El inicio de 2026 marca el momento en que el capital financiero internacional decidió ignorar por completo la soberanía argentina. Los resultados de la "Oferta Abierta" de Rockhopper Exploration, anunciados el pasado viernes 16 de enero, son una bofetada de realidad: la oferta de acciones para el proyecto petrolero Sea Lion fue sobredemandada en un 773%.

Este éxito de la usurpación no es casualidad; es la consecuencia directa de una cronología de capitulación política y judicial de más de una década.

Una causa judicial "viva" pero saboteada

En abril de 2015, bajo el impulso de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se abrió en el Juzgado Federal de Río Grande la Causa 5183/15. Se ordenaron embargos por 156 millones de dólares contra petroleras como Rockhopper por violar las leyes aduaneras y ambientales. Sin embargo, tras esa etapa, el Estado nacional inició un proceso de abandono sistémico:

• El Macrismo y el Pacto Foradori-Duncan (2016): Fue el primer gran golpe. Bajo el compromiso de "remover obstáculos para el crecimiento de las islas", el gobierno de Mauricio Macri archivó cualquier interés en la causa penal para favorecer los negocios británicos en hidrocarburos y pesca.
• El "Albertismo" y la continuidad de la inacción: Pese a la retórica soberana, la gestión de Alberto Fernández compartida con Cristina Fernández de Kirchner (impulsora de la Causa) dio continuidad al desinterés. Funcionarios como Daniel Filmus desestimaron la causa judicial, alegando que su único fin de 2015 había sido el "bajar el precio de las acciones". Esta visión cortoplacista permitió que las empresas se reestructuraran sin presión legal real.
• El Pacto Mondino-Lammy (2024): La actual gestión de Javier Milei ha sellado esta entrega. Como denunció el experto César Lerena, este nuevo pacto es la "reedición" del Foradori-Duncan. Al facilitar vuelos y prometer nuevamente "remover obstáculos", el gobierno le dio al capital anglo-israelí la seguridad jurídica que necesitaba para el éxito financiero que hoy vemos en Londres.

El "Escudo" de los Excombatientes frente a la desidia de Tierra del Fuego

Ante la retirada del Estado nacional y la inexplicable pasividad del gobierno de Tierra del Fuego de Gustavo Melella, que nunca se constituyó como querellante pese a que se trata de recursos fueguinos, solo los excombatientes han mantenido viva la causa. Mientras la Cancillería argentina entorpecía los exhortos judiciales por cuestiones gramaticales, los veteranos siguieron aportando los nombres de los nuevos jugadores, como Navitas Petroleum, que el sistema político ignoraba.

La consecuencia: Blindaje total en 2026

Esta cadena de omisiones y pactos indignos le dio a Rockhopper y a sus socios —los fondos israelíes Noked, Exodus e ION Fund— el tiempo para blindarse. Los inversores leyeron la parálisis argentina como una "luz verde". El resultado: 2100 millones de dólares reunidos y 860 millones de acciones circulando, para extraer 50.000 barriles diarios en 2028.

Un saqueo con complicidad oficial

La "israelización" del capital en Malvinas encontró en la burocracia y en los pactos de entrega (Foradori-Duncan y Mondino-Lammy) su mejor aliado. Si no se actualiza la Causa 5183/15 para perseguir a los nuevos fondos y bancos, el 2028 será el recordatorio de una soberanía rematada por desidia, mientras los únicos que patrullaban los expedientes eran quienes ya habían ofrendado la vida por la soberanía de las islas en 1982.