El gobierno fueguino dice que “inició el proceso de disolución” de la empresa dueña del radar ingles

En una operación de prensa donde no da a conocer la Disposición de la Inspección General de Justicia, ni la cautelar judicial que mencionan; el gobernador Gustavo Melella finge preocupación luego de haber apañado su presencia y negado la capacidad militar del radar inglés instalado en Tierra del Fuego, en complicidad con la gestión de Alberto Fernández.

6 de septiembre de 2024 07:04

El gobernador Gustavo Melella y el expresidente Alberto Fernández; los máximos responsables de la existencia del radar inglés en Tierra del Fuego

A través de su cuenta de Telegram, el gobierno de Tierra del Fuego informó ayer a última hora, que la Inspección General de Justicia de la provincia inició el proceso de disolución de la sociedad Leolabs por configurarse "la imposibilidad sobreviniente de cumplir con su objeto social y solicitó el dictado de una medida cautelar para que la mentada empresa se abstenga de realizar actos para retomar el cumplimiento de su objeto social.

De muy difícil comprensión, el párrafo subrayado por este medio -textual de lo divulgado oficialmente-; parece referirse a LeoLabs Argentina SRL; la sociedad dueña del radar instalado en la Estancia El Relincho de Tolhuin, filial de compañías británicas e irlandesas registradas en 2022 en la IGJ de la ciudad de Ushuaia. Una empresa apañada por FORJA, el propio partido gobierno que nombró a tres de sus cinco directores y por la que puso las manos en el fuego jurando durante más de un año, que el radar carecía de funcionalidad militar como ahora reconocen.

Dicen que el El juzgado civil y comercial N°2” de la ciudad de Ushuaia; “otorgó la cautelar peticionada por la IGJ - que ayer (por el miércoles) quedó firme - y (que) Leolabs se deberá abstener de realizar tales actos societarios”. También hace mención que ello es consecuencia de la Disposición I.G.J. Nº 607/2024, y conforme a la Ley Nº 19.550; Ley Nacional de Sociedades Comerciales.

Lo concreto, es que incomprensiblemente; el gobierno de Gustavo Melella brinda información recortada y manipulada. Ello se evidencia al no divulgar el contenido de la Disposición I.G.J. Nº 607/2024, ni de la Cautelar otorgada por El juzgado civil y comercial N°2, que mencionan. Hecho que permitiría un análisis jurídico y periodístico mucho más acabado, antes de tener que confiar a ciegas, de en un gobierno que sobre la presencia del radar de LeoLabs en Tierra del Fuego; tiene que dar más de dos explicaciones.

“Esta decisión judicial viene a fortalecer y apuntalar las acciones avanzadas por el Ejecutivo provincial que en el pasado, mediante Decreto provincial N° 1662/24, rechazó formalmente el recurso jerárquico interpuesto por LEOLABS contra la resolución M.P. y A. N° 860/2023 que dejaba sin efecto la autorización oportunamente concedida a la empresa atento la falta de autorización del organismo competente para su funcionamiento”; dice el comunicado del gobierno. Sin aclarar ni admitir, que el mencionado Decreto 1662/24 fue firmado recién los últimos días de julio, luego que LeoLabs Inc. hiciera público haber alcanzado un acuerdo con el Departamento de Asuntos Espaciales y el Ministerio de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña, para el monitoreo y seguimiento de los satélites militares que pondrá en órbita el año venidero. Dejando en total evidencia que sus radares, sí tienen la capacidad de detectar objetivos bélicos, como misiles y artefactos de tecnología satelital creados para la guerra; como el apoderado de LeoLabs Argentina SRL, Pablo Bilbao y los propios funcionarios del gobierno negaban a rajatabla.

El comunicado del Gobierno de Tierra del Fuego, cierra con una cita textual del Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary; uno de los funcionarios miembro del coro de negadores hasta el mes de julio; de la funcionalidad militar del radar ingles instalado en Tolhuin. Al respecto Dachary sostuvo, que “esta medida cautelar responde a nuestro objetivo central de poner fin a la actividad de esta empresa en nuestra Provincia, la cual configura un peligro para la seguridad nacional. Pero no de cualquier forma sino cumpliendo a rajatabla los procesos y procedimientos legales pertinentes. Con un trabajo serio y sostenido se ha logrado dar este paso significativo. Ahora avanzaremos en la búsqueda del desarme de la infraestructura a efectos de desactivar la amenaza que se ha montado a pocos kilómetros de la ciudad de Tolhuin”.  Sin lugar a dudas, un funcionario que no resiste archivo.

Por Agenda Malvinas

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