El Blue Belt, creado en 2016, ya interviene sobre más de cuatro millones de kilómetros cuadrados de ambientes marinos vinculados a los territorios británicos de ultramar. En Georgias y Sándwich, la administración británica gestiona un área marina protegida de 1,24 millones de km², dentro de la cual más de 470.000 km² quedaron completamente cerrados a la pesca después de las últimas reformas. El objetivo ambiental es real y científicamente relevante; pero junto con él funciona una formidable infraestructura de administración del espacio marítimo.
El mejor ejemplo es precisamente el Pharos SG. La nave no se limita a transportar investigadores: realiza patrullaje pesquero, inspecciones y tareas logísticas y constituye una de las herramientas con las que la administración británica fiscaliza el cumplimiento de las normas que ella misma dicta. Hay un dato todavía más revelador, porque procede directamente del Government of South Georgia & the South Sandwich Islands: los ingresos obtenidos principalmente de la venta de licencias para las pesquerías de merluza negra y krill contribuyen a financiar la presencia durante todo el año del Pharos SG. El patrullero se complementa, además, con vigilancia aérea y satelital financiada por Blue Belt. En otras palabras: la administración colonial concede licencias para explotar recursos, recauda por ellas y utiliza parte de esos recursos para financiar el aparato encargado de vigilar el espacio donde se desarrolla esa explotación.
Allí aparece la cuestión política que las imágenes de fauna y conservación pueden ocultar. Proteger el ambiente también supone administrar territorio usurpado: delimitar zonas, establecer prohibiciones, conceder permisos, cobrar derechos, producir información científica, inspeccionar embarcaciones y mantener presencia permanente. Nada de esto invalida el valor ambiental de las medidas británicas. Lo que demuestra es que Blue Belt no puede comprenderse únicamente como una política ecológica. En un territorio cuya soberanía disputa la Argentina, la conservación funciona simultáneamente como producción científica y como ejercicio cotidiano de autoridad. El poder territorial del siglo XXI no siempre necesita una bandera visible: puede manifestarse mediante una licencia pesquera, una ecosonda, un satélite o un patrullero navegando permanentemente el Atlántico Sur.
Fuentes
UK Government — The Blue Belt Programme
https://www.gov.uk/guidance/the-blue-belt-programme
Government of South Georgia & the South Sandwich Islands — Conserving the Jewel of the Southern Ocean
https://gov.gs/conserving-the-jewel-of-the-southern-ocean/
Government of South Georgia & the South Sandwich Islands — Marine Protected Area Management Plan 2026
https://gov.gs/mpa-management-plan-2026/
UK Government — Blue Belt Programme Annual Review 2024/25
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/687f57e98adf4250705c9720/Blue_Belt_Annual_Review_24-25.pdf
(*) Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía Malvinas, Atlántico Sur y Antártida - Universidad Nacional de Rosario