La provincia de Tierra del Fuego enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia. La reciente baja de aranceles a las importaciones, decretadas por el gobierno nacional de Javier Milei, no solo amenaza con destruir la industria local, último bastión del desarrollo tecnológico argentino en el sur, sino que también evidencia la complicidad o la incapacidad de un gobierno provincial más preocupado por perpetuarse en el poder que por defender los intereses estratégicos de la región austral, centro neurálgico de la argentina bicontinental. 

La Ley de Promoción Económica y Fiscal 19.640 dictada en 1972, es el pilar que permitió el crecimiento poblacional más fabuloso de Tierra del Fuego. De apenas 13.527 habitantes en el año 1970 -7.025 extranjeros-, a hoy que supera los 200.000, gracias a un modelo que el gobierno nacional ahora dinamita con medidas que benefician a las importaciones en detrimento de la producción local y a las apetencias expansionistas de Gran Bretaña y Estados Unidos.

Pero este ataque no viene solo desde Buenos Aires: el gobernador Gustavo Melella y su gestión han demostrado una ausencia total de estrategia para defender lo que debería ser irrenunciable. 

Mientras la provincia debería estar blindando su industria, desarrollando su economía sobre la base de sus importantísimos recursos naturales, llevando adelante proyectos infraestructurales en materia portuaria y comunicación marítima, reforzando su presencia en el Atlántico Sur y la Antártida, y consolidando su rol geopolítico frente al intervencionismo estadounidense y a la quita de territorio junto al monumental saqueo que Gran Bretaña realiza desde las Islas Malvinas; Melella solo se interesa en una reforma constitucional que le permita su re-reelección. Una muestra más de la mezquindad de una dirigencia que, en lugar de honrar el legado de quienes lucharon por la Provincia Grande, y por aquellos que dieron la vida en defensa de la soberanía en la guerra de 1982; prefiere negociar con un gobierno nacional que admira a Margaret Thatcher y que se arrodilla frente al altar de los intereses británicos y de los Estados Unidos.

No es casualidad que la Constitución fueguina no mencione la Ley 19.640, ni el Atlántico Sur, ni se ocupe de la protección ni el desarrollo antártico, ni posea directrices en materia de defensa de Malvinas, ni que su actual gobierno se niegue a un abrir un debate de alto nivel. Tampoco es casualidad que nunca se ocupara de causas judiciales clave -como el proceso judicial que tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, por el avance petrolero británico en las Islas- o que legisladores como Pablo Blanco (aliado de Milei) ahora pretendan aparecer como defensores de la industria cuando fueron ellos quienes allanaron el camino para su destrucción.

El sistema político fueguino, en su mayoría, ha sido funcional al desguace y al achique. Senadores como el mencionado Pablo Blanco y Diputados como Santiago Pauli y Ricardo Garramuño avalaron políticas que debilitaron y debilitan el corazón de la Provincia.

Frente a este escenario, sólo queda la movilización. Los trabajadores fueguinos, los únicos que han dado una lucha consecuente, deben ser acompañados por una ciudadanía consciente de que lo que está en juego no es solo el empleo, sino la propia existencia de Tierra del Fuego como provincia productiva y soberana.

Es urgente una reforma constitucional, pero no la que propone Melella, vacía y oportunista, sino una que incorpore la defensa irrestricta de la industria, la proyección antártica y los derechos sobre Malvinas. Una que devuelva a Tierra del Fuego su carácter de provincia marítima y no la reduzca a un archipiélago a merced de los intereses extranjeros.

El gobierno nacional avanza con una política sin corazón y sin alma, como bien lo manifiesta quien rinde culto a Margaret Thatcher. Pero la responsabilidad mayor recae en quienes tienen el mandato de anticiparse, en resistir, dar una digna y transparente pelea y no lo hacen.

Si la dirigencia fueguina no reacciona, será el pueblo el que deberá exigirles cuentas. Porque la provincia grande de Tierra del Fuego no es una colonia: es tierra argentina, y su defensa es un deber irrenunciable.