— Apenas 48 horas después de que fracasara en la Cámara de Diputados la sesión especial con la que el oficialismo intentaba derogar la Ley 26.659 e instaurar un “Régimen de Desistimiento” a medida de las petroleras infractoras, la filial argentina de Harbour Energy lanzó una ofensiva mediática para intentar despegarse de su prontuario colonial en las Islas Malvinas.
A través de un comunicado difundido este viernes por el portal especializado Data Energía, los directivos de la firma británica —con el country manager Martín Rueda al frente de la estrategia local— buscaron blanquear su historial societario para proteger sus multimillonarios contratos en la Cuenca Marina Austral fueguina, en Vaca Muerta, provincia de Neuquén y su participación del 15% en el proyecto exportador de GNL Southern Energy en Río Negro bajo los beneficios fiscales del RIGI.
Sin embargo, el intento de exculpación opera como una auténtica confesión de parte: al intentar justificar su pasado, Harbour Energy admitió expresamente haber detentado el control accionarial mayoritario de las licencias ilegales del yacimiento Sea Lion y haberlas transferido comercialmente a la israelí Navitas Petroleum, consumando exactamente las conductas prohibidas y penadas por la legislación argentina vigente.
El argumento del “activo transitorio”: un insulto a la ley argentina
La coartada ensayada por la compañía consiste en sostener que su participación en las concesiones otorgadas ilegalmente por el gobierno colonial británico en Malvinas fue apenas “un activo heredado y transitorio tras la absorción inversa de Premier Oil por parte de Chrysaor en 2021, del cual se desprendió por completo en 2022 antes de desembarcar en la Argentina en 2024”.
El razonamiento jurídico de los ejecutivos de Harbour Energy desnuda un absoluto desprecio por el ordenamiento público de la República Argentina:
- La continuidad societaria es explícita: La Ley 26.659 (sancionada en 2011 y endurecida en 2013 mediante la Ley 26.915) prohíbe de manera categórica desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin habilitación de autoridad nacional competente, y veda expresamente operar en el territorio continental a toda empresa que sea controlante, controlada o continuadora societaria de firmas infractoras.
- No existió “desprendimiento” sino usufructo y cesión ilícita: Harbour Energy no devolvió ni renunció a las licencias ilegales ante el Estado argentino; por el contrario, durante más de un año administró la herencia de Premier Oil —empresa sancionada e inhabilitada por la Argentina desde 2012— y negoció su venta y transferencia directa a Navitas Petroleum en 2022, permitiendo la continuidad operativa del proyecto Sea Lion que hoy se litiga en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo.
- El tiempo no borra el delito: Que la transferencia de las licencias ilegales haya ocurrido antes de comprar los activos de Wintershall Dea en 2024 no purga la inhabilitación legal. La normativa argentina no distingue entre participación “transitoria” o “permanente”: haber integrado y lucrado con la cesión de concesiones coloniales ilegítimas convierte a Harbour Energy en un sujeto legalmente impedido de contratar, recibir concesiones o gozar de exenciones impositivas en el país.
Las pruebas de la PIA frente al relato corporativo
La desesperación de Harbour Energy por instalar este relato en la prensa energética responde al cerco judicial abierto por el dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que denunció penalmente a los funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación por haber convalidado de hecho el desembarco de la firma británica en áreas estratégicas del país sin aplicar las sanciones e inhabilitaciones ordenadas por ley.
El doble estándar: penalidades en Hamburgo, privilegios en Buenos Aires
La declaración de Harbour Energy deja expuesta la obscena contradicción de la política energética y exterior del Gobierno nacional. Mientras la delegación oficial argentina reclama ante los jueces de Hamburgo que se paralice el proyecto Sea Lion —alegando que las licencias británicas son nulas y que su explotación constituye un saqueo irreversible—, en el territorio continental permite que la misma corporación que controló y transfirió esas licencias a Navitas produzca gas en el mar de Tierra del Fuego, extraiga crudo en Neuquén y acceda a los beneficios fiscales y cambiarios del RIGI en Río Negro.
Con la caída del proyecto oficialista en Diputados este miércoles —que pretendía darles una vía de blanqueo mediante el pago de una multa administrativa y la extinción de la acción penal—, Harbour Energy intenta ahora reescribir su propia historia corporativa en los medios. Pero sus propias palabras terminan por confirmar aquello que los expedientes judiciales ya acreditaron: la compañía usufructuó y negoció activos malvinenses robados a la Nación, y que su permanencia en el suelo argentino sólo se sostiene gracias a la complicidad política de quienes se niegan a hacer cumplir la ley.