Es de una evidencia incontrastable que varios ministerios y áreas estatales, como la Cancillería; son funcionales a los intereses británicos enquistados en la Argentina. Pero quienes han tomado mayor protagonismo y quedados expuestos por la prensa nacional y fueguina desde junio a la fecha, son: la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación a cargo de Agustín Rossi, y el Gobierno de Tierra del Fuego que conduce Gustavo Melella.

Faltos de voluntad o, por el contrario; protegiendo proyectos que son inversamente contrarios a salvaguardar la soberanía argentina y sabiendo que ponen en peligro la seguridad y la paz de los argentinos; no investigan, no se reúnen, no dialogan, ni se poden de acuerdo en cómo proceder para interrumpir los servicios de electricidad e internet y desarmar el radar de LeoLabs Argentina SRL filial de LEOLABS LIMITED con sede el Londres Inglaterra y LEOLABS SPACE HOLDINGS LIMITED con sede en Dublin Irlanda. Requerimiento  que en todo elevado, viene solicitando desde hace 90 días el Ministerio de Defensa de la Nación, junto a las principales entidades militares y científicas de la Argentina en la materia.

La bajada de línea llega también hasta la legislatura fueguina, donde tampoco se permite abrir una seria instancia investigativa para determinar responsables y responsabilidades. Y si lo están haciendo; evidentemente juegan a demorar, lentificar e invisibilizar para que sean otros quienes tomen la decisión y no ellos. El silencio y el tiempo transcurrido, no requiere explicaciones; hablan por sí mismos.

En un pasamanos fueguino, para ver quien se anima a dar una explicación sobre el porqué el radar inglés instalado en Tolhuin sigue conectado y muy posiblemente operativo, luego de un mes en que la Subsecretaría de Telecomunicación y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de Ministros dispusiera la cancelación total del permiso extendido a LeoLabs Argentina SRL; el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del gobierno de Tierra del Fuego, Andrés Dachary; derivó cualquier respuesta a la Ministra de Producción y Ambiente del gobierno fueguino, Sonia Castiglione.

Castiglione, quien tiene bajo la órbita de su Ministerio, la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego dio algunas precisiones, se sinceró y pidió disculpas. También dejó abiertos nuevos interrogantes y por otro lado, advirtió sobre la negativa del CADIC de querer dar información sobre la procedencia de fondos para la investigación.

“El que está muy metido en el tema es Andrés Dachary”   

Para la Ministra que viene acompañando a Gustavo Melella desde la intendencia de Río Grande, su competencia está pura y exclusivamente sobre el permiso ambiental otorgado para la instalación del radar. Y lo primero que asegura, es que el predio de Estancia el Relincho, “no se puede utilizar para ninguna otra cosa”. Por lo que, cuando Nación le comunicó que cancelaba el permiso, la Secretaria de Ambiente le manifestó al apoderado y gerente de LeoLabs Argentina SRL Pablo Renán Bilbao, que “dejen el lugar tal cual estaba”.

Eso, en términos administrativos. Pero lo que hasta el momento no le encuentran una solución; es a la cuestión legal. “Lo que me están diciendo los abogados, es que si yo emplazo, por ejemplo; para que en 15 días lo desarme, y en 15 días no lo desarma, ¿qué hago? No tengo marco legal para la sanción. ¿Qué hago yo como Estado?”. Razón suficiente para que el emplazamiento por parte de Producción y Ambiente, no suceda hasta que encuentren “la veta legal”. Y frente a ese cuadro de incertidumbre, cree y opina lo siguiente: “Para mí, quien tiene que emplazar para el desarme, es Nación; que son la autoridad de aplicación de radares y todas estas cosas”.

- ¿Y eso no ha sucedido? ¿Ustedes no recibieron notificación sobre los plazos que le dieron o deben darle a la empresa, para que sean verificados por la provincia? – se le preguntó. “No. Yo al menos no he recibido. Lo único es la Disposición (DI-2023-15-APN-SSTYCO#JGM) que se mandó, con la que hice la Resolución (M. P. y A. N° 860/2023)”, afirmó Castiglione en diálogo telefónico; quien en todo momento se negó a dar opinión sobre la actuación de las otras áreas de gobierno. “La competencia nuestra es solamente desde lo ambiental. Si hay algún otro tipo de consideración que no sea de lo ambiental, deben ir por otro carril o por otra área que yo no sé bien quién es. Se diluye mucho”, dijo.

La Ministra tampoco quiso dar una respuesta directa en materia organizacional entre los actores que permitieron y habilitaron la existencia del radar. En varios pasajes de la entrevista se la consultó si en este tiempo -antes y después de la Disposición de cancelación total de la Jefatura de Gabinete a la operación del radar en Tolhuin-; se habían realizado reuniones entre el Ministerio de Producción y Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas a cargo de Gabriela Castillo (de quien depende la provisión de la energía eléctrica a través de la Dirección Provincial de Energía); la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales y todas aquellas áreas de la provincia que tengan competencia; para dialogar con Jefatura de Gabinete de la Nación, y de esa manera saber cómo reglamentar y aplicar el acto legal emitido por Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Nación: la Disposición DI-2023-15-APN-SSTYCO#JGM.

