La legisladora rionegrina Magdalena Odarda entiende que en caso de probarse "la complicidad" entre los grupos petroleros con participación de empresas británicas que operaron ilegalmente en Malvinas, "tienen que declararse nulo el acto de concesión"; trazando con ello, el posible horizonte judicial que le deparará a la Secretaría de Energía de la Nación y a mandatarios de tres provincias patagónicas, a quienes la cabe la responsabilidad de permitir la operación de Harbour Energy.

La acusación cobra mayor trascendencia luego de que la legisladora ampliara sus conceptos en el programa "No somos neutrales", de Radio+ 104.9 mhz de Río Grande, conducido por el exsecretario de Energía de Tierra del Fuego, Moisés Solorza.

El señalamiento de Odarda no es una mera crítica política; se basa en un antecedente legal ineludible: la Causa N° 5183/15 que tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego; impulsado en 2015 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; sobre la cual, nadie de la dirigencia política fueguina y nacional han querido retomar, ni conocer su estado. En ella la exjueza Lilian Herráez sancionó a Premier Oil por la exploración ilegal en el yacimiento Sea Lion (León Marino), bajo licencia británica en Malvinas; inhabilitándola por 15 años, en una sentencia donde se libraron embargos de activos por más de 156 millones de dólares ($156.432.000).

El quid de la denuncia es la identidad corporativa: Odarda asegura que Harbour Energy es la misma Premier Oil, como consecuencia de haber probado la continuidad de la empresa sancionada, mediante documentos oficiales del Reino Unido y el Boletín Oficial de la República Argentina, donde se observa que comparten un mismo número de registro jurídico. Esta maniobra, sostiene, constituye un fraude a la ley argentina diseñado para esquivar la inhabilitación y seguir operando, incluso adquiriendo activos en la Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1) en Tierra del Fuego y en Neuquén.

La encrucijada de la nulidad y la defensa de la soberanía

La legisladora fue enfática al trazar las consecuencias legales de probar este accionar: si se verifica que Harbour Energy es la continuadora de Premier Oil, las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Energía y los gobiernos provinciales quedarían automáticamente invalidadas por violación de la Ley 26.659. No solo se pondría en riesgo la legalidad de las concesiones, sino también la validez de audiencias públicas como la del proyecto de Southern Energy (consorcio al que pertenece Harbour), constituido para la construcción de un gasoducto y la exportación de gas de Río Negro.

"La defensa de la soberanía no es un mero discurso", afirmó Odarda. Al permitir que una empresa sancionada por operar ilegalmente en Malvinas trabaje libremente en el territorio continental, las autoridades nacionales y provinciales están socavando el reclamo histórico y constitucional de la Nación. Este accionar envía un mensaje peligroso al plano internacional, sugiriendo una debilidad en la postura argentina ante la usurpación de recursos estratégicos en Malvinas.

Complicidades políticas y el futuro de los funcionarios

El escándalo se extiende a una "cadena de complicidades" en la Patagonia. La Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María del Carmen Tettamanti, habilitó con "sospechosa velocidad" los permisos que permitieron el ingreso de Harbour Energy a través de consorcios, desoyendo el antecedente judicial.

El caso de Tierra del Fuego resulta especialmente grave. Si bien el gobernador Gustavo Melella calificó la entrada de Harbour Energy como un "hecho de extrema gravedad" por violar la Ley 26.659, posteriormente le extendió la concesión del yacimiento Fénix al consorcio donde participa la petrolera británica. La ilegalidad toma mayor volumen en el momento que comprendiendo el acto delictual de la petrolera y la complicidad de sus socias, el gobernador instigó a la Legislatura fueguina a que aprobara la renovación del mayor contrato petrolero de Tierra del Fuego con información falsa sobre la identidad de la empresa.

La denuncia presentada por Odarda ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) busca que se investigue el posible caso de corrupción y que se determine la responsabilidad de los funcionarios involucrados. De confirmarse el fraude a la ley y la complicidad en la habilitación de una empresa inhabilitada, las consecuencias legales podrían ser más que severas.