La estrategia comunicacional del gobierno de Tierra del Fuego frente a la operatoria del petrolero de bandera británica VS PROMISE sumó un nuevo y desconcertante capítulo. Luego de que el vocero presidencial Adrián Ravier, con información de la propia Cancillería; confirmara que el tanquero de 228 metros de eslora operó en la monoboya de Río Cullen sobre recursos provinciales, el gobierno de Gustavo Melella emitió un comunicado oficial, intentando despegar a la Provincia de la operatoria del navío.

La justificación oficial descansa sobre un argumento endeble: asegura que el área energética solo fiscaliza los líquidos desde tierra y que “no tiene acceso a la información relativa a la procedencia del buque, su bandera, registro y documentación marítima”, trasladando toda la potestad de control a los organismos federales de navegación.

Sin embargo, en su intento por clausurar la polémica, el propio gobierno terminó reconociendo formalmente su intervención directa e ineludible a lo largo de todo el circuito del crudo, dejando al descubierto contradicciones administrativas y políticas que agravan el cuadro de situación.

Intervención antes, durante y después del bombeo

Nadie podría pretender ni exigir que los inspectores de la Secretaría de Hidrocarburos cumplan las funciones de la Prefectura Naval Argentina, ni revisen los libros de navegación de los buques. La discusión no pasa por el control marítimo, sino por la trazabilidad del recurso estratégico y la transparencia del Estado provincial.

Es el propio comunicado emitido por el Gobierno el que reconoce de manera textual que “la Provincia fiscaliza la operación de carga de crudo” y describe minuciosamente un protocolo que abarca todas las fases del despacho:

1.    Antes del despacho: El comunicado precisa que “las empresas presentan ante la Secretaría un permiso de Nación que les permite exportar, una declaración jurada especificando el área y la empresa productora, el volumen y calidad de crudo a exportar, la empresa compradora y el destino de la mercadería a partir de la cual se emite el certificado de origen provisorio”.

2.    Durante la carga: Se detalla que “los fiscalizadores provinciales constatan los volúmenes exportados desde tierra, que son efectivamente transferidos a los barcos”, participando activamente en la medición de los tanques de almacenamiento.

3.    Después de la operación: La gacetilla oficial admite que “la documentación correspondiente al cargamento de crudo, es presentada por las empresas ante los organismos nacionales competentes y posteriormente ante la Secretaría de Hidrocarburos, a efectos de completar la certificación definitiva del origen del volumen del crudo despachado”.

La contradicción resulta flagrante: la Provincia interviene antes, durante y después de la maniobra. Conoce qué empresa produce, cuánto se extrae, qué calidad tiene el crudo, quién lo compra y cuál es el destino informado; dispone de inspectores en el terreno controlando la transferencia y emite los documentos públicos sin los cuales la Aduana no autoriza el despacho. Frente a semejante despliegue regulatorio, resulta inverosímil sostener que el Estado provincial ignoraba que la mole de acero amarrada a escasas tres millas de la costa era el VS PROMISE con registro en la Isla de Man.

 ¿Es creíble que en todo este proceso nadie supiera cuál era el nombre del buque de cargaba?

La admisión tardía y las preguntas sin respuesta

El propio comunicado oficial termina de complicar la postura de la gestión Melella,al anunciar que; “a partir de los hechos recientemente conocidos, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en medidas específicas destinadas a reforzar los mecanismos provinciales de protección de los recursos hidrocarburíferos y a establecer criterios claros respecto de las operaciones, servicios e infraestructura vinculados con la actividad hidrocarburífera y con buques que operen bajo pabellón del Reino Unido o de sus territorios dependientes”.

La formulación encierra una confesión palmaria: si hoy es el mismo gobierno quien admite que tiene resortes y competencias para fijar condiciones sobre buques británicos en sus terminales energéticas, ¿por qué no se aplicaron antes de que el VS PROMISE amarrara en Cullen? ¿Qué fue exactamente lo “recientemente conocido” que activó las alarmas recién cuando el barco tocó el muelle de Ushuaia?

El doble estándar queda a la vista:

• Cuando el VS PROMISE bombea cientos de miles de barriles de crudo fueguino en Cullen, el gobierno provincial adopta una postura estrictamente técnica, fiscaliza los tanques y alega desconocer la bandera del navío.
• Cuando ese mismo buque recala horas más tarde en el puerto comercial de Ushuaia —intervenido por el Gobierno nacional—, el Ejecutivo provincial desempolva un discurso patriótico y denuncia una violación a la soberanía.

Los interrogantes que la gestión Melella debe transparentar

Para saldar las zonas grises de un comunicado oficial que abrió más dudas de las que cerró, la Secretaría de Hidrocarburos debe responder con documentación formal:

• ¿En las declaraciones juradas y remitos presentados por TotalEnergies antes del bombeo figuraba o no la nominación del buque VS PROMISE?
• ¿Quién es la empresa compradora declarada y cuál es el puerto de destino final consignado en el Certificado de Origen?
• ¿Qué volumen exacto de crudo se bombeó en la primera maniobra inconclusa y cuánto se prevé cargar en esta segunda recalada en la monoboya?
• ¿Sabían los fiscalizadores apostados en Cullen la identidad del petrolero mientras auditaban la transferencia de crudo?
• Si la Provincia sostiene que no tenía forma de conocer la procedencia del buque, ¿qué clase de fiscalización integral se realiza sobre la exportación de recursos estratégicos no renovables?

El intento oficial de reducir el debate a una cuestión de competencia náutica de la Prefectura esquiva la responsabilidad política de fondo. Una cosa es la seguridad de la navegación y otra muy distinta es la administración y entrega de los recursos naturales fueguinos. La soberanía no admite compartimentos estancos: no se puede clamar en la capital fueguina por la presencia de un buque de bandera inglesa mientras en el norte de la propia provincia se le certifica en silencio el cargamento que se lleva en sus bodegas.