El legislador Matías Lapadula (Provincia Grande) presentó un proyecto para ampliar a toda la provincia la normativa establecida en el Concejo Deliberante de Ushuaia, donde se prohibió la utilización de la toponimia "Falklands", denominación que utiliza el colonialismo británico que usurpa los territorios insulares y marítimos de la Argentina en el Atlántico Sur, en toda la actividad turística y comercial local.
Se busca que la prohibición institucional aplique en todo el territorio fueguino, y que la denominación “Islas Malvinas” sea la única reconocida para el archipiélago en todos los soportes de difusión y promoción.
La ordenanza previa del Concejo Deliberante de Ushuaia fue impulsada por Nicolás Pelolli, edil del oficialismo, y penaliza la utilización del término anglosajón por considerarlo favorable a los intereses de la ilegítima ocupación colonial.
Ahora, el legislador Lapadula —que además propone sanciones similares en todo el territorio provincial— busca ampliar el alcance a toda Tierra del Fuego a través de un proyecto de ley que, en sus fundamentos, cita la Constitución Nacional y a resoluciones de la ONU sobre la legítima soberanía argentina sobre las islas y los espacios marítimos en la zona.
La idea central es que toda forma de difusión, publicidad o promoción que utilice el término “Falkland Islands” sea considerada una infracción, con multas y sanciones específicas.
El proyecto establece que las personas humanas o jurídicas que operen, promocionen o difundan bienes y servicios en medios digitales, publicaciones impresas, folletos, señalética, publicidad o cualquier soporte dirigido a residentes y turistas, deberán referirse a las islas como “Islas Malvinas”, en línea con la postura oficial de defensa soberana argentina.
También prohíbe la presentación prioritaria o destacada de la denominación en inglés, y establece multas que van desde las 5 mil UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo), equivalentes aproximadamente a 7.206.500 pesos argentinos, al 1 de mayo de 2025.
Este monto se incrementaría hasta el triple en casos reincidentes, además de la obligación de retirar los productos de difusión.
El objetivo fundamental, según explica Lapadula, es “garantizar el respeto por la identidad nacional y reafirmar la posición soberana argentina sobre los territorios en disputa”.
La normativa señala además regular y fiscalizar su cumplimiento a través de la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y destinar los fondos recaudados por las multas a campañas de concientización sobre la soberanía argentina y actividades culturales relacionadas con la causa Malvinas.
