A pesar de su insistencia ante el Consejo Federal Pesquero (CFP), se le negó el acceso a la distribución de cuotas de merluza negra y, al mismo tiempo, enfrenta un posible embargo debido a una causa penal por daño ambiental.
El CFP rechazó de manera unánime la solicitud de Prodesur para obtener participación en la cuota de merluza negra, a pesar de los reclamos de la empresa de que le corresponde una Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) de 800 toneladas anuales.
Desde 2009, la asignación de cuotas ha estado sujeta a reestructuraciones, y Prodesur sostiene que los barcos que se han beneficiado no cumplen con las condiciones necesarias para operar.
En la última reunión del CFP, el asesor letrado de Prodesur argumentó que el proceso de asignación debía abrirse a oferta pública, lo que no ocurrió, y calificó la pérdida de cuota como injusta.
Sin embargo, el CFP respondió que la empresa había perdido su cuota cuando decidió transferirla, una decisión que no ha sido revertida por la empresa ni por la justicia.
En marzo de 2024, el buque Tai An fue sorprendido con 170 toneladas de merluza negra de forma ilegal en el puerto de Ushuaia.
Según el informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el barco operaba en zona protegida y su captura contenía más del 50% de ejemplares juveniles.
Tras varias controversias en la Subsecretaría de Pesca, el buque fue enviado a puerto, donde se decomisó la captura y se impuso una multa que el empresario pagó para liberar el barco.
Liu Zhijiang ha defendido su posición, alegando que su pesca fue incidental y que se le ha negado injustamente el acceso a la cuota. Este argumento ha sido reiterado en cada instancia judicial, pero cada vez le resulta más difícil sostenerlo ante los elementos presentados en su contra.
La situación del Tai An se complica aún más con la causa pendiente por daño ambiental, iniciada de forma anónima. En este proceso, se han realizado citaciones a organizaciones como el INIDEP y la Prefectura Naval, que han proporcionado información al juez sobre las actividades del buque. El CFP, no obstante, ha sido criticado por no aportar suficientes datos relevantes.
El INIDEP, representado por Otto Wöhler, destacó que su información se centra en las acciones de pesca del Tai An y no evaluó de manera específica el impacto ambiental.
A pesar de esto, la querella busca demostrar que la actividad del buque ha causado un daño significativo. La posible condena por daño ambiental podría resultar en el embargo del Tai An, lo que dejaría a Liu Zhijiang sin su principal medio de operación.
FUENTE:
REVISTA PUERTO
