— Para el relato de la colonia británica implantada en las Islas Malvinas, usurpar 1.620.000 de kilómetros cuadrados de plataforma continental, concesionar de forma clandestina el petróleo de la Cuenca Norte a consorcios de Tel Aviv y Londres, y depredar el calamar en el Atlántico Sur es un mero “derecho a la autodeterminación comercial”. En cambio, que la República Argentina aplique sus leyes soberanas, acuda al Tribunal del Mar y advierta que interceptará la logística no autorizada en sus aguas jurisdiccionales es un atropello que perturba su apacible vida colonial.

El grotesco quedó retratado en un informe emitido este fin de semana por Reportajes Teletrece (T13) de Chile, cuya señal viajó hasta Puerto Argentino para documentar el desvelo de los ocupantes ante las advertencias del gobierno argentino, de bloquear la ruta marítima con Punta Arenas, servida por el carguero Danstar de bandera trasandina.

La tragedia del kiwi a U$S 18

La queja de los ocupantes combina cinismo corporativo y victimización doméstica. Con el canal logístico continental cortado por las leyes de soberanía argentina, los habitantes del enclave colonial deben esperar hasta tres meses para que un buque mercante zarpe de Gran Bretaña, haga escala en Montevideo y arribe finalmente a las islas.

La consecuencia del aislamiento autoimpuesto fue expuesta con dramatismo por la señal chilena:

• Un kilo de naranjas importado desde el hemisferio norte trepa a los U$S 13.2.
• El kilo de kiwis alcanza los U$S 18,5.
• Para conseguir una bolsa de cemento o un repuesto de construcción, las obras en la base militar de Monte Agradable o en el muelle de Puerto Argentino deben proyectarse con un trimestre de anticipación.

Frente a esa factura logística, la promesa de una línea regular desde los muelles magallánicos de Punta Arenas representaba el alivio perfecto: abaratar el costo de vida de la ocupación utilizando, paradójicamente, la costa sudamericana. Pero la advertencia argentina —que incluye el proyecto de ley para retirar beneficios fiscales a las empresas chilenas cómplices y la doctrina de la Liga Naval sobre la interceptación de navegación no inocente— desató el llanto colonial.

“Que nos dejen tranquilos”: el ruego del usurpador incómodo

“Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros”, disparó ante las cámaras de T13 un veterano de la guerra de 1982 radicado en las islas, visiblemente contrariado porque el país al que le usurparon el territorio pretende ejercer el control de su propia plataforma continental.

Otro de los residentes británicos apeló al clásico manual de la diplomacia anglosajona, acusando a la dirigencia argentina de “promover sentimientos nacionalistas para mantenerse en el poder”.

La contradicción moral es transparente: los mismos ocupantes que exigen que Westminster envíe destructores de la Royal Navy para custodiar la perforación del yacimiento Sea Lion, los que celebraron que Downing Street aplique leyes de bloqueo comercial (PTI) para burlar embargos y los que aplauden la presencia de aviones de combate en Monte Agradable, ahora reclaman un salvoconducto de “paz y libre comercio” cuando se trata de abastecer sus heladeras.

Pretenden que el Atlántico Sur sea una zona de guerra para expulsar a los barcos científicos y pesqueros argentinos, pero un corredor de libre tránsito sin aduanas cuando necesitan ensaladas frescas.

La complicidad chilena en la encrucijada

El informe televisivo no eludió la incomodidad de la comunidad chilena radicada en las islas —que atiende comercios, limpia hospitales y opera en la construcción del archipiélago—, cuyos testimonios celebraron la apertura del canal naval por conveniencia mercantil: “Es muy beneficioso para nosotros, para Magallanes”, argumentó uno de ellos, desentendiéndose de la violación sistemática de las resoluciones de Naciones Unidas.

Esa pretensión de neutralidad lucrativa es la que acaba de ingresar en zona de riesgo. Mientras los veteranos británicos piden “tranquilidad” para que el buque Danstar les arrime víveres desde Punta Arenas, en el Congreso argentino avanza la iniciativa del diputado Guillermo Michel para denunciar los tratados de protección de inversiones y doble imposición con Chile. El mensaje a Santiago es taxativo: no se puede facturar con beneficios fiscales en Vaca Muerta o la pampa húmeda mientras los barcos propios funcionan como abastecedores de ultramar del colonialismo.

El fastidio de los colonos confirma la efectividad del torniquete. Acostumbrados durante décadas a que las quejas argentinas no pasaran de un comunicado de prensa mientras ellos repartían concesiones mineras y pesqueras a cuatro manos, hoy descubren que el saqueo tiene costos. Resulta que apropiarse de una plataforma continental ajena no es gratis: a veces, el petróleo robado viene con el kiwi demasiado caro.