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Sturzenegger admite que permitiría que ingleses compren tierras en Tierra del Fuego

En el Senado, el ministro defendió los cambios a la Ley de Tierras, pero dejó al descubierto una convicción inquietante: aunque hoy no se puede, cree que cualquier extranjero, incluso británico, debería poder adquirir propiedades rurales en Tierra del Fuego.

9 de abril de 2026 11:00

Respondiendo a las preguntas de la senadora por Tierra del Fuego Cristina López.

La escena en el ámbito de comisiones del Senado nacional expuso algo más profundo que un debate técnico sobre la Ley de Tierras Rurales: dejó al desnudo una tensión incómoda entre la legalidad vigente y la convicción ideológica del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y del propio gobierno nacional.

Fue la senadora fueguina Cristina López quien ayer, con preguntas directas y cargadas de sentido político, empujó esa contradicción hasta hacerla visible.

“Las preguntas que tengo me las mandaron los habitantes de Tierra del Fuego, los vecinos y vecinas y no solamente ellos, sino también los excombatientes”, le planteó López al reciclado funcionario, para luego ir al núcleo del conflicto: “Con este proyecto, ¿un ciudadano del Reino Unido, país que ocupa ilegalmente nuestras Malvinas, puede comprar tierras en Tierra del Fuego?”. La inquietud no es abstracta. Se enmarca en una historia abierta y dolorosa, que cada 2 de abril vuelve a las calles con reclamos de soberanía.

La respuesta del ministro, en términos estrictamente legales, buscó transmitir tranquilidad: “La respuesta que usted le puede dar a la gente que le hizo la pregunta, es que hoy en Tierra del Fuego no se puede comprar sin autorización previa, porque está en zona de frontera”. Es decir, no habría cambios inmediatos: toda la provincia sigue bajo ese régimen y cualquier operación requiere autorización política.

Sin embargo, el dato más relevante no estuvo en esa aclaración normativa, sino en lo que vino después, en el momento que Sturzenegger no esquivó su mirada de fondo. “Nosotros como liberales ponemos en el centro al individuo”, enunció, y avanzó aún más en su confesión ideológica: “A un individuo por la religión que tenga, por el país que tenga, por la etnia que tenga, por la raza que tenga, adscribirle ciertas propiedades de un colectivo, no es la manera que nosotros vemos las cosas”.

En otras palabras, el ministro reconoció sin rodeos que, si dependiera de su visión filosófica, no habría objeción alguna a que un ciudadano británico compre tierras en Tierra del Fuego: “Es una manera terrible que un individuo, que es un individuo libre, diferente, no tiene por qué hacerse hace cargo de una abstracción o una generalidad por lo que ha hecho en algún momento su país, su religión, su etnia” definió sin tapujos. Lo dicho: Aunque hoy la ley lo impida, él cree que debería poder hacerlo.

Ahí reside el verdadero punto de fricción. No en lo que ocurre hoy, sino en lo que se piensa para mañana. Porque mientras la normativa actual funciona como dique, la convicción expresada abre una puerta conceptual que choca de frente con la sensibilidad de una provincia atravesada por la causa Malvinas. Y esa tensión, lejos de resolverse, acaba de quedar oficialmente expuesta.

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