En un movimiento que conjuga audacia tecnológica y realineamiento geopolítico, el anuncio de una inversión de hasta 25.000 millones de dólares por parte de OpenAI en la Patagonia argentina ha funcionado como un shock de futuro.

Sin embargo, detrás del relato oficial que celebra este hito yacen preguntas incómodas sobre el costo estratégico de un modelo económico que parece financiar su supervivencia con la entrega de activos nacionales clave.

La instalación del mega data center "Stargate Argentina", el más grande de su tipo en la región, no es un mero acto de confianza inversora; es la contrapartida palpable por el apoyo financiero crucial de Estados Unidos, un pilar sin el cual el proyecto del presidente Javier Milei se desmoronaría. Este episodio, lejos de ser una simple noticia de economía, es un capítulo explícito de una reconfiguración soberana.

La elección de Neuquén como sede no es casual. Responde a una lógica fría de eficiencia y, a la vez, traza un mapa de las asimetrías regionales. La provincia, administrada con una visión pujante, cuenta con la infraestructura energética renovable y la conectividad de fibra óptica que la inversión exige. Allí, la red hidroeléctrica y los parques eólicos ofrecen energía limpia y estable que este coloso digital devorará.

En un contraste revelador, Tierra del Fuego, pese a sus intentos de posicionarse como polo tecnológico, quedó descartada. Su matriz energética deficiente y su conectividad insular, sujeta a un tendido submarino, la excluyeron de la carrera.

Esta exclusión no ha pasado desapercibida en el sur austral. Algunos medios y analistas fueguinos han levantado la voz, criticando con razón las limitaciones estructurales que su provincia arrastra. No obstante, esta queja local, aunque legítima, parece un detalle menor frente a la magnitud del cuadro general.

El debate profundo no debería centrarse únicamente en qué provincia argentina gana o pierde en esta subasta, sino en qué tipo de soberanía está negociando el país en su conjunto.

El proyecto se inscribirá en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un marco que otorga beneficios extraordinarios, planteando dudas sobre la reciprocidad real de las contraprestaciones.

La administración Milei celebra la operación como un triunfo de su gestión y una validación de su alineamiento con Washington. Chris Lehane, jefe de Asuntos Globales de OpenAI, un exfuncionario de la era Clinton