El legislador provincial Juan Matías Lapadula (Provincia Grande) presentó este miércoles 8 de abril, el Asunto 183/2026. Una iniciativa que busca que el Estado Nacional, abandone la retórica de comunicados y aplique con rigor las leyes de sanciones petroleras ante la creciente internacionalización del saqueo de recursos fueguinos.

El proyecto de resolución insta al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Cancillería, a profundizar las acciones diplomáticas y legales frente a la exploración hidrocarburífera sin autorización en áreas próximas a las Islas Malvinas.

El planteo legislativo se fundamenta en las Leyes Nacionales 26.659 y 26.915, que prohíben y penalizan a empresas que operen en la plataforma continental sin permiso argentino.

Un punto disruptivo de la presentación es la mención explícita a la participación de empresas con capitales de Israel en estas actividades. Para ello, Lapadula solicita que se requieran explicaciones formales a las representaciones diplomáticas de dicho país, además de las del Reino Unido.

La iniciativa parlamentaria subraya que estas actividades unilaterales violan la Resolución 2065 (XX) y la obligación de las partes de abstenerse de modificar la situación mientras persista la disputa de soberanía. Un reiterado pedido que Gran Bretaña incumple, no sobre la base del Derecho Internacional, sino a través de la ley del más fuerte.

El proyecto 183/2026 de Lapadula es más que una declaración de buenos deseos; es un recordatorio que la soberanía se defiende también con el Código Penal y la Ley de Hidrocarburos en la mano. Mientras empresas británicas e israelíes consolidan sus planes de extracción en nuestra plataforma, el Estado argentino no puede permitirse que sus leyes sean letra muerta. La responsabilidad institucional de Tierra del Fuego, por su rol estratégico, es liderar esta demanda antes de que el saqueo sea irreversible.