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Lo que en enero de 2025 era una denuncia puntual de la diputada provincial de Río Negro Magdalena Odarda sobre la venta del aeropuerto privado de Bahía Dorada de Joe Lewis a capitales árabes, se revela hoy como un problema de dimensiones mucho más graves.
La pista construida por el magnate británico en 2008 no solo cambió de manos sin que nadie informara oficialmente, sino que su nuevo propietario -una empresa vinculada a Emiratos Árabes Unidos- opera desde entonces en un vacío legal casi absoluto.
A su vez, la empresa Manzil S.A., formalmente argentina, pero con dueños reales emiratíes, no registró la operación de compra-venta en la Administración Nacional de Aviación Civil, lo que implica que el aeródromo sigue figurando en los papeles como propiedad de las antiguas empresas de Lewis. Una doble irregularidad que impide cualquier tipo de fiscalización sobre los movimientos aéreos que allí se realizan.
La Legislatura de Río Negro nunca exigió la documentación respaldatoria de la transferencia. Tampoco lo hizo la ANAC.
Mientras tanto, a pocos kilómetros, YPF y Shell avanzan con el proyecto de planta de gas natural licuado en Punta Colorada, una iniciativa que convertirá a la región en un polo energético de primer orden. El aeropuerto, capaz de recibir aviones como los Boeing 737, queda así en el corazón de una zona clave en la nueva etapa hidrocarburífera de la Argentina, surgida a partir de la explotación del Yacimiento Vaca Muerta.
Imagen publicada el 2 de noviembre de 2014 en el blog Fuerzas de la Defensa de la República Argentina: https://fdra.blogspot.com/2014/11/hipotesis-de-conflicto-el-aeropuerto.html
La Fuerza Aérea habilitó la pista en 2008 sin audiencia pública ni informe ambiental. Dieciocho años después, la situación es peor: ahora son capitales de un país sin tratados de cooperación militar con la Argentina quienes controlan un punto de entrada y salida a dos horas de vuelo de las Islas Malvinas.
Ni el gobierno provincial de Alberto Weretilneck ni la administración nacional de Javier Milei han movido un dedo para revertirlo.
El dato no menor: mientras los nuevos dueños pagan apenas 129.000 pesos mensuales de impuesto inmobiliario por el “campo”, equivalentes a una compra de supermercado, el Estado argentino perdió la posibilidad de cobrarle durante todos estos años tasas por operación aeroportuaria que cualquier aeródromo comercial debe abonar.
Una cesión de soberanía que se sigue consumando en silencio, con la complicidad de todos los gobiernos que pasaron y la indiferencia de los que hoy tienen la obligación de actuar.
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