Este domingo, el rugir de las turbinas marcarán un hecho más que importante en la historia reciente de la Fuerza Aérea Argentina. Los primeros seis aviones caza F-16, adquiridos a Dinamarca, realizarán un espectacular sobrevuelo sobre la Casa Rosada y el microcentro porteño, antes de su presentación oficial en Río Cuarto, con la presencia del presidente Javier Milei.

El evento corona un operativo logístico sin precedentes: un ferry transatlántico desde Europa, escoltado por aviones tanque KC-135R de la Fuerza Aérea de EEUU. y un Boeing 737, que culminará este viernes con el aterrizaje de las aeronaves en la base aérea de Las Higueras de la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

El ministro de Defensa saliente, Luis Petri, calificó la adquisición como “absolutamente necesaria” y la más significativa en cuatro décadas, subrayando su rol en la custodia del espacio aéreo.

La narrativa oficial es evidente: Sostiene que se trata de recuperar una capacidad supersónica perdida desde la desprogramación de los Mirage en 2015, con 24 unidades que llegarán en lotes hasta 2026, modernizadas y con radar de largo alcance.

Sin embargo, tras la parafernalia del desfile aéreo y los discursos oficiales, persisten interrogantes sustantivos que ponen en duda la oportunidad de festejo alguna.

Voces críticas, como la del teniente general (R) Juan Martín Paleo, advierten que la llegada de estos sofisticados aparatos choca con una realidad institucional asfixiante. Señalan que el presupuesto castrense es tan exiguo que, en los cálculos más pesimistas, apenas permitiría unas pocas horas de vuelo anuales por cada unidad, transformándolas en activos testimoniales antes que disuasivos.

La infraestructura aeronáutica, aunque objeto de obras de reacondicionamiento en Tandil y Río Cuarto, arrastra décadas de desinversión en pistas, hangares y equipamiento de apoyo, una contradicción flagrante con la fastuosidad del anuncio.

Más grave aún es la sombra de una posible limitación diplomática que cuestiona el núcleo mismo de la operación. Paleo acusó públicamente a funcionarios de la actual gestión de haber garantizado al Reino Unido que estos F-16 no constituirán una amenaza para sus intereses en las Islas Malvinas. De confirmarse, esta aseveración socavaría la narrativa soberanista que envuelve la compra, presentando los aviones como un instrumento de poder simbólico, una suerte de "arma castrada" en términos del ex militar, incapaz de proyectar poder real sobre el territorio ocupado.

Esta acusación, sumada a la crítica por la celeridad en ejercicios conjuntos con potencias extranjeras frente al abandono de proyectos estratégicos nacionales, pinta un cuadro de política de defensa cuanto menos errática.

Así, mientras el gobierno celebra un logro material tangible y posiblemente necesario tras años de deterioro, la combinación de estrechez financiera crónica y presuntas concesiones estratégicas plantea una incómoda paradoja. Se exhibe con orgullo una herramienta de defensa cuya capacidad operativa plena y marco de empleo permanecen bajo un manto de dudas.

El verdadero desafío no será el vuelo de exhibición del domingo, sino garantizar los recursos para su mantenimiento, el entrenamiento intensivo de sus pilotos y, fundamentalmente, definir el rol estratégico que cumplirán en la defensa de los espacios soberanos. De lo contrario, el espectáculo aéreo sólo será una memorable foto de potencia ilusoria.