Este miércoles 10 de diciembre, la petrolera británica Rockhopper Exploration plc anunció dar luz verde, a la explotación del yacimiento petrolífero Sea Lion / León Marino, ubicado en la Plataforma Continental Argentina, al norte del archipiélago de Malvinas. Un anuncio que representa la consolidación de un proceso de usurpación económica de 15 años y pone de manifiesto la grave escalada del colonialismo británico en el Atlántico Sur.

La compañía, junto a su socia israelí Navitas Petroleum, informó haber tomado la Decisión de Inversión Final (FID), un paso que asegura haber reunido los fondos necesarios y la aprobación formal de la colonia británica usurpadora, para iniciar la perforación y desarrollo del yacimiento, ubicado a 218 km al norte de las Islas Malvinas.

La explotación, de carácter offshore (mar afuera), se proyecta para una fase inicial de 35 años, solidificando la presencia económica ilegal del Reino Unido sobre recursos naturales que pertenecen legítimamente a la República Argentina.

La millonaria inversión para un negocio ilegal

El anuncio técnico, hecho público en la Bolsa de Valores de Londres, asegura un financiamiento de 1.800 millones de dólares (USD) para alcanzar el "Primer Petróleo" (First Oil). Un hito que, según los planes de la empresa, ocurriría en el año 2028, dentro de un plan de inversión total, estimado en 2.100 millones de dólares.

El yacimiento Sea Lion es de tal magnitud que es considerado de “clase mundial”. Un informe de la consultora Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) de junio de 2025, estimó reservas por un total de 917 millones de barriles de petróleo, lo que ilustra la inmensa riqueza que el enclave colonial británico se dispone a extraer ilegalmente del subsuelo argentino.

Disposición del desarrollo de la FPSO Sea Lion y las fases 1 y 2; Fuente: Navitas

La confirmación de haber reunido estos fondos por parte de Rockhopper, se produce tras recibir la aprobación del ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas, para avanzar en el saqueo de los recursos argentinos.

El CEO de Rockhopper, Sam Moody, celebró el anuncio como "la culminación de más de 20 años de trabajo", ignorando deliberadamente que la base de ese trabajo es la usurpación territorial y el incumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

15 años de avance colonial

Este anuncio no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso iniciado con los primeros contratos de exploración otorgados ilegalmente por la colonia a partir de 2010. Este avance petrolero marca la segunda fase de la estrategia colonial británica para expandir su economía basada en el territorio ocupado.

• Fase 1: El Saqueo Pesquero: Históricamente, el Reino Unido ha utilizado la colonia para expandir su jurisdicción marítima ilegalmente y otorgar licencias de pesca a empresas extranjeras (españolas, coreanas, taiwanesas, etc.), depredando los recursos ictícolas argentinos. 

• Fase 2: La Explotación Hidrocarburífera: El desarrollo de Sea Lion busca establecer una fuente de riqueza masiva y a largo plazo, consolidando la presencia británica en el Atlántico Sur bajo la fachada de la "economía isleña".

La dejadez argentina

Desde el punto de vista de la vulneración de la soberanía argentina, este anuncio es una grave advertencia que exige una respuesta de Estado.

El avance petrolero de Rockhopper, pese a su ilegalidad, se ha visto facilitado por la dejadez permanente de distintos gobiernos argentinos en la aplicación de una política exterior activa y contundente para defender la soberanía y los recursos.

No obstante, existe un precedente de que la acción del Estado argentino tiene la capacidad de frenar este tipo de avances. Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se inició un proceso judicial que logró paralizar temporalmente las operaciones y generó un significativo costo político y legal a las compañías involucradas.

La decisión de Rockhopper de avanzar con contratos clave, como el fletamento de una Unidad Flotante de Producción (FPSO) y los contratos de perforación, debería obligar al gobierno argentino y especialmente al de Tierra del Fuego, a retomar con urgencia la línea de acción judicial y diplomática.

El inicio de la perforación en 2028 no solo implica un saqueo millonario, sino también un alto riesgo ambiental por la posibilidad de un derrame petrolero en una zona de altísimo valor ecosistémico. La soberanía no es solo territorial, sino también la defensa del patrimonio natural de la Nación.

El Estado argentino debe actuar inmediatamente para reafirmar ante la comunidad internacional que los actos unilaterales de la colonia británica en la Plataforma Continental Argentina son nulos, ilegales y de ningún valor jurídico, deteniendo este nuevo y peligroso capítulo de la usurpación de las Islas Malvinas y sus espacios marítimos.