Editorial

Por Daniel Guzmán

Director de Agenda Malvinas

La diplomacia de la República Argentina frente a la Cuestión Malvinas ha quedado atrapada en su propio laberinto de contradicciones, incoherencias y claudicaciones políticas. En el último mes, tras la reunión cumbre entre Javier Milei y José Antonio Kast en Santiago, el Gobierno nacional y el canciller Pablo Quirno desplegaron una ofensiva discursiva y legal contra la República de Chile por el interés de abrir nuevamente el corredor comercial marítimo entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Se apeló a los tratados bilaterales, se desempolvó el régimen sancionatorio y se invocó el compromiso de la región.

Sin embargo, antes de rasgarse las vestiduras y apuntar con el dedo acusador al vecino trasandino, el Estado argentino tiene una deuda previa e ineludible con la verdad y con los países sudamericanos: debe pedir perdón. Debe disculparse por más de una década de zigzagueos, desidia y traición a sus propios mandatos legales, que dinamitaron la confianza regional y vaciaron de legitimidad moral cualquier reclamo frente a los socios latinoamericanos.

La construcción del cerco regional y la anomalía de Montevideo

Para comprender la raíz del conflicto, hay que remontarse al 20 de diciembre de 2011, cuando la diplomacia argentina impulsó y logró la firma de la Declaración de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados sobre buques que enarbolan la bandera ilegal de las Islas Malvinas en Montevideo. En ese documento, las naciones del bloque —incluidos de manera explícita Chile y Uruguay— asumieron el compromiso de impedir el ingreso a sus puertos de buques con la insignia colonial de la usurpación y coordinar el rechazo regional.

Chile, en cumplimiento de ese entendimiento, interrumpió desde 2012 sus líneas de abastecimiento regular con las islas, asumiendo un costo económico directo que la propia dirigencia de Magallanes cifra hoy en 300 millones de dólares de pérdidas acumuladas.

¿Qué hizo la Argentina frente a la República Oriental del Uruguay? Absolutamente nada. Durante todos estos años, mientras Chile cerraba sus terminales y acataba el bloqueo, el puerto de Montevideo funcionó como el gran nodo de aprovisionamiento de víveres, pertrechos y servicios de ultramar para la colonia implantada, además de servir como base de operaciones y descanso a la flota pesquera internacional que depreda el Atlántico Sur bajo licencias británicas espurias. La Cancillería argentina miró para otro lado, toleró el usufructo uruguayo del expolio colonial y jamás aplicó el peso de sus leyes sobre las navieras y agencias que operan desde la Banda Oriental.

¿Con qué argumento ético la Argentina puede exigirle hoy a Chile que siga asumiendo sacrificios económicos, cuando durante catorce años convalidó en silencio que Montevideo lucrase sin consecuencias con la renta del saqueo?

Diez años de auto-boicot: De Foradori-Duncan a Mondino-Lammy

La herida de la desconfianza no termina en el doble estándar con Uruguay. El motivo central por el cual el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, se siente habilitado a calificar los acuerdos del Mercosur como meros compromisos "políticos y no obligatorios legalmente" radica en una certeza demoledora: fue la propia Argentina la primera en dinamitar esos acuerdos y perforar sus propias leyes.

El 16 de marzo de 2011, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.659, una norma de orden público que prohibió en forma taxativa cualquier actividad, transacción comercial, financiera, técnica o logística vinculada a la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, tipificando delitos con penas de hasta 15 años de prisión e inhabilitaciones perpetuas.

Sin embargo, a partir de 2016, los sucesivos gobiernos argentinos se encargaron de desmantelar esa muralla defensiva:

1.    La entrega del Pacto Foradori-Duncan (13 de septiembre de 2016): Bajo la administración de Mauricio Macri, la Cancillería firmó un comunicado conjunto donde la Argentina capituló de manera vergonzosa al acordar: "adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos". Es decir, el propio Estado argentino se comprometió con Londres a facilitar el desarrollo del enclave, violando la Ley 26.659 y dejando en ridículo a los países de la región que en 2011 habían cerrado filas por pedido del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

2.    La continuidad del Acuerdo Mondino-Lammy (24 de septiembre de 2024): Lejos de haber sido un extravío pasajero, la política exterior del actual gobierno profundizó ese curso. La entonces canciller Diana Mondino firmó en Nueva York la reapertura de la cooperación en pesquerías, conectividad aérea y desarrollo económico de las islas, ratificando la misma matriz de entendimiento que privilegia el bienestar económico de los ocupantes por sobre la integridad territorial.

Fueron diez años ininterrumpidos en los que la dirigencia política argentina decidió deliberadamente incumplir sus propias normas internas y boicotear los consensos regionales que ella misma había solicitado. ¿Cómo se le puede exigir a Chile, a Brasil o a cualquier socio sudamericano que sea más leal a la soberanía argentina de lo que fueron sus propios presidentes y cancilleres?

La hora de la coherencia y el fin del doble estándar

El 3 de septiembre de 2026, acorralado por el avance inminente del yacimiento petrolero Sea Lion y cooptado por un repentino brote patriótico, el presidente Milei dio un volantazo por cadena nacional: publicó el Decreto 868/2026, reactivó las sanciones de la Ley 26.659 y ordenó enviar notificaciones a los saqueadores del petróleo.

Ese giro, aunque indispensable, no puede ocultar la hipocresía de origen. Si la Argentina pretende recomponer su soberanía en el Atlántico Sur y recuperar el liderazgo diplomático regional, debe empezar por ordenar su propia casa y terminar con las imposturas:

• Sanciones sin excepciones: Las penalidades de la Ley 26.659, el Decreto 868/2026 y el Decreto 256/2010 no pueden tener un sesgo selectivo. Si se inhabilita y procesa a Easter Island Naviera y a las firmas de Punta Arenas que preparan el buque Danstar para zarpar en diciembre, se debe proceder con exactamente el mismo rigor administrativo y penal contra toda la cadena logística, los armadores y las agencias marítimas que operan desde el puerto de Montevideo.
• Reconstrucción del consenso regional con humildad: La Cancillería de Pablo Quirno debe dejar de emitir advertencias vacías y convocar formalmente al Mercosur y a los Estados asociados para poner las cartas sobre la mesa. No para exigir subordinación ciega, sino para ofrecer disculpas por una década de bandazos diplomáticos que licuaron la solidaridad latinoamericana, y reconstruir desde allí una política de Estado que no cambie con cada inquilino de la Casa Rosada.

El reclamo del alcalde de Punta Arenas por la renta de la usurpación y las declaraciones del ministro de Defensa de Chile llamando "amigo" a Gran Bretaña causan profunda indignación. Pero esa afrenta no germinó de la nada: creció al amparo de la desidia, la vista gorda con Montevideo y los pactos claudicantes que la propia diplomacia argentina suscribió con Londres. La soberanía no se defiende con indignaciones selectivas; se defiende con coherencia moral, apego a la ley y la dignidad de no exigir a los vecinos lo que durante diez años no se tuvo el coraje de sostener en casa.