Tras años de silencio, la Cancillería argentina ha roto el mutismo para emitir un comunicado en rechazo a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos de la empresa Navitas Petroleum LP en las Islas Malvinas. Esta compañía, que se asoció con la británica Rockhopper Exploration para explotar el yacimiento offshore "Sea Lion" ("León Marino"), operando con licencia ilegal británica, y por ende sin los permisos necesarios de la República Argentina.

La Cancillería Argentina reitera su más enérgico rechazo a las actividades ilegales llevadas a cabo por la empresa NAVITAS PETROLEUM LP en las Islas Malvinas, que opera de manera ilegítima en territorio argentino sin contar con los permisos de exploración y explotación de… pic.twitter.com/udVUDzP9js

— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) September 12, 2025

El comunicado de la Cancillería subraya la ilegalidad de estas actividades, calificándolas como contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconocen la disputa de soberanía y exigen a las partes abstenerse de acciones unilaterales. Además, tres años después; el gobierno recordó que Navitas fue declarada empresa clandestina en 2022 y que se reserva el derecho de tomar medidas legales para salvaguardar sus derechos soberanos.

Antecedentes y Abandono de la Causa Judicial

El rechazo a Navitas no es un hecho aislado; se conecta directamente con una causa penal iniciada en abril de 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y los fiscales federales de Río Grande y Ushuaia, impulsaron una investigación contra varias empresas, incluyendo a Rockhopper Exploration, por realizar actividades ilícitas en la plataforma continental argentina sin autorización. La jueza a cargo, Lilian Herráez de Andino, abrió la CAUSA N° 5183/15 y ordenó embargos por más de 156 millones de dólares.

A pesar de la contundencia inicial, la causa fue virtualmente olvidada por los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. El pacto Foradori-Duncan en 2016, que buscaba "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico" de las Malvinas, dejó en evidencia el interés de la gestión macrista de dar por finalizada la disputa legal. Por su parte, el albertismo dio continuidad a esta postura, limitándose a realizar gestiones diplomáticas sin brindar un apoyo sustantivo a la acción judicial. En 18 meses de gobierno libertario, esta es la primera expresión sobre esta vulneración a la soberanía nacional sobre la Cuestión Malvinas.

De hecho, la entonces directora de Malvinas de la Cancillería, Sandra Pitta, manifestó al juzgado Federal de Río Grande, la dificultad de notificar y embargar a las empresas británicas. Incluso, se supo que la Cancillería había impugnado los exhortos diplomáticos de la jueza por la falta de expresiones como "nuestras Malvinas", un tecnicismo que retrasó el proceso y lo devolvió a "foja cero" en una parte importante. La causa ha logrado mantenerse viva en gran parte gracias a la perseverancia de los excombatientes, que han sido los únicos en mostrar un interés constante.

El Yacimiento "Sea Lion": Un Proyecto de Gran Escala

El comunicado de la Cancillería tiene como telón de fondo el ambicioso proyecto "Sea Lion", que ha avanzado significativamente a pesar de las escasas objeciones argentinas. Rockhopper Exploration y su socio mayoritario, Navitas Petroleum, planean explotar este yacimiento para generar un cambio en la matriz productiva de las Islas; máximo interés de la colonia británica que usurpa a la Argentina las Islas Malvinas.

El potencial de "Sea Lion" es enorme: se estima que posee 917 millones de barriles de petróleo certificados y 2.1 TCF de gas recuperable. La inversión total proyectada es de 4.000 millones de dólares, y se espera la extracción de unos 80.000 barriles de petróleo por día.

El Momento Político del Comunicado

La pregunta que resuena es por qué, después de años de inacción, el gobierno actual ha decidido emitir este comunicado ahora. Con las elecciones en el horizonte y un panorama político complejo, el rechazo podría interpretarse como un movimiento estratégico para marcar una postura firme en la cuestión Malvinas, un tema de alta sensibilidad en la opinión pública argentina.

El comunicado no solo repudia las acciones de Navitas, sino que también sirve como una advertencia a otras empresas y entidades, instándolas a abstenerse de participar en actividades ilegales en territorio argentino. Este gesto, aunque tardío, reafirma los "legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía" de Argentina sobre las Islas Malvinas.