Mientras el Gobierno de Tierra del Fuego declama soberanía, los muelles de la capital fueguina sostienen el floreciente negocio turístico de la colonia implantada en las Islas Malvinas.

Para el gobierno de Gustavo Melella, la soberanía parece ser un concepto elástico que se estira en los discursos de campaña y se encoge frente a las tasas portuarias. A más de tres meses que Agenda Malvinas formalizara un pedido de información pública bajo la Ley Provincial Nº 653, el silencio de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), encabezada por Roberto Marcial Murcia, es ensordecedor.

El pedido no fue caprichoso: busca cuantificar el movimiento marítimo entre Ushuaia y las Islas Malvinas desde 2011 a la fecha. Sin embargo, la respuesta no llega desde los despachos de la calle Lasserre, sino desde la propia administración colonial en Puerto Argentino.

Las cifras de la vergüenza

Mientras el funcionariado fueguino se ampara en el "silencio institucional", Steph Middleton, Directora de Turismo de la ocupación británica, celebra con optimismo los números de la temporada 2025-2026. Sus proyecciones son una bofetada a la retórica nacional:

• 72.500 visitantes previstos para esta temporada.
• 140 escalas de cruceros programadas en el verano austral.
• Días de ocupación plena con gigantes como el Celebrity Equinox o el Sapphire Princess, que desembarcan miles de turistas cuyos dólares consolidan la economía del usurpador.

Lo que el gobierno de Tierra del Fuego no se atreve a admitir es que gran parte de ese "éxito" colonial es logísticamente imposible sin la infraestructura de Ushuaia. Y es que ese puerto austral funciona, en la práctica, como un eslabón esencial para el circuito turístico que nutre las arcas británicas, violando sistemáticamente el espíritu de la Ley Provincial Nº 852 (Ley Gaucho Rivero) y más aún, la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Argentina.

La Ley "Gaucho Rivero": Letra muerta

Sancionada en 2011, la Ley Gaucho Rivero prohíbe el amarre y abastecimiento de buques que realicen tareas de explotación de recursos naturales en la cuenca de las Malvinas. Si bien el foco es la pesca y el petróleo, el turismo se ha convertido en el tercer pilar económico de las islas, generando unos US$ 20 millones anuales.

¿Cómo se explica que el Secretario de Malvinas de esa provincia, Andrés Dachary, admita públicamente que "decenas de cruceros parten de Ushuaia hacia las islas" y no se tomen medidas? Esta confesión de parte releva la prueba: el incumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional es un hecho conocido y permitido por la cúpula política.

El negocio por encima de la Constitución

La provincia se autoerige como "paladín de la defensa de la soberanía de Malvinas" en foros internacionales, pero en la práctica, prioriza el ingreso de divisas turísticas. Al permitir que los cruceros utilicen a Ushuaia como base para sus rutas hacia el archipiélago usurpado, el Estado provincial está:

1.    Facilitando la logística de una economía que busca la autosuficiencia de la colonia.

2.    Ignorando el mandato constitucional que obliga a todos los argentinos a la recuperación de dichos territorios.

3.    Encubriendo con opacidad datos que deberían ser públicos, impidiendo que la sociedad civil conozca la magnitud del "drenaje" soberano.

Para la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, el reloj de la Ley de Información Pública se detuvo hace 100 días. Pero el reloj de la historia sigue corriendo, y cada crucero que zarpa de Ushuaia con destino a las islas, bajo la mirada complaciente de las autoridades locales, es una arriada de bandera en la propia capital de las Malvinas.

La soberanía no se defiende con comunicados de prensa, se defiende con actos de gobierno. Y hoy, el puerto de Ushuaia parece hablar más inglés que castellano.