En una sesión caótica y tras sufrir severas modificaciones en comisiones, La Libertad Avanza tuvo que retirar el tratamiento del proyecto de "Inviolabilidad de la propiedad privada". La oposición dialoguista forzó la dilación frente a una Patricia Bullrich con poca reacción en el recinto. El capítulo que habilita la entrega de tierras rurales en zonas de frontera y destruye la Ley del Fuego quedó bajo la lupa.

La estrategia de entrega exprés de los bienes comunes de la Patagonia sufrió un inesperado traspié en el Congreso. Según revelaron distintos medios de prensa de la República Argentina, el Senado de la Nación pospuso la aprobación de la ley de "Inviolabilidad de la propiedad privada". Un proyecto medular para la Casa Rosada que busca desregular por completo el mercado de tierras.

Las derrotas oficiales en las comisiones

El texto original enviado por el Poder Ejecutivo ya venía podado desde el plenario de comisiones de mayo, donde el oficialismo debió conceder duros cambios ante el rechazo opositor. El primer gran revés para la Casa Rosada fue la eliminación completa del capítulo diseñado por el ministro Federico Sturzenegger que pretendía liquidar el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Asimismo, en materia de desalojos, la oposición logró amortiguar las intenciones más agresivas del proyecto inicial al forzar en el texto una diferenciación explícita entre las figuras de locatarios y usurpadores reales, frenando así la implementación de los desalojos exprés automáticos.

Por otra parte, el dictamen incorporó una polémica modificación en su artículo tercero que otorga a los gobernadores la facultad de exceptuar las restricciones y definir, por cuenta de las provincias, la venta de tierras rurales a particulares y empresas extranjeras. Esta concesión no solo elimina los topes históricos de la Ley de Tierras, sino que abre una ventana de total opacidad legal al permitir que los mandatarios provinciales soliciten la compra de campos en zonas de seguridad de frontera por parte de Estados extranjeros mediante simples acuerdos de cooperación, un mecanismo discrecional que es observado con profunda desconfianza por romper la centralidad de la defensa y la integridad territorial de la República.

El ataque a los bosques nativos y las fronteras

A pesar de las modificaciones en el recinto, la jefa oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, ratificó que el proyecto mantiene el mayor poder a los mandatarios provinciales para la venta de tierras. En el caso de las áreas críticas de seguridad de frontera, insistió en que se avanzará mediante la intervención del distrito con una autorización previa de la Nación.

Lo que encendió las alertas ambientales y de soberanía en esta última sesión es que el proyecto oficialista hace desaparecer la Ley del Fuego sancionada durante la gestión anterior. La iniciativa de Milei busca eliminar de raíz el plazo de 60 años de prohibición de uso o cambio de dominio sobre tierras afectadas por incendios de bosques nativos o implantados. De aprobarse, esto abriría un incentivo directo para la quema intencional de tierras ricas en recursos hídricos en la Patagonia para su posterior loteo y extranjerización.

La resistencia de los velos jurídicos

Esta postergación en el Senado demuestra que, a pesar del andamiaje legal que el Poder Ejecutivo intenta montar con el RIGI y la Ley de Glaciares, la entrega total del territorio aún encuentra límites institucionales.

Mientras dictámenes como el de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) advierten que la mera posesión irregular de tierras fronterizas por parte de extranjeros —como ocurre con el magnate chileno Ibáñez Bulnes en Santa Cruz, los árabes en el Cerro Carreras o Joe Lewis en Río Negro— constituye un daño flagrante a la integridad territorial, el oficialismo se ve obligado a recalcular su estrategia en el Congreso. La Patagonia sigue en el radar del saqueo corporativo internacional, pero la resistencia legislativa ha logrado ganar tiempo en defensa de la soberanía nacional.