Tras la queja formal de la Cancillería argentina por el avance ilegal del proyecto petrolero Sea Lion / León Marino en la cuenca norte de las Islas Malvinas, el Gobierno de Israel, a través de su canciller Gideon Sa’ar y su representación diplomática en Buenos Aires, ha intentado una maniobra de equilibrio que deja más interrogantes que certezas. Al calificar el accionar de la empresa Navitas Petroleum como una decisión de índole "estrictamente privada", el Estado de Israel no solo elude su responsabilidad internacional, sino que convalida de facto una violación a las resoluciones de las Naciones Unidas.

La empresa sobre el Estado

El argumento esgrimido por el embajador israelí en sus redes sociales sostiene que, al ser Navitas una compañía privada, el Gobierno no tiene injerencia en sus negocios con la británica Rockhopper Exploration. Sin embargo, este planteo abre un interrogante peligroso sobre la soberanía de los Estados: ¿Tienen las corporaciones israelíes más poder de decisión que su propio Gobierno en asuntos que afectan relaciones estratégicas internacionales?

Recientemente, la empresa israelí Navitas Petroleum anunció que su filial británica, Navitas Petroleum Development and Production, llevará a cabo actividades en el océano Atlántico Sur, en un área cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

Israel…

— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 26, 2025

Al no emitir una sanción, ni un llamado de atención, ni una medida administrativa contra una empresa nacida y fundada en su territorio que opera con licencias ilegales otorgadas por una potencia colonial, Israel está, por omisión, tomando partido.

La pretendida "neutralidad" se desvanece cuando se permite que una entidad bajo su jurisdicción ignore la disputa de soberanía y colabore activamente con la administración británica en las islas.

El olvido de las resoluciones de la ONU

El embajador manifestó que Israel espera una resolución mediante el "diálogo y medios pacíficos". No obstante, estas declaraciones omiten deliberadamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras el proceso de descolonización esté pendiente.

La exploración y futura explotación de hidrocarburos es, precisamente, una modificación unilateral de gran escala. Al permitir que Navitas sea el socio mayoritario en Sea Lion, Israel no está siendo un espectador neutral, sino que se convierte en beneficiario indirecto de una actividad que la comunidad internacional pide detener.

Que las ganancias de Navitas vuelvan a la Argentina

Si el Gobierno de Israel insiste en que no tiene relación con Navitas y que valora de manera "especial y sólida" el vínculo con la gestión de Javier Milei, tiene una oportunidad histórica para demostrarlo con hechos y no solo con retórica diplomática. Y si se declara incapaz de frenar a la empresa, pero su fisco se beneficiará inevitablemente de los impuestos y dividendos que Navitas genere por extraer petróleo argentino de forma ilegal, esos fondos deberían ser liquidados y reenviados a la República Argentina.

Solo una medida de este tipo —el reintegro de las utilidades derivadas del despojo— validaría la supuesta "amistad" entre ambas naciones. De lo contrario, el mensaje de Israel es claro: la rentabilidad de sus empresas está por encima del derecho internacional y de la integridad territorial de sus aliados.

Reintegrar sus ganancias, sería, en definitiva; un ejemplo mundial de lucha contra el colonialismo económico y un acto de justicia real frente al saqueo inminente en el Atlántico Sur, a un Pueblo que alberga en su territorio, a la comunidad más importarte de israelitas de Suramérica.