En abril de 2015, el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport; el fiscal general coordinador de Distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, presentaron un escrito ante el Juzgado Federal de Río Grande solicitando se investigue la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", sobre las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc; dado que ninguna de ellas contaban "con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
La iniciativa que fue tomada e impulsada por los fiscales como acción penal; había nacido por la denuncia presentada ante la Procelac por el exministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, y el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; luego de conocerse que estas petroleras habían adquirido licencias de exploración y explotación hidrocarburífera en aguas adyacentes al archipiélago, a partir de un proceso licitatorio abierto por la colonia británica que usurpa a la Argentina las Islas Malvinas, a partir de 2010.
Los fiscales Gonella, Rapoport y García Lois, impulsando la denuncia el 24 de abril de 2015.
Gonella, García Lois y Rapoport, le requirieron a la por entonces Jueza Lilian Herráez de Andino, investigara la posible violación al artículo 7 de la ley 26659, de exploración y explotación de hidrocarburos de la Plataforma Continental Argentina -que prevé hasta quince años de prisión y el doble del tiempo de la condena para ejercer el comercio-; y el decomiso de los bienes vinculados, a quienes incurran en la exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización en esa zona.
Dijeron que esa actividad ilegal "produce una significativa afectación de los recursos naturales que pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional"; por lo que requirieron verificar "la comisión de acciones mediante las cuales, utilizando residuos peligrosos, se contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera, o el ambiente en general”. Planteando se investigue “si las actividades ilícitas de exploración y explotación podrían significar contrabando por importación o exportación de bienes en infracción a las leyes aduaneras de nuestro país, al sustraer del contralor aduanero, el ingreso de bienes necesarios para la realización de aquellas actividades y el eventual egreso del producido de las mismas".
Además de las seis nombradas (Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc), también pidieron se investigará a un grupo de sociedades británicas y estadounidenses que de manera directa o indirectamente, "habrían efectuado y/o estarían efectuando aportes de diversa índole a la maniobra delictiva", como Pretoleum Geo-Services (PGS), la cual mediante los buques de sus propiedad “PGS M/V Ramford Sterling”, “PGS Ramform Titan” y “Falcon Explorer”, habría realizado tareas de relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los yacimientos. Desire Petroleum p.l.c., que habría suministrado datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL; Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico “MV Poseidon”, el cual habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales; y Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible “Eirik Raude”, con la cual habrían estado realizando tareas de perforación en el lecho submarino, reseñaron los fiscales.
En junio de ese mismo año, la jueza abrió LA CAUSA 5183/15 y ordenó embargos por más de 156 millones de dólares (en rigor, U$D 156.432.000) sobre los bienes y activos de las empresas británicas y estadounidenses denunciadas por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina de las Islas Malvinas.
También ordenó el cese inmediato de la exploración y explotación en territorio argentino, ante la posibilidad que se hubieran producido graves e irreparables daños ambientales como consecuencia de estas actividades petroleras ilícitas.
La ausencia de la ley “SOLANAS”
LA CAUSA N° 5183/15, toma como legislación probatoria en cuanto a los perjuicios y violaciones cometidos por las petroleras británicas contra el Estado Argentino, las leyes N° 22.415 y N° 24.051. La primera: el CODIGO ADUANERO y la segunda sobre RESIDUOS PELIGROSOS, y no la Ley N° 26.659 o “Ley Pino Solanas” que sanciona a aquellas empresas que realicen exploraciones petroleras en zonas de la plataforma continental argentina sin permiso del gobierno nacional, y especialmente afectando la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Ley que además prohíbe que las empresas petroleras o subsidiarias que operan sobre Malvinas, puedan trabajar en la Argentina.
Y es que la Dra. Herráez parece haberse inclinado en avanzar rápidamente con dos leyes con amplia jurisprudencia internacional en similitud, como las existentes en materia aduanera y ambiental, y no por la Ley 26.659; cuya aplicación no encuentra analogía en otros países. Lo que da cuenta que la sentencia no se avoca a resolver de manera directa el problema en materia petrolera, como aspecto central de la presencia de las empresas inglesas y de otras nacionalidades en aguas jurisdiccionales argentinas.
El abandono del “macrismo” y el “albertísmo”
8 años y tres meses después de abierta la CAUSA Nº 5183/15, los dos gobiernos que sobrevinieron al de Cristina Fernández de Kirchner no solo que no se interesaron en saber cómo evolucionaba, sino que tampoco aportaron documentación y/o información nueva que permitiera mantener la vigencia de la acción penal en consonancia a los cambios societarios y empresariales que se sucedieron en el orden internacional, alrededor del proceso petrolero puesto en marcha por Gran Bretaña a través de su colonia la década pasada.
