La reciente aprobación unánime en la Cámara de Diputados de la Ley de adhesión al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP/PSMA) fue presentada ante la opinión pública como una victoria de la sustentabilidad y el control marítimo. Sin embargo, detrás del ropaje del ambientalismo multilateral impulsado por la FAO desde 2009, la Argentina acaba de convalidar una herramienta jurídica que entraña un riesgo directo y profundo para el reclamo imprescriptible de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos.

La trampa de la "gobernanza global": el fin de la reserva de soberanía

El punto más alarmante del acuerdo multilateral radica en su estructura jurídica: el AMERP prohíbe taxativamente la formulación de reservas.

En la práctica diplomática histórica, la Argentina ha ratificado tratados internacionales asentando de forma explícita salvaguardas territoriales. Estas cláusulas garantizan que la aplicación del tratado no implica, en ningún caso, el reconocimiento de la ocupación británica ni de los actos administrativos del gobierno colonial en los archipiélagos.

Al adherir a un tratado sin derecho a reserva, la Argentina cede una herramienta fundamental de resguardo. La excusa de la lucha contra la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) opera aquí como un caballo de Troya: se adopta un compromiso global a expensas de dejar desprotegido el frente jurídico en el Atlántico Sur.

Del Estado de Pabellón al Estado del Puerto: una cesión peligrosa

El AMERP rompe con una norma secular del Derecho Marítimo Internacional: la autoridad del Estado de pabellón (el país bajo cuya bandera navega el buque). En su lugar, el acuerdo transfiere la potestad fiscalizadora y de sanción al Estado del puerto.

Esta alteración abre un escenario de extrema gravedad geopolítica:

• Legitimación de actos ilegítimos: Si un buque pesquero intervenido o autorizado por la administración colonial británica en Puerto Argentino recala posteriormente en un puerto del continente, el marco legal del AMERP obliga a las autoridades argentinas —Prefectura Naval y autoridades de puerto— a dar continuidad a los procedimientos administrativos o sancionatorios iniciados en las islas.
• Reconocimiento tácito: Al actuar sobre la base de las actuaciones e informaciones emitidas por las autoridades británicas en el archipiélago, el Estado argentino corre el riesgo inminente de validar, en los hechos, la jurisdicción y la potestad de policía de un gobierno colonial que califica de ilegítimo.

El acuerdo fuerza a las autoridades nacionales a actuar como continuadoras administrativas del régimen ocupante en Malvinas, mutando la soberanía territorial por un rol secundario de policía portuaria.

Sustentabilidad sin soberanía es colonialismo ambiental

Nadie niega la devastación biológica que ejercen las flotas extranjeras en la Milla 199, 200 o 201 y la urgencia de proteger la biomasa del Atlántico Sur. Sin embargo, enmarcar la solución en tratados internacionales que ignoran el conflicto de soberanía no es un avance: es una capitulación técnica.

El Reino Unido ha utilizado históricamente la agenda de conservación —desde la declaración de zonas de protección marina ilegítimas hasta la venta de licencias de pesca en aguas disputadas— para afianzar su presencia en el Atlántico Sur. El AMERP le otorga al régimen isleño un paraguas internacional para validar sus inspecciones y controles bajo la bandera de la FAO.

Una unanimidad irresponsable

Resulta incomprensible que la Cámara de Diputados haya votado en forma unánime un instrumento que contradice la doctrina de Cancillería y las advertencias expresas de miembros del Servicio Exterior de la Nación.

La política pesquera y ambiental de la Nación no puede diseñarse al margen o por fuera de la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional. La lucha contra la pesca furtiva debe librarse mediante el fortalecimiento del patrullaje marítimo, la presencia del Estado en la ZEE y una diplomacia bilateral firme; no mediante la firma a ciegas de acuerdos multilaterales que entregan jirones de soberanía a cambio de un aplauso en los foros internacionales.