Por segunda vez en 38 años, la población implantada por Gran Bretaña en Malvinas, propone una serie de modificaciones en la Constitución que se dictaron por primera vez en el año 1985, y que reformaron en 2012.
Los diez asuntos en carpeta, tienden a conseguir mayores libertades públicas, aunque es el gobierno central inglés quien ha ido otorgando en dosis en todas las colonias, algunas autonomías. Pero sin soltar nunca el mando central de la administración, el control poblacional, económico, y mucho menos del control militar. Solo basta chequear como ha sido este proceso en todos los territorios ocupados para darnos cuenta que en Malvinas se replica lo mismo que sucedió en 2009, en Santa Elena, Isla Ascensión y Tristán de Acuna.
En este caso en particular, la legislatura ilegal británica que usurpa Malvinas está planteando una reforma en materia de: Derechos y Libertades fundamentales; estatus de las Islas; calificación de electores y calificaciones o descalificaciones de la elección; rol de la Asamblea Legislativa; sistema de Gobierno y el Consejo Ejecutivo; rol del Gobernador; auditoría, escrutinio y responsabilidad institucional; roles y responsabilidades en materia de defensa y de seguridad interior; estructura y rol de Servicios Públicos; y estructura y contenidos de la Constitución. Asuntos todos que deben pasar, de tratarse; por el filtro de la corona para su aprobación o rechazo.
Por su parte, la legisladora Teslyn Barkman “insistió ante sus pares, sin éxito, que el primer tema a estudiar debía ser el del derecho al voto de aquellos ciudadanos que cuentan con doble nacionalidad. Tal cual sería el caso de la propia legisladora, que cuenta con nacionalidad neozelandesa y de las Falklands y tuvo algún problema al respecto”, refiere Mercopress.
De todas maneras, a diferencia de 2012, la propuesta tiene muy pocos adeptos, solo unas 20 personas han presentado alguna inquietud en la materia. Cuestión que ha llevado a una nueva convocatoria ciudadana con pocas expectativas.
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