Tras un polémico proceso licitatorio que excluyó la participación accionaria de las provincias de Neuquén y Río Negro, el gobierno nacional concretó la adjudicación de las concesiones de cuatro de las principales represas hidroeléctricas del Comahue. Las centrales de Piedra del Águila, Alicurá, y El Chocón ya tienen nuevos operadores, mientras que la represa Cerros Colorados definirá su concesionario en un inminente "repechaje".

El proceso de reprivatización, que otorga la explotación por 30 años de las usinas, se cerró con una recaudación inicial de u$s 642 millones para el Estado, a la espera de un monto adicional que se definirá la próxima semana. Este resultado económico busca reforzar el objetivo de superávit fiscal de la administración libertaria.

Capitales nacionales a cargo de la energía

Un punto central de la adjudicación final es que las represas quedaron en manos de grupos de capitales argentinos, descartando la preocupación de una entrega total a operadores extranjeros:

Dato Clave: Las empresas ganadoras, en su mayoría, ya tienen experiencia en el sector energético argentino. La central Alicurá fue adjudicada al grupo Edison Inversiones, encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes cuentan con un importante pool de accionistas locales, incluyendo a los empresarios Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai y Carlos Giovanelli. El grupo Central Puerto es el actual concesionario de Piedra del Águila, mientras que BML Inversora (MSU) había adquirido la controlante de Cerros Colorados hace cuatro meses.

Tensiones federales y compromisos de inversión

El proceso de venta, acelerado bajo normativas que excluyeron a las empresas estatales y determinaron un plazo de 30 años hasta 2056, generó una fuerte tensión con los gobiernos provinciales. Tanto Neuquén como Río Negro expresaron su rechazo por la exclusión de la participación accionaria en la gestión de un recurso estratégico ubicado en sus territorios.

Si bien la administración nacional se mantuvo firme en su decisión de privatización completa, los pliegos incluyeron la obligatoriedad para los nuevos operadores de pagar tres fuentes de ingresos para las cajas provinciales:

• Canon por "uso de agua": Equivalente al 2% de la recaudación.
• Canon para la AIC: Otro 2% destinado a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.
• Regalías: Equivalentes al 12% de las ventas de energía.

Además de los pagos, los nuevos concesionarios deberán presentar y ejecutar un plan integral de obras y recambio de equipos para garantizar la extensión de la vida útil de las represas por otros 30 años más allá de 2056.

La adjudicación de las cuatro hidroeléctricas, que en conjunto representan cerca del 20% de la generación hidráulica del país, marca un hito en la política energética del Gobierno de Milei, alineada con la eliminación de activos estatales para conseguir renta fiscal inmediata.