Tras décadas de reclamos judiciales y administrativos, el Congreso de la Nación analiza un proyecto de ley que no solo tiene un valor simbólico, sino que representa un acto de justicia aritmética y moral. La iniciativa de "Reparación Histórica Malvinas" propone el pago de una compensación que, según los cálculos técnicos, cubre la totalidad del periodo en que los excombatientes fueron abandonados por el Estado argentino.

La precisión del reclamo

El vacío legal y asistencial comenzó el 2 de abril o el 14 de junio de 1982. A pesar de los compromisos internacionales y los Acuerdos de Ginebra, los soldados regresaron al continente sin asistencia psicológica, tampoco médica y sin una ayuda económica. Esta situación de desprotección absoluta se extendió hasta finales de 1990, cuando comenzó la normalización de los beneficios.

Si calculamos el tiempo transcurrido entre el inicio del conflicto y el 9 de octubre de 1990 (fecha clave en la institucionalización de las pensiones), el resultado es de 104 meses y una fracción de días.

El proyecto presentado por los diputados Aldo Leiva (veterano de guerra) y Victoria Tolosa Paz, contempla el pago de 104 haberes mínimos. Esto significa que la propuesta alcanza la plenitud de la deuda acumulada, reconociendo mes por mes el tiempo en que el Estado estuvo ausente.

Los detalles de la reparación

El proyecto establece un esquema de pago diseñado para ser sustentable pero definitivo:

• Cobertura Total: Los 104 haberes mínimos jubilatorios liquidan los más de ocho años de haberes mensuales adeudados desde 1982.
• Pago en 24 Cuotas: El monto total se abonará en dos años, con cuotas actualizadas por movilidad, garantizando que el poder adquisitivo del veterano no se licúe frente a la inflación.
• Carácter Hereditario: En caso de que el veterano haya fallecido —una realidad que golpea fuerte debido a la edad y las secuelas del conflicto—, el beneficio será percibido por sus derechohabientes (viudas, hijos o padres).
• Cierre de Litigios: La adhesión al beneficio implica el cierre de los reclamos judiciales previos, permitiendo al Estado y a los veteranos finalizar una etapa de confrontación legal que ya lleva 44 años.

No se trata de un "subsidio", ni de un beneficio otorgado por la generosidad política. Se trata de haberes devengados y no pagados por servicios prestados a la Patria en el frente de batalla.