La campaña 2025 de pesca de calamar loligo en aguas de las Islas Malvinas con licencia ilegal británica, comenzó con señales preocupantes y contradictorias. Tres nuevos buques —Argos Berbés, Prion y Hadassa Bay— se incorporaron a la flota este año, pero el arranque se vio demorado por sugerencia de los equipos científicos, que alertaron sobre la escasa presencia del recurso. La actividad, según operadores del sector, se ha desarrollado de forma irregular y con rendimientos menores a los esperados.
La periodista Lara Graña, del medio Faro de Vigo, dio a conocer que el nuevo responsable del Departamento de Recursos Naturales del gobierno ilegal de Malvinas, James Wilson, expresó públicamente su preocupación por el estado del caladero. “Estamos ante la menor biomasa registrada en los últimos cinco años, incluso por debajo de la media de las dos últimas décadas”, advirtió el funcionario colonial.
Los datos acumulados hasta marzo reflejan ese panorama: la flota logró desembarcar alrededor de 22.000 toneladas de calamar, una cifra que queda muy por debajo del promedio habitual, que suele superar las 30.000 toneladas en esta etapa del año. Una proyección que está muy por debajo de las estimaciones del propio presidente de ARVI (Asociación de Armadores de Vigo), Francisco Javier Touza, quien semanas atrás había proyectado alcanzar las 45.000 toneladas para la primera temporada de 2025. Situación que ha generado inquietud entre las empresas armadoras, especialmente aquellas con sede en Vigo y Marín (España), que operan en la zona a través de joint ventures con compañías británicas.
Desde una de las principales armadoras gallegas señalaron que las ilegitimas autoridades de Malvinas, ya anticiparon que están siguiendo de cerca la evolución de las capturas, y que no descartan cerrar el caladero antes de lo previsto. “Existe un riesgo concreto de que se ponga fin a la campaña de forma anticipada”, afirmaron.
Además del bajo rendimiento pesquero, el sector enfrenta el desafío de recuperar las importantes inversiones realizadas en los últimos años. Las compañías Pescapuerta, Pereira, Copemar, Rampesca, Moradiña y Marfrío han renovado gran parte de su flota, con una inversión total que supera los 240 millones de euros. Solo los nuevos arrastreros congeladores, construidos por los astilleros Nodosa y Armón Vigo, costaron más de 30 millones cada uno.
Y para agravar la situación, días atrás el flamante pesquero Hadassa Bay fue remolcado hasta el puerto de Montevideo, debido a una rotura de su motor principal, en la primera marea del buque.
En tanto, debido al inicio tardío de la temporada, varios buques buscaron alternativas en aguas internacionales, capturando especies como merluza o calamar, para mitigar el impacto económico. Cabe destacar que más del 90% del calamar loligo extraído en Malvinas tiene como destino final Europa, ingresando mayoritariamente por el puerto de Vigo.
La campaña se desarrolla en un contexto de señales mixtas. Mientras que semanas atrás algunas armadoras expresaban cierto optimismo sobre el curso de la pesquería, hoy las autoridades de la colonia plantean la posibilidad de un cierre temprano. Esta disparidad de perspectivas refleja la fragilidad de una actividad que depende fuertemente de las condiciones ambientales, el manejo responsable del recurso y la sustentabilidad económica de las inversiones realizadas; pero sobre todo de la poca certeza científica a la hora de predecir e inferir un recurso que no tiene un desarrollo de investigación científica como dentro de la zona económica exclusiva argentina con el INIDEP, por cuanto la azarosidad depende de las proyecciones de capturas que se hagan y algunas expresiones de deseos de aventureros lobbistas. Hoy, con lo acontecido en los últimos días, parece que la zafra con licencia de Malvinas vuelve a fracasar.
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