En septiembre de 2016 y con la firma del Pacto Foradori-Duncan, el expresidente Mauricio Macri había fijado posición cuando acepto “remover” a favor del Reino Unido; “todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. En consecuencia, LA CAUSA nunca estuvo dentro de su interés político.
Como es evidente, Alberto Fernández dio continuidad al desinterés del macrismo, y en los 3 años y 10 meses de su gobierno no hizo ningún aporte sustantivo a la acción judicial contra las petroleras.
La jueza Mariel Borruto (quien en mayo de 2019 reemplazó a Lilian Herráez de Andino), solo recibió en 2022, la visita de la Directora de Malvinas de la Cancillería, Sandra Pitta; quien le manifestó la imposibilidad de obtener respuesta a los exhortos librados por el Juzgado a las empresas británicas e informó sobre los exitosos apoyos diplomáticos obtenidos en el G-77 + China (hoy integrada por 134 países) y en otros organismos internacionales, con los cuales se obtuvo como resultado, la insistencia del G-77 para que argentina realice acciones judiciales contra las petroleras que adquirieron ilegales licencias para operar en Malvinas. Asunto con los que la Cancillería solo se atreve a realizar campañas periodísticas.
La decisión del Frente de Todos de no darle interés, había quedado clara en febrero de 2020. En la primera visita realizada a Ushuaia por Daniel Filmus en su rol de Secretario de Malvinas de Cancillería (quien volvió al cargo en 2019 luego de haberlo estrenado durante la presidencia de Cristina Fernández y que ejercía al momento en que los Fiscales presentaron la denuncia); y en una reunión con los miembros del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego, Filmus respondió, a la pregunta si iban a reactivar LA CAUSA; que el efecto de la denuncia había cumplido su fin en 2015: “hacer caer el precio de las acciones de las empresas” en las bolsas de valores de EEUU y Londres, y desalentar a inversores. Y que de ahí en adelante la que tenía que actuar era la propia Justicia.
Daniel Filmus, el 28 de febrero de 2020, reunido con el Observatorio Malvinas de Tierra del Fuego.
Tampoco hubo muestras de interés por parte de la gestión del gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella.
Melella, que en 2016 como intendente; había recibido a los miembros del centro de excombatientes de Río Grande y coincidido en la necesidad que la gobernadora Rosana Bertone debía constituirse en QUERELLANTE de LA CAUSA ante la inacción del macrismo, ni ha hecho referencia de la denuncia. Nadie de su gabinete pasó por el juzgado para informarse sobre la marcha del proceso judicial.
Los únicos interesados; los excombatientes de Malvinas
En 2015 a los pocos meses de iniciada LA CAUSA y librado los exhortos para embargar a las empresas; los exsoldados combatientes de Malvinas Horacio Chávez y Daniel Guzmán, se reunieron con la Jueza Lilian Herráez. Además de ofrecerles toda la colaboración que pudiera precisar, tomaron conocimiento sobre la falta de estructura del Juzgado y la necesidad de contar con mayor cantidad de funcionarios para atender la Cuestión Malvinas.
A fines de 2017, luego de la jubilación de Lilian Herráez, cuando Mariel Borruto aún era secretaria del Juzgado; y autorizada por el juez subrogante Federico Calvete, la hoy magistrada recibió a los excombatientes Daniel Guzmán y a Roma Alancay (por entonces presidente del Centro de Veteranos de Río Grande), y al periodista y delegado gremial de la UOM Río Grande, Pablo Ibáñez.
En la reunión se tomó nota de los 16 oficios librados por Lilian Herráez dirigidos a organismos nacionales; entre ellos ADUANA, PREFECTURA, CANCILLERÍA y del REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS PETROLERAS; de los 5 exhortos diplomáticos y también sobre las solicitudes que la exjueza había requerido para conocer los nexos locales de las empresas involucradas.
A su vez se pudo conocer que la Cancillería había impugnado los exhortos diplomáticos de la Jueza Herráez, bajo el pretexto que ante la falta de expresiones como “nuestras Malvinas”, como pronombre determinante posesivo que ratificara por parte de la justicia argentina, la pertenencia de la soberanía reclamada sobre el área en disputa. Dado que según los funcionarios de Cancillería, podría inferirse falta de interés o tibieza por parte de la argentina en el reclamo soberano.
De tal manera dos años después de ser librados, los exhortos volvieron al Juzgado Federal de Río Grande; donde se le cambiaron expresiones tales como; donde decía “Malvinas” o “Islas Malvinas”, se modificó por “nuestras Malvinas”; o “nuestras islas Malvinas”. Por ese motivo una parte importante de LA CAUSA, técnicamente volvió a foja cero.
