechas.
Totalmente ajena a la Cuestión Malvinas, el Título VII incorporaba el artículo 225 bis al Código Penal, fijando penas de 5 a 12 años de prisión para quienes organicen o financien campañas de “injerencia extranjera” o alteren procesos electorales, una redacción ambigua cuestionada por entidades periodísticas (ADEPA) y gobernadores provinciales por el riesgo de criminalizar la prensa y avasallar autonomías locales.
Frente a ese esquema, los dictámenes de minoría —encabezados por Unión por la Patria y por el bloque de Juan Brügge y Esteban Paulón— propusieron mantener y endurecer la Ley 26.659 sin amnistías, eliminar el Consejo de Seguridad y dejar toda sanción en manos de jueces federales. Al caerse la sesión por falta de quórum, el blindaje legal vigente sobre los recursos del Atlántico Sur sigue intacto.