La queja formal que la Cancillería argentina presentó ante la Embajada británica —y que el canciller Quirno intentó ocultar tras la euforia del triunfo futbolístico contra Inglaterra— contiene un desglose técnico de extrema gravedad. El documento oficial ratifica de manera precisa lo que anticipamos desde este portal: el patrullero HMS Medway violó las reglas bilaterales que regulan la seguridad militar en el Atlántico Sur desde la posguerra.
Para comprender la magnitud de la ofensa británica, es necesario desarmar el andamiaje jurídico que Londres violó de manera unilateral en nuestras aguas soberanas.
La base del control mutuo: Madrid II y sus cuatro anexos
El andamiaje de seguridad de la posguerra se consolidó el 15 de febrero de 1990 con la firma del Tratado de Madrid II. Para evitar que las fuerzas armadas de ambos países volvieran a enfrentarse por "errores de cálculo", se creó el "Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas", estructurado en cuatro anexos fundamentales:
- Anexo I - Sistema de Comunicación Directa: Estableció un enlace directo de radio y télex entre las autoridades militares de ambos países para mantener un canal de alerta permanente. Para la Argentina, la terminal de control operativo se fijó en el Comando del Área Naval Austral, con base en Ushuaia.
- Anexo II - Reglas de Comportamiento: Fijó normas estrictas de navegación para buques y aeronaves cuando operen en proximidad, prohibiendo de forma expresa apuntar armas, simular ataques o fijar radares de tiro sobre las unidades del otro país.
- Anexo III - Búsqueda y Salvamento (SAR): Reguló la cooperación mutua ante emergencias marítimas o aéreas en el Atlántico Sur.
- Anexo IV - Seguridad de la Navegación: Estableció el intercambio coordinado de avisos a los navegantes y balizamiento en las áreas australes.
La violación específica: El límite de las 15 millas (Reforma de 1993)
El protocolo original de 1990 obligaba a las partes a avisar con 48 horas de anticipación cuando un buque de guerra se acercara a menos de 50 millas de la costa continental. Sin embargo, con el fin de agilizar el tránsito en la región austral, este esquema geográfico fue modificado de común acuerdo mediante declaraciones posteriores:
1. La Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991: Sustituyó de forma directa los anexos I, II, III y IV del Tratado de Madrid II.
2. La Declaración Conjunta del 12 de julio de 1993 (Buenos Aires y Londres): Terminó de dar forma al texto que rige en la actualidad.
Es precisamente en el apartado I.2 ("Medidas de fortalecimiento de la confianza"), punto "b" de este texto ordenado, donde se consumó la violación británica. La norma establece con absoluta claridad que:
- Las partes deben notificar por escrito, con un mínimo de 48 horas de anticipación, la identificación, el rumbo previsto y el propósito de cualquier unidad naval de combate que prevea acercarse a menos de 15 millas náuticas de las costas de la otra parte.
- Todo movimiento militar dentro de esta franja de 15 millas (área que engloba el Mar Territorial argentino) debe realizarse bajo mutuo acuerdo.
Al ordenar el tránsito del HMS Medway por el mar territorial lindero a Santa Cruz y Tierra del Fuego en su derrota hacia el Estrecho de Magallanes sin emitir aviso alguno, la Royal Navy ignoró la franja de seguridad de las 15 millas y operó sin el mutuo acuerdo exigido.
El desprecio a las Naciones Unidas
La protesta presentada por la Cancillería detalla que esta incursión militar inconsulta infringe también la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta norma del derecho internacional prohíbe expresamente que el Reino Unido introduzca modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras la disputa por la soberanía continúe pendiente de resolución. Mover buques de guerra fuera del territorio usurpado para patrullar de forma libre el mar continental argentino es, ante todo, una alteración unilateral del statu quo.
El comunicado oficial de Cancillería expone las pruebas de una agresión directa a la arquitectura de paz de la posguerra. Gran Bretaña no cometió una desprolijidad de la burocrática diplomática; rompió el Tratado de Madrid II para demostrar que puede navegar por nuestro mar territorial cuando se le dé la gana, sin pedir permiso y sin dar explicaciones.
Mientras el Gobierno nacional especuló con los tiempos del fútbol para no entorpecer la agenda de sumisión diplomática con Londres, los tratados internacionales firmados con la sangre de nuestros caídos fueron pisoteados unilateralmente en las aguas del sur.
