Frente a la embestida del Poder Ejecutivo Nacional por desmantelar las restricciones a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, el bloque Provincia Grande, de la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur encendió un freno institucional. Para ello, El legislador Juan Matías Lapadula, presentó el Asunto N° 411/2026, que propone la "Ley Provincial de Protección del Dominio Territorial, la Soberanía y el Patrimonio Rural".
La iniciativa no es solo una norma ambiental o de ordenamiento urbano; es una respuesta geopolítica directa contra el vaciamiento de la soberanía en la provincia bicontinental, puerta de acceso a la Antártida y custodio directo de la posición argentina frente a las Islas Malvinas.
La tierra como activo estratégico y no como mercancía
En los fundamentos del proyecto, Lapadula cruza de lleno la doctrina desreguladora de la Casa Rosada y afirma que "la tierra no constituye una mercancía cualquiera". El texto recuerda que la provincia posee una posición geográfica singular vinculada a la defensa nacional y el dominio originario de sus recursos naturales (artículo 124 de la Constitución Nacional).
El proyecto busca neutralizar el impacto del dictamen que el oficialismo intentó aprobar en el Congreso de la Nación. Entre sus ejes centrales establece:
- Candado a las tierras del dominio público: Queda estrictamente prohibida la transferencia de dominio o constitución de derechos reales sobre tierras fiscales rurales que impliquen la pérdida del control público o su traspaso a sujetos con beneficiarios finales extranjeros. Para las adjudicaciones, fija una restricción de 50 años ante cualquier alteración sustancial del control económico.
- Aprobación de dos tercios en la Legislatura: Para el caso de tierras de dominio privado consideradas "activos territoriales estratégicos", cualquier operación de compra o control efectivo requerirá obligatoriamente el voto favorable de los 2/3 de los miembros de la Legislatura Provincial, además de un dictamen multidisciplinario previo.
- Fin a la trampa de los fideicomisos: La norma declara que serán nulos de nulidad absoluta e insanable todos los actos jurídicos que intenten eludir la ley mediante "personas interpuestas", estructuras societarias complejas, trusts, fideicomisos o usufructos —el mismo mecanismo denunciado en casos de extranjerización en Santa Cruz y Río Negro—.
- Protección especial en zonas hídricas y ambientales: Se definen como Activos Territoriales Estratégicos a los Bosques Nativos, Turberas, Humedales, Reservas Hídricas, cabeceras de cuencas, áreas costeras y sectores de interés para la Defensa Nacional o la ciencia.
Transparencia contra el “gatopardismo” corporativo
Para evitar la compra encubierta por parte de potencias o fondos de inversión trasnacionales, el Capítulo VII del proyecto de ley, crea el Registro Provincial de Titularidad de Activos Territoriales Estratégicos. Este organismo exigirá identificar la cadena completa de control societario, la nacionalidad del comprador, el origen de los fondos y la declaración jurada del beneficiario final.
Asimismo, el proyecto crea un Comité Asesor Provincial de carácter técnico y permanente, integrado por organismos como la Secretaría de Malvinas, el CADIC-CONICET, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y las direcciones de Recursos Hídricos y Ambiente, para evaluar cada solicitud antes de cualquier tratamiento político.
El Estado Provincial con derecho de preferencia
En un movimiento para fortalecer la autonomía provincial, el artículo 26 establece que, ante cualquier proyecto de transferencia de un activo territorial estratégico, el Estado Fueguino gozará del derecho de preferencia para adquirirlo en igualdad de condiciones económicas. Además, fija duras sanciones por incumplimiento que van desde la denegatoria registral hasta multas del 100% del valor fiscal del inmueble e inhabilitaciones para contratar con el Estado por 10 años.
Autonomía federal frente al saqueo
El proyecto de ley es una demostración práctica de federalismo y autodefensa territorial. Mientras desde los despachos de la Capital Federal se intenta rematar el Atlántico Sur, el uranio de la CNEA, las cuencas petrolera y los minerales críticos, la Legislatura de Tierra del Fuego recibe una propuesta concreta para resguardar la soberanía sobre el suelo, las fuentes de agua dulce y la proyección antártica. Una valla institucional imprescindible para defender el patrimonio de las futuras generaciones argentinas.
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