Como es de público conocimiento, la empresa de capitales israelíes y estadounidenses, Navitas Petroleum, propone iniciar actividades bajo el amparo del gobierno de ocupación y con la protección de la fuerza militar colonialista desplegada en Malvinas por el Reino Unido, en el Área de Desarrollo del Norte del Campo León Marino (Sea Lion) ubicada en la Cuenca del Norte de las islas, con el objetivo de producir y exportar petróleo, profundizando el saqueo de nuestros recursos a largo plazo.
Y es que, para rapiñar nuestros recursos, Navitas se propone un proceso de desarrollo por fases.
Vale aclarar que las licencias de la Cuenca Norte de las Malvinas fueron inicialmente gestionadas por Premier Oil Exploration and Production Limited (POEPL) en colaboración con Rockhopper Exploration (empresa de exploración y producción de petróleo y gas con sede en el Reino Unido y con fuertes intereses en las Islas Malvinas) ante el gobierno de ocupación. Las campañas de perforación exploratoria se realizaron en 2010-2011 y 2015-2016. En 2012, comenzaron los planes para el desarrollo del proyecto León Marino (Sea Lion) con vistas a la producción. En 2020, se presentó y aceptó formalmente una declaración de impacto ambiental para el plan de POEPL. En septiembre de 2022, POEPL fue adquirida por Navitas Petroleum, que ahora opera las ilegítimas licencias de la cuenca.
Según manifiesta Navitas en su declaración, el propósito de la evaluación de impacto ambiental es garantizar que todas las operaciones se realicen en cumplimiento con la legislación del enemigo invasor de las Islas Malvinas y el sistema de gestión operativa de Navitas, que requiere hacer todo lo razonablemente posible para prevenir accidentes mayores y minimizar los impactos ambientales.
En la declaración hay una breve descripción sobre cómo sería el desarrollo de las fases.
Para la Fase 1 se plantea la perforación e instalación de infraestructura submarina; conexión y puesta en servicio del buque flotante para almacenamiento y descarga de producción y producción inicial de petróleo; realización de operaciones simultáneas; producción de petróleo y exportación; soporte logístico y desmantelamiento.
Para la Fase 2 se propone la continuación y expansión de las actividades de la Fase 1 con mitigaciones adicionales y evaluaciones de impacto continuo.
Respecto a la identificación de “sensibilidades ambientales y sociales”, incluyendo la gestión de lagunas de datos, Navitas plantea atender la “sensibilidad ambiental” en la zona de desarrollo y las “sensibilidades sociales” relacionadas con las comunidades locales.
En la declaración, Navitas sostiene que la evaluación se centrará en los aspectos, impactos y riesgos ambientales y sociales, utilizando una metodología para su evaluación. También asume que “se consideran opciones de compensación directa para mitigar los impactos negativos”.
Entre los resultados clave que surgen de la evaluación se encuentra lo que Navitas define como impactos residuales significativos, entre los cuales se destacan:
· Iluminación artificial en alta mar y en la costa;
· Ruido submarino en alta mar;
· Descarga de recortes de perforación;
· Emisiones atmosféricas (factores climáticos);
· Gestión de residuos;
· Riesgo de lesiones a mamíferos marinos debido a colisiones;
· Riesgo de introducir especies marinas invasoras;
· Competencia por recursos de agua dulce y electricidad;
· Uso de la red vial y disturbios a la población humana por la luz.
Navitas sostiene que se establece un Plan de Monitoreo y Gestión Ambiental para garantizar el seguimiento continuo y la mitigación de los impactos ambientales a lo largo del desarrollo del proyecto.
Cabe destacar que en las conclusiones de la evaluación, la empresa que ilegalmente lleva adelante actividades en la Cuenca Norte con el permiso del gobierno invasor que ocupa las Malvinas sostiene, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que “continuará haciendo todo lo que sea razonablemente posible con respecto al monitoreo y la gestión para minimizar los impactos/riesgos ambientales durante las Fases 1 y 2 de Desarrollo”, agregando que “las evaluaciones de impacto y riesgo se revisarán periódicamente para garantizar que los controles permanezcan vigentes y que las actividades que conducen a impactos y riesgos potencialmente significativos estén sujetas a una mejora continua cuando existan oportunidades”.
