Este domingo, el Gobierno de Tierra del Fuego anunció con estridencia una denuncia formal ante la Autoridad de Valores de Israel (ISA) contra la empresa Navitas Petroleum. La presentación alega que la petrolera engañó a sus inversores al minimizar los riesgos jurídicos y geopolíticos de operar en el proyecto ilegal "Sea Lion" (León Marino), ubicado a 200 kilómetros al norte de nuestras Islas Malvinas.

Sin embargo, detrás del anuncio se esconde un inocultable abandono político e institucional. Porque, mientras el Ejecutivo provincial busca auxilio en organismos regulatorios extranjeros; aquí en Tierra del Fuego; continúa sin constituirse como querellante en la Causa Penal Federal 5183/15, que duerme en el Juzgado Federal de Río Grande desde hace más de una década.

La denuncia en Israel: ¿Estrategia o distracción?

Según informó la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Institucionales; la denuncia sostiene que Navitas habría brindado información incompleta sobre el alcance de las sanciones argentinas y el rechazo formal de la Cancillería.

El secretario Andrés Dachary afirmó que "la ilegalidad no puede ser presentada ante los mercados como una oportunidad de inversión". La provincia solicita que Israel investigue si la empresa omitió informar hechos relevantes, como las recientes declaraciones del Presidente de la Nación del pasado 2 de abril de 2026, donde se anunciaron medidas diplomáticas ante las actividades unilaterales británicas.

El abandono de la "Causa Madre" en Río Grande

A pesar del ímpetu puesto en la denuncia ante el mercado de capitales israelí, el arco político fueguino parece coincidir en un punto: el desinterés por la causa judicial iniciada en 2015. Aquella acción, impulsada originalmente por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, logró frenar y revertir el proceso petrolero mediante embargos históricos de 156 millones de dólares y órdenes de cese de actividad.

Hoy, la línea de información de ocho años Agenda Malvinas, nos permite identificar tres puntos de ruptura:

1.   La ausencia de querella provincial: Mientras el gobierno de Melella denuncia a Navitas en Tel Aviv por "información engañosa", sigue sin aportar pruebas ni presentarse institucionalmente, como querellante en la causa local que busca encarcelar a los directivos y decomisar los bienes de las petroleras que violan las leyes argentinas.

2.   Una acción contradictoria: Se le pide a un organismo regulador de Israel que proteja a los inversores internacionales de los "riesgos jurídicos", pero no se impulsa en los tribunales fueguinos la concreción de esos mismos riesgos para esa y otras empresas.

3.   El silencio sobre la Ley 26.659: El anuncio oficial se centra en la "transparencia del mercado", diluyendo el carácter soberano y penal de la violación territorial que constituye la extracción de petróleo a 500 km de las costas santacruceñas.

El anuncio del Gobierno de la Provincia parece más orientado a la campaña periodística que a una solución de fondo. Denunciar a Navitas en Israel es una jugada administrativa importante, pero abandonar la Causa 5183/15 es una decisión política que debilita la posición argentina.