La controversia en torno al vuelo de LATAM entre Punta Arenas (Chile) y las Islas Malvinas y que está haciendo escala temporaria una vez por mes en Ushuaia pero que omite el nombre oficial de su Aeropuerto Internacional: "Malvinas Argentinas", tomó un nuevo giro. Y es que, a través de su cuenta de X, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, dijo haber enviado una nota formal a la aerolínea, en lo que parece representar una primera acción concreta luego de emitir un ultimátum sin efectos, hace más de una semana. Pero la falta de publicación del contenido de esa carta, sigue generando dudas sobre la verdadera voluntad política del gobierno fueguino.

He enviado una nota formal a @LATAMAirlines rechazando su inadmisible decisión de omitir el nombre oficial "Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas".

— Gustavo Melella (@gustavomelella) September 18, 2025

El pasado 18 de septiembre, Melella publicó en sus redes sociales el envío de la misiva, calificando la decisión de LATAM como "inadmisible" y un acto que atenta contra "identidad, historia y un consenso de todo el pueblo argentino". En su tuit, el mandatario fueguino redobló la apuesta, amenazando con solicitar a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) la remoción de la autorización de la empresa para operar en la provincia si no rectifica su postura.

Melella juega a las escondidas antes de transparentar sus actos de gobierno

Pese a la contundencia de sus declaraciones públicas, el anuncio del gobernador no ha sido acompañado por la difusión de la nota que, por su carácter de interés público, debería estar totalmente disponible para su lectura.

Concretamente, el gobierno provincial no muestra y demuestra la existencia de ese documento, pesar a los cuatro pedidos efectuados por Agenda Malvinas para conocer exactamente a quién se dirigió que es lo que específicamente le reclamó, si la nota fue enviada a una filial argentina, al directorio o a la gerencia general de la empresa, en el lugar del planeta que esta tenga domicilio.

Esta falta de información contrasta con la gravedad de la ofensa que, tal como señaló el propio Melella, es una afrenta a la soberanía nacional.

El silencio del gobierno fueguino sobre los detalles de sus actos oficiales, después de la fuerte retórica de la semana pasada, genera un claro interrogante sobre la seriedad de su ultimátum y la contundencia de la respuesta del Estado provincial ante una empresa que, en sus sistemas, seguía hasta anoche; sin utilizar la denominación oficial del aeropuerto internacional Ushuaia, de “Malvinas Argentinas”; por imposición de la colonia británica que usurpa nuestras Islas.

De la indignación local a la política de Estado

La controversia, que se encendió cuando el vuelo de LATAM entre Punta Arenas (Chile) y las Islas Malvinas, comenzó a operar en Ushuaia por las obras en la pista del aeropuerto de Río Gallegos; no ha dejado de escalar. Desde la condena del intendente Walter Vuoto hasta el viaje de un contingente de veteranos de guerra y familiares que regresaron la semana pasada en el controvertido vuelo, el tema ha movilizado a la sociedad.

Pero el punto culminante, y lo que demuestra la trascendencia del conflicto, es la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación. La diputada Carolina Yutrovic, con el respaldo de 19 parlamentarios, pretender que el Poder Ejecutivo Nacional tome cartas en el asunto, elevando la disputa de un plano provincial, a una cuestión de política de Estado de máximo nivel. La iniciativa legislativa repudia la omisión de la aerolínea, argumentando que permitirla equivale a un "retroceso en nuestra estrategia de reafirmación soberana" y a un "agravio a la historia y a la memoria de quienes defendieron la integridad territorial de la Nación".

El conflicto ahora se centra en dos frentes: de una vez por todas la necesidad de transparencia por parte del gobierno provincial para que demuestre que su respuesta a LATAM es tan firme como sus palabras, y la respuesta por parte de la empresa ante la presión que pueda ejercerse por intervención del Parlamento Nacional.