Castiglione devolvió la pelota remitiendo el protagonismo al Secretario de Malvinas Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, quien había aconsejado hablar con ella. “El que está muy metido en el tema es Andrés Dachary. Yo no sé si Andrés ha pasado por esa instancia. Puntualmente no lo sé. Si ha pasado por esa instancia de decirles, mándame algo para cortarle la luz. El problema son las cuestiones difusas. Las que te paran en un lugar donde hay un gris”; respondió la ministra dejando un sembradío de interrogantes con una sola respuesta; lo único claro que tiene, es que Dachary “está muy metido en el tema”. Lo que podría interpretarse como que Dachary el único informado, preocupado o responsable de una acción ejecutiva que, de existir ella desconoce.

- ¿Ustedes no tienen ningún elemento legal para darle un término a la operación de leolabs? – Insistió Agenda Malvinas. “En principio no. Los estoy buscando con los abogados. Lo de la DPE háblalo con Gaby (Gabriela Castillo) o con Andrés (Dachary), para ver cuál es el marco que tienen. Porque las dificultades que tengo yo, para avanzar sobre diferentes cuestiones, capaz que también las tiene la DPE. Yo no sé la normativa con relación a los lugares privados”, dijo la funcionaria que nuevamente disparó para arriba: “esto viene desde Nación. Desde el Embajador argentino en los EE.UU. Jorge Arguello que celebró que la empresa en la Argentina. Esto nos excede a nosotros”.

No sin palabras de agobio y desazón que se transmitieron en el tono de voz registrado durante los 13 minutos de la charla periodística, Castiglione es la primera funcionaria en disculparse públicamente: “Como le decía al Legislador Pablo Villegas cuando estuvimos en la legislatura, que nos quiere hacer cargo que hicimos una guía de aviso de proyecto a una empresa extranjera. Si me quiere decir que no miramos alguna cosa, y bueno sí; disculpen. La verdad que yo no puedo responder por el funcionamiento o la forma de actuar de los agentes de planta de toda el área. Fue un error, fue un error. Me hago cargo. Ya está. Ahora un error no observar; porque dentro de las competencias que tiene Ambiente, la gente hizo lo que tenía que hacer. No hizo nada distinto. Puede ser que la gente que evaluó no se haya preguntado antes; ¡ah mirá, son capitales extranjeros! ¡ah es un radar! Pero en los informes venía como todo claro, que tenían nada que ver con chumear cosas ajenas. No se hicieron mal las cosas”.

CADIC y CONICET: ciencia sin bandera

A su favor y marcando su preocupación personal y la de su gestión por los temas inherentes a la soberanía y a la Cuestión Malvinas, la Ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, dio aparte; un dato preocupantemente y a su vez revelador, que alarma.

“Nosotros tenemos desde Ambiente, que autorizar los proyectos de investigación que hace el CADIC y cualquier organismo que se plantee esa tarea. Cualquier cosa que se quiera hacer tiene que estar autorizado por la autoridad de aplicación. Y en el formulario pusimos un ítem, por el cual (el peticionaste) tiene que hacer una declaración jurada del origen del financiamiento de esos proyectos. Los otros días tuvimos una reunión con el CADIC explicándole cuál es la necesidad de ponernos de acuerdo en un montón de cosas; pero también en la necesidad de saber quién financia. Porque salen convocatorias a nivel internacional para hacer un proyecto de investigación en el Atlántico Sur, donde los científicos se postulan, se entusiasman y ganan; y resulta que después se llevan muestras genéticas afuera. Esos capitales que muchas veces son privados, tienen intensiones comerciales y también otros motivos. Todo esto uno lo tiene en cuenta en la gestión. Entonces ahora también declarame cual es el origen de los fondos. ¿Quién te banca estos estudios? ¿Cuál es el trato que tienen? Porque todos los estudios que se hagan, la provincia tiene que conocer los resultados, todos los datos y todos los insumos. Y algunas fuentes de financiamiento no permiten eso. Y ese fue el detonante. Cuando le pedimos (al CADIC) que nos den los datos, nos dijeron que no podían porque en el acuerdo que tenían solamente permitía dárselos a quienes lo financiaban. Eso es una aberración. Y eso es CONICET Nacional. Eso pasa en todo el País”, describió a manera de conclusión final la funcionaria; marcando la profundidad respecto a cómo, más allá del radar existente en Tolhuin perteneciente a una filial argentina de dos empresas, una en Irlanda y otra en Inglaterra; la presencia extranjera controla monetariamente y se lleva información sobre los recursos y riquezas de la Nación, apropiándose de información vital y estratégica que como unido dueño, debería tener al Pueblo Argentino.