El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary dijo que en el caso que el gobierno de usurpación británico en las Islas Malvinas avance con el proyecto de construcción de un puerto de aguas profundas, se “hará uso de todas las herramientas legales que estén a nuestro alcance en pos de la defensa de nuestros legítimos derechos”.
“Así como hicimos con la empresa BAM Nuttal por pretender el diseño y la construcción de un puerto en #Malvinas sin la debida autorización de las autoridades provinciales, procederemos de igual modo con cada empresa que desconozca la jurisdicción fueguina sobre nuestras Islas”, dijo el funcionario; sin aclarar que, hasta el momento; las acciones legales encaradas en agosto de 2021 contra BAM Nuttall Limited, no tuvieron ningún efecto punitivo. Primero porque la empresa no dio respuesta a las cartas documentos del gobierno fueguino y segundo porque los kelpers cancelaron la licitación inicial, por el incremento de los costos.
Por trascendidos de prensa hemos tomado conocimiento de la intención del ilegitimo y pretendido “gobierno” de las Islas #Malvinas de seguir avanzando en el proceso de licitación de una terminal portuaria en Puerto Argentino, parte integral de nuestra Provincia. pic.twitter.com/2Cv6Qa6kcp
— Andrés Dachary (@ADachary) November 8, 2023
BAM Nuttall Limited es una empresa de ingeniería civil y construcción del grupo Royal Bam con sede en Camberley, del Reino Unido; la cual en 2020 se presentó como oferente y fue elegida por Gran Bretaña, para llevar adelante un ambicioso proyecto portuario en las islas australes, destinado a potenciar la economía y los fabulosos ingresos de la colonia, en materia pesquera, petrolera, turística, antártica y científica. El año pasado, específicamente en junio de 2022, los propios kelpers cancelaron el proyecto por la duplicación de los costos; los cuales habían pasado de tener un valor inicial entre 50 y 70 millones de libras, a unos 157 millones de la misma moneda; sin contar los otros costos que no fueron especificados por los isleños.
“De seguir con este proyecto sin la autorización ni el cumplimiento de la normativa vigente (Ley Nacional N° 25.675, Ley Provincial N° 55 y Ley Provincial N° 1.126) se procederá a tomar las medidas administrativas y legales correspondientes”, dijo esta vez Dachary a través de un posteo en twitter, e indicando que gobierno fueguino “hará uso de todas las herramientas legales” que estén a su alcance “en pos de la defensa de nuestros legítimos derechos”.
