A diferencia del histórico bloqueo diplomático que durante más de una década frenó los requerimientos del Juzgado Federal de Río Grande en la causa 5183/15 iniciada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Palacio San Martín dio curso inmediato al auxilio judicial internacional, contra el saqueo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte, cuya fase operativa ingresó en su etapa final.

Las medidas se llevan adelante, en el marco de las causas penales radicadas en los tribunales de Comodoro Py, donde los jueces federales Julián Ercolini y Ariel Lijo libraron exhortos diplomáticos con destino a los gobiernos de Gran Bretaña e Israel, requiriendo la identificación formal de las estructuras societarias, los accionistas y los integrantes de los directorios de Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited.

La medida judicial apunta a individualizar a los ejecutivos extranjeros a cargo del proyecto Sea Lion —que opera con permisos ilegítimos otorgados por el gobierno colonial en Malvinas— para fijar responsabilidades penales concretas ante eventuales citaciones a declaración indagatoria, pedidos de captura o procesamientos bajo la Ley 26.659.

El dato político e institucional saliente radica en la vía administrativa: a diferencia de lo ocurrido a lo largo de los últimos años, la Cancillería argentina dio curso inmediato a los pedidos judiciales. La celeridad del Palacio San Martín contrasta de lleno con el derrotero de la causa madre 5183/15, abierta en 2015 en el Juzgado Federal de Río Grande por la exjueza Lilian Herraez de Andino. Durante más de una década, y hasta hace escasas dos semanas, la justicia federal de Tierra del Fuego chocó contra la sistemática reticencia del área diplomática para diligenciar los exhortos internacionales contra las corporaciones petroleras, manteniendo congeladas las medidas de fondo.

La causa de Ercolini: foco en Navitas y delimitación geográfica

En el juzgado a cargo de Julián Ercolini —con intervención del fiscal Eduardo Taiano y medidas preliminares impulsadas por Ramiro González—, el requerimiento apunta de manera directa a la compañía con sede en Tel Aviv:

• Estructura corporativa y mandos: Solicitó a Gran Bretaña e Israel que remitan la nómina completa de directores, apoderados y responsables legales de Navitas Petroleum Development & Production LTD y sus socias comerciales vinculadas a los bloques insulares.
• Certificación de clandestinidad: Libró oficio a la Secretaría de Energía de la Nación para constatar formalmente que la operadora no cuenta con permisos, concesiones ni autorizaciones emitidas por la República Argentina.
• Georreferenciación oficial: Exigió al Servicio de Hidrografía Naval (SHN) la acreditación cartográfica y las coordenadas exactas de las áreas de exploración, a fin de certificar en el expediente que los yacimientos bajo explotación ilícita se sitúan en la Plataforma Continental Argentina y dentro de la Zona Económica Exclusiva.
• Historial diplomático: Requirió a Cancillería el registro de protestas formales y notas diplomáticas remitidas específicamente contra el grupo Navitas.

La investigación de Lijo: entramado societario y ampliación penal

Por su parte, el juez federal Ariel Lijo hizo lugar a las medidas formuladas por el fiscal Carlos Stornelli, ampliando la imputación penal sobre el consorcio comercial tras la presentación de la Casa Rosada:

• Las firmas bajo la lupa: Además de Navitas (operadora con el 65%), la pesquisa sumó como imputadas a Rockhopper Exploration PLC (35%) y a sus subsidiarias Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, junto a los antecedentes de Desire Petroleum Limited.
• Resoluciones históricas: Solicitó a Energía los expedientes que sustentaron las resoluciones 130/2012 y 131/2012 (que declararon «ilegales y clandestinas» las actividades) y las 457/2013 y 476/2013, que inhabilitaron a las firmas por 20 años para operar en el país.
• Seguridad y medio ambiente: Requirió informes a Jefatura de Gabinete sobre antecedentes de denuncias ambientales, al Ministerio de Seguridad sobre posibles intervenciones de fuerzas federales y a la Secretaría de Malvinas de Cancillería para incorporar el expediente completo del caso.

La pinza judicial sobre Sea Lion

El envío de los exhortos en Buenos Aires converge con el frente procesal abierto en la propia jurisdicción fueguina, donde la jueza Mariel Borruto ordenó hace dos semanas la suspensión material inmediata de los trabajos preparatorios de Sea Lion al hacer lugar a la acción preventiva de daño colectivo impulsada por abogados ambientalistas y el CECIM La Plata.

La tramitación efectiva de los exhortos por parte de la Cancillería formaliza un canal directo entre los tribunales federales y las jurisdicciones extranjeras de donde provienen los capitales de la explotación. Mientras Londres ratifica la extensión ilegítima de licencias en las islas y defiende el «libre comercio» ante la ONU, la justicia penal argentina avanza en la recolección de pruebas societarias para sentar a los directores extranjeros en el banquillo por la usurpación de los recursos naturales en el Atlántico Sur.