La escalada diplomática y judicial del Estado argentino frente a la pretensión británica de consolidar la explotación hidrocarburífera clandestina en la Cuenca Malvinas Norte alcanzó este martes un nuevo umbral institucional. Mediante un comunicado oficial emitido hace instantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto expresó su «más enérgico rechazo» a la reciente publicación de la guía oficial británica titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, herramienta con la cual el gobierno del Reino Unido busca atraer inversiones y contratistas extranjeros hacia las islas usurpadas.

En respuesta a la denominada “Decisión Final de Inversión” (FID) publicitada por las operadoras ilegítimas Rockhopper Exploration Plc (británica) y Navitas Petroleum LP (israelí) para el proyecto Sea Lion, la Cancillería argentina adoptó una medida bilateral de máxima gravedad diplomática: convocó formalmente al Palacio San Martín a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel. A ambos diplomáticos se les entregó en mano notas de protesta formal en las que el Gobierno nacional repudió el avance extractivo, la concesión unilateral de permisos coloniales y las convocatorias a licitaciones de proveedores internacionales.

La ofensiva legal en cifras: 30 países bajo advertencia

El documento gubernamental le puso números precisos al plan de acción punitivo activado tras el mensaje en cadena nacional del presidente Javier Milei y la posterior firma del Decreto N.º 868/2026, ratificando la aplicación estricta del marco penal de las Leyes N.º 26.659 y 26.915:

• 180 notas de advertencia y asunción de riesgos: Cursadas de manera directa a personas físicas y jurídicas domiciliadas en 30 países, alertándolas formalmente de que cualquier intervención directa o indirecta en la cuenca sin habilitación argentina acarreará responsabilidades civiles, administrativas y penales.
• 60 procedimientos administrativos: En trámite dentro de la Secretaría de Energía de la Nación para determinar inhabilitaciones comerciales, multas y bloqueos registrales.
• 3 denuncias penales en Comodoro Py: Presentadas por el canciller ante la Justicia Federal porteña (radicadas en los juzgados N.º 12, N.º 11 y N.º 3), que imputan penalmente a 10 compañías y a los miembros de sus directorios corporativos por la extracción no autorizada de recursos en la Plataforma Continental Argentina.

Violación de la Resolución 31/49 y contradicciones en el texto oficial

En su fundamento sustantivo, el Estado argentino remarcó que las acciones unilaterales del Reino Unido quebrantan abiertamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual impone a ambas partes la obligación imperativa de abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras persista la controversia de soberanía. La Cancillería advirtió que la extracción hidrocarburífera genera “efectos futuros potencialmente irreversibles que comprometen recursos no renovables que pertenecen a la Nación Argentina”.

No obstante el rigor del despliegue sancionatorio, el documento exhibió una contradicción terminológica interna en su redacción: mientras en su segundo párrafo el Palacio San Martín reafirma de manera categórica que los archipiélagos y los "espacios marítimos e insulares correspondientes" son parte integrante indivisible del territorio nacional —conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución—, en los párrafos primero y penúltimo incurre en la utilización del concepto británico «circundantes», evidenciando las tensiones de arrastre que aún persisten en los despachos técnicos de la diplomacia argentina.

El pronunciamiento concluye con una advertencia perentoria a la comunidad empresarial global: ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada posee preeminencia sobre el derecho soberano argentino ni sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La Argentina agotará todas las herramientas diplomáticas, judiciales y administrativas para asegurar que los directivos y corporaciones que intenten expoliar los recursos del Atlántico Sur respondan penal y patrimonialmente ante los tribunales.