Seafood Media Group, una de las redes privadas de información, inteligencia comercial y noticias del sector pesquero y acuícola a escala global, informó durante el transcurso de esta mañana, que la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) suprimió de sus plataformas públicas, la nómina oficial de firmas que integran ACEMIX (Asociación de Sociedades Mixtas Pesqueras).

La maniobra de borrado digital se ejecutó de forma intempestiva apenas confirmada la resolución de la jueza federal de Río Grande, Dra. Mariel E. Borruto, quien ratificó formalmente la competencia de su tribunal en la demanda colectiva ambiental impulsada por la Fundación Agustina Lerena.

El intento de la patronal pesquera gallega por borrar el padrón societario, busca ocultar el entramado que conecta a los grandes grupos armadores de España con compañías habilitadas en la Argentina continental y sociedades mixtas con bandera colonial de las islas Malvinas. Sin embargo, la maniobra llega tarde: la evidencia ya fue preservada mediante protocolos notariales digitales y registros certificados de repositorios públicos —con verificación consolidada a julio de 2026—, lo que garantiza su plena validez procesal como prueba documental.

La trampa del doble estándar bajo asedio judicial

La quita de la nómina de ACEMIX, apunta al flanco más vulnerable de las pesqueras de Vigo: la violación del artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca 24.922 argentina (modificada por la Ley 26.386). Dicha norma prohíbe taxativamente que empresas que operan con permisos nacionales en el Mar Argentino mantengan relaciones jurídicas, comerciales o de beneficio con firmas o buques que explotan sin autorización los espacios marítimos circundantes a Malvinas.

El escrito inicial presentado por el Dr. César Lerena, con el patrocinio del constitucionalista Dr. Eduardo Barcesat, individualiza a ocho compañías habilitadas en el país que integran ACEMIX junto a las matrices que operan con permisos británicos:

• Iberconsa de Argentina S.A.
• Pesquera Santa Cruz S.A.
• Pesquera Deseado S.A.
• El Marisco S.A.
• Pesquera Ceres S.A.
• PESANTAR S.A. (Newsan / Profand)
• Vieira Argentina S.A.
• Ulises Castagnaro

A este listado se suman las estructuras bajo investigación directa por supuesta vinculación operativa con armadoras licenciadas en Malvinas, como Estrella Patagónica (EPSA / Pescapuerta), Bricel S.A. (Pereira) y CONARPESA (WOFCO).

Especialistas en derecho procesal advierten que eliminar los directorios o padrones institucionales no solo resulta estéril frente a la trazabilidad societaria acumulada entre 1989 y 2025, sino que expone a las cúpulas directivas a cargos por presunta obstrucción probatoria y ocultamiento malicioso.

La ofensiva transnacional: embargos y ampliación de demandas

El reporte de Seafood Media Group confirma además que el frente legal ingresa en una etapa de escalada mediante dos cursos de acción simultáneos:

1.    Ampliación en el caladero continental: La demanda se ampliará formalmente en los tribunales fueguinos para alcanzar a nuevos grupos con fuerte presencia en aguas nacionales. Entre las firmas que quedaron bajo la lupa judicial y técnica figuran el Grupo San Isidro y Argenova, cuyas estructuras societarias y operativas están siendo cotejadas con las flotas que operan en el enclave.

2.    Acción judicial en el exterior: La querella prepara exhortos diplomáticos y litigios en múltiples jurisdicciones foráneas (abarcando plazas clave en España, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Italia y los Países Bajos). El objetivo es solicitar embargos preventivos sobre cuentas bancarias, trabar la interdicción de navegación a buques pesqueros involucrados y ejecutar demandas patrimoniales directas contra los directores y apoderados de las sociedades mixtas hispano-isleñas.

La confesión implícita de la ilegalidad

Consultado por la agencia internacional, el Dr. César Lerena declinó formular declaraciones amparándose en la reserva procesal de las actuaciones, aunque confirmó un inminente traslado al exterior para coordinar la estrategia transnacional.

La desesperada maniobra de ARVI, de borrar los barcos de la página de ACEMIX; funciona como una confesión de culpabilidad corporativa. Los armadores de Vigo saben que el blindaje burocrático con el que operaron durante casi cuatro décadas en el Atlántico Sur se quebró: las resoluciones de la Justicia Federal de Río Grande no son un ejercicio retórico, sino un cepo legal que avanza sobre las cuentas, los barcos y los permisos de quienes hicieron del expolio colonial su modelo de negocios.

LISTADO DE EMPRESAS Y BARCOS BORRADOS DE LA PÁGINA DE ACEMIX