La reciente denuncia del Gobierno de Tierra del Fuego ante la Autoridad de Valores de Israel contra Navitas Petroleum ha sido presentada como una gesta defensiva de nuestros recursos en aguas próximas a las Islas Malvinas. Sin embargo, un análisis profundo de la realidad energética provincial revela una contradicción teñida de complicidad: mientras el gobernador Gustavo Melella apunta contra los capitales israelíes en el proyecto Sea Lion, ha permitido que la británica Harbour Energy —socia originaria de ese mismo proyecto ilegal en Malvinas— se instale y opere en el corazón gasífero off-shore de Tierra del Fuego.

La metamorfosis de Harbour Energy en el Yacimiento Fénix

El escándalo reside en la identidad de los operadores del Yacimiento Fénix, el proyecto gasífero más importante de la Argentina actual, ubicado frente a las costas fueguinas.

• El origen del paquete: Harbour Energy poseía el 60% de las acciones de Sea Lion en Malvinas (en sociedad con Rockhopper).
• La triangulación: Tras “vender” su participación mayoritaria en Malvinas a Navitas; Harbour Energy desembarcó en la Argentina continental adquiriendo los activos de la alemana Wintershall Dea.
• La simulación comercial: Pese a que el traspaso de activos se oficializó en 2023, en los registros comerciales y ante la opinión pública se sigue utilizando la fachada de Wintershall Dea Argentina S.A. No obstante, en su propio sitio web corporativo, Harbour Energy certifica con orgullo su propiedad sobre las inversiones tanto en el Yacimiento Fénix como en Vaca Muerta.

Violación plena de la “Ley Solanas” (26.659)

La presencia de Harbour Energy en Tierra del Fuego representa una violación flagrante a la legislación nacional. La Ley 26.659 es taxativa: prohíbe que empresas petroleras (o sus subsidiarias) que operen o hayan operado en las Islas Malvinas sin autorización argentina, tengan concesiones en el resto del territorio nacional.

¿Cómo es posible que el mismo gobierno que hoy denuncia a Navitas en Israel por “información engañosa”, haya permitido que Harbour Energy opere en su litoral marítimo bajo una identidad de fantasía?

Una gesta de contradicciones

La advertencia formulada ante los organismos israelíes por el Secretario Andrés Dachary respecto a los "riesgos jurídicos" de Navitas, choca frontalmente con los recaudos que su propia gestión NO TOMÓ con Harbour Energy.

1.    Habilitación Provincial: Harbour Energy hoy posee el 35% del paquete accionario de Fénix (operado por Total Energy), una operación habilitada en julio de 2025, por la gestión de Gustavo Melella y refrendada por la Legislatura.

2.    Información Falsa: El consorcio operador y el gobierno provincial admiten la continuidad de la razón social Wintershall cuando el control efectivo y la titularidad de los beneficios pertenecen a la firma británica que operó ilegalmente en nuestras islas.

3.    Abandono de la Causa Penal: Esta situación explica, de alguna manera; por qué el gobierno fueguino se resiste a ser querellante en la Causa Federal 5183/15. Si la justicia avanzara sobre las petroleras y sus socios, la presencia de Harbour Energy en el Yacimiento Fénix sería insostenible.

Mientras el Ejecutivo Fueguino se enfoca en los accionistas de Tel Aviv, el "Caballo de Troya" británico ya está dentro de la provincia, operando con el visto bueno de quienes dicen defender la soberanía. La ilegalidad que denuncian afuera, es la misma que omitieron dentro.