La actual Secretaria de Malvinas de Tierra del Fuego, tiene como asesor jurídico a Facundo Rodríguez, el exSubsecretario de Malvinas de la gestión de Rosana Bertone. Entre 2018 y 2019 puso su intelecto al servicio del blindaje creado por Bertone, para proteger los mismos intereses británicos y la sesión de soberanía que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. Lo contrataron  por ser supuestamente, uno de “los expertos que más sabe” sobre Derecho Internacional Público. Luego de haber estado a la cabeza de un proyecto de Ley que pretendía legitimar los Tratados de Madrid y el Acuerdo Foradori Duncan, ahora integra un gobierno que impulsa todo lo contrario: que los derogue el Presidente o que los deseche el Congreso.

La Secretaria de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, que encabeza el licenciado Andrés Dachary; tiene de asesor jurídico al exsubsecretario de Asuntos Legales de la Secretaría de Representación para la Cuestión Malvinas del área del gobierno de Rosana Bertone. Se trata del abogado y profesor de Derecho Internacional Público Facundo Rodríguez. En mayo de 2018 llegó a la provincia secundando a Jorge Arguello; el Secretario de Estado que incorporó Bertone con acuerdo del Canciller Jorge Faurie y Fulvio Pompeo, para hablar sobre la “Cuestión Malvinas” y seguir manteniendo aceitada y en buenos términos, la relación con el gobierno de Mauricio Macri.

Arguello, con rango diplomático y Rodríguez, escritor, autor y co-redactor de varios libros, miembro del CARI, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Palermo, se sumaron a la gestión del PJmacrista del binomio Bertone-Arcando y se fueron en 2019 luego de haber fracasado con el proyecto de “Ley Malvinas”, que proponía que el Congreso aprobara una “nueva Ley de Punto Final”, que legitimara la existencia de los Tratados de Madrid y del Acuerdo Foradori Duncan;  y estableciera que en adelante quedara prohibido firmar ningún otro pacto a los ya firmados.

Arguello y Rodríguez se apropiaron de un capítulo de una extensa recomendación que a fines de 2018 el Observatorio Malvinas de Tierra del Fuego le había elevado a la exgobernadora y desecharon el resto. En la sala Río Grande de la lotería provincial, el IPRA; el 20 de febrero de 2019 lanzaron la campaña por la reelección de Bertone, con la “Ley Malvinas”.

Pretendían que el Congreso aprobara una Ley que ordenara lo que la Constitución ya ordena en el Art. 75 Inc. 22 y que en ambos pactos no se cumplió. Que ratificara que es “competencia” del Parlamento Nacional “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede”; y que diera por válidos los pactos de Menem y de Macri -ya que ninguna ley tiene efectos retroactivos-; legitimando las concesiones territoriales y de ejercicio de gobierno a favor del Reino Unido otorgadas luego de la guerra de 1982; firmados sin aprobación del mismo Congreso.

Una “nueva Ley de Punto Final”, donde los argentinos juramentábamos: no permitir de ahora en adelante, que los gobernantes entreguen más soberanía bajo artilugios inconstitucionales como lo ya hecho en 1989 y 2016.

Rodríguez asumió en Mayo de 2018. En Octubre de ese mismo año, el gobierno de Macri abrió la licitación Off-Shore 01/2018 (Decreto N° 872), que un año después, en mayo de 2019; le otorgó áreas petroleras a empresas británicas y asociadas, y a otras que operan en Malvinas con licencia emitida por el gobierno de usurpación colonial. Para que no hubiera manera de salir de su decisión de entregar soberanía, la licitación macrista le quitó la potestad de resolver cualquier litigio al Poder Judicial de la Nación y se lo otorgó a los tribunales internacionales y a los de EEUU.

En mayo de 2019, luego de 8 meses de silencio, cuando la reelección de Bertone se desbarrancaba; Rodríguez y Arguello enviaron notas a la Cancillería y al Secretario de Energía de Macri, Gustavo Lopetegui; y hasta se comprometieron públicamente con una acción penal federal que nunca iniciaron. De todas maneras, Rodríguez no se privó de criticar la estrategia judicial que encaró Gustavo Melella como intendente de Río Grande, a través de una Causa que está desde junio del año pasado, en la Suprema Corte sin resolver.

Como si fuera el único profesional que entiende en la materia en todo el País, Andrés Dachary lo convoca y en un salto olímpico en la grita, Rodríguez se suma a la actual gestión que encabeza el Gobernador Gustavo Melella, como si no hubiera pasado nada. De tal manera, luego de haber sido parte del gabinete del PJmacrista de Bertone, ahora viene a asesorar a un gobierno de FORJA y del MPF, que plantea exactamente lo contrario.