En un giro que evidencia la fragilidad de las alianzas basadas en la retórica y no en la defensa real de la soberanía, el Gobierno de Javier Milei ha puesto en "pausa" el anunciado traslado de la Embajada Argentina desde Herzliya a Jerusalén.

Lo que los medios hegemónicos intentaron presentar como un vínculo espiritual y estratégico inquebrantable entre la Argentina de Milei y el Israel de Netanyahu, ha chocado de frente con una realidad que Agenda Malvinas viene denunciando desde el primer momento: el avance ilegal de la petrolera israelí Navitas Petroleum en las aguas circundantes a nuestras Islas Malvinas asociada con la operadora Rockhopper.

La noticia, confirmada por medios israelíes como The Times of Israel y la cadena Canal 12, indica que las tensiones entre la Casa Rosada y la administración de Benjamin Netanyahu han escalado debido al proyecto Sea Lion (León Marino). Navitas Petroleum, una empresa con sede central en Israel, y la británica Rockhopper, planean iniciar perforaciones en 2028 en la cuenca norte de las Malvinas, bajo licencias ilegítimas otorgadas por el Reino Unido.

Para el gobierno de Milei —que ha hecho de la entrega de la soberanía un ejercicio cotidiano al priorizar los "deseos" de la población implantada en las Islas— este escenario representa un callejón sin salida. ¿Cómo sostener un alineamiento ciego con Israel mientras una de sus empresas principales lidera el mayor saqueo de hidrocarburos en la plataforma continental argentina?

El cinismo diplomático: Entre el "agradecimiento" y el despojo

Hace apenas semanas, el canciller argentino Pablo Quirno intentó maquillar la situación "valorando" un tibio comunicado de su par israelí, Gideon Sa’ar, donde reconocía la existencia de una disputa de soberanía.

Israel sostiene que Navitas es una "empresa privada" sobre la cual el Estado no tiene control. Sin embargo, bajo el derecho internacional y la Resolución 31/49 de la ONU, los Estados tienen la obligación de evitar que entidades bajo su jurisdicción realicen innovaciones unilaterales en zonas en disputa. Al no sancionar a Navitas, Israel no es un espectador neutral: es un beneficiario indirecto del colonialismo británico.

Un freno por necesidad, no por convicción

El freno al traslado de la embajada desde Herzliya a Jerusalén —un acto que de por sí desafía el consenso internacional y pone a la Argentina en una posición de vulnerabilidad ante el mundo árabe y la justicia global— no surge de una súbita epifanía de patriotismo por parte del gobierno libertario. Surge del costo político interno de permitir que un "aliado" clave participe activamente en el robo de recursos valorados en más de 2.100 millones de dólares.

Si el Gobierno argentino quiere realmente defender Malvinas, debe pasar de los "agradecimientos" por redes sociales a las sanciones efectivas. De lo contrario, el freno a la embajada en Jerusalén será solo una anécdota en la historia de una entrega programada.