Por tercera vez, en esta oportunidad el pasado viernes 22 de septiembre, los exsoldados combatientes de Malvinas Sergio Marroco y Daniel Guzmán, se reunieron con el secretario de Juzgado Federal de Río Grande, Juan Vicente.
En este último encuentro, los combatientes pudieron conocer que en 2019 el juzgado solicitó la intervención de la Prefectura Naval Argentina y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE; para que a través del sistema satelital argentino verificara la existencia o no de derrames que pudieran generar manchas y contaminación observable sobre la superficie del mar, entorno al archipiélago malvinero.
Luego de dos años largos de observación, en 2022 la Prefectura y la CONAE informaron al juzgado no haber encontrado o detectado daño ambiental producido por actividad petrolera. Asunto que no podría ser de otra manera, ya que el proceso petrolero ilegal en Malvinas hasta el momento (octubre de 2023), solo ha sido de exploración y no de explotación como sí podría suceder en 2024 en el yacimiento Sea Lion/León Marino, través de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
También pudieron saber que la directora de Malvinas de Cancillería, Sandra Pitta; transmitió al juzgado, poseer dificultades en materia diplomática para notificar y para embargar a las empresas radicadas en Gran Bretaña debido a que estos no reconocen la soberanía argentina de Malvinas. Esto significa que algunos o todos exhortos, si fueron enviados, habrían tenido nulos resultados.
Aún así, a pesar de las pocas expectativas; en el juzgado existen esperanzas de poder llegar con los exhortos a empresas que se encuentren radicadas en Europa, como en el caso de una empresa holandesa (de Países Bajos) que, en otra causa iniciada por la Secretaría de Energía de la Nación; la petrolera se retiró de la operación en Malvinas, al reconocer el reclamo argentino por su soberanía.
Los cambios existentes en el mapa internacional, producto de la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea, a partir de brexit, son para el juzgado un hecho auspicioso, por lo que se espera la colaboración de la Cancillería, para que guíe a la magistrada, y de esta manera las medidas solicitadas en 2015, aunque tarde y quizás de manera parcial, puedan cumplirse.
En la búsqueda de nexos societarios, se pudo saber que el Juzgado Federal de Río Grande pidió la colaboración de la Secretaría de Energía; entidad que, mediante información publicada en la web; poseía datos extraoficiales de las empresas involucradas en las operaciones petroleras en Malvinas. A partir de ello, se le pidió información a la Comisión de Valores para constatar la existencia o no de relaciones societarias en la argentina con esas empresas, asunto que no arrojó hasta el momento resultados positivos.
El gobierno fueguino tiene elementos suficientes para ser querellante
Durante el diálogo mantenido con el secretario Juan Vicente, se lo consultó si el actual gobierno provincial había solicitado información de LA CAUSA o si se había constituido en querellante de la misma. En ambos casos, la respuesta fue negativa.
Aunque para el funcionario judicial, el gobierno fueguino tendría elementos suficientes para constituirse en querellante. Entiende que están en juego los recursos naturales de propiedad del Estado provincial. Que el petróleo que se esté extrayendo o vaya a extraerse de Malvinas es fueguino, y que es esta Provincia la que además, debería recibir las regalías correspondientes.
Los últimos movimientos de LA CAUSA
Los últimos movimientos que posee LA CAUSA siempre generados por el propio juzgado; se dieron este año con la renovación de los pedidos a la Prefectura Naval Argentina para que verifique la existencia o no de contaminación ambiental en el área norte de Malvinas, por posibles derrames petroleros. Y en el pasado mes de mayo, un nuevo requerimiento a la Cancillería para conocer si pudieron presentar los exhortos, y en ese caso cuales. Solicitud que hasta fines de septiembre no habían tenido respuestas, por lo que la Jueza iba a reiterar su pedido.
De todos modos, en LA CAUSA todo gira entorno a las empresas denunciadas en 2015.
En los 8 años y cinco meses de prosecución y existencia, ni los fiscales García Lois y Rapoport, ni la PROCELAC, ni las gestiones presidenciales de Mauricio Macri y de Alberto Fernández aportaron datos sobre las empresas hidrocarburíferas que se retiraron de Malvinas, ni de las que las reemplazaron, ni las que se sumaron comprando los paquetes accionarios de las existentes. Datos estos últimos que fueron aportados por los excombatientes, en específico; sobre la incorporación de Navitas Petroleum como socia mayoritaria de Rockhopper Exploration. Una de las pocas compañías que figuran en el inicio de LA CAUSA, y que mantienen su proyecto y con serias expectativas de iniciar el proceso extractivo del Yacimiento Sea Lion/León Marino, a partir de la perforación de 18 pozos y la extracción de 80.000 barriles de petróleo por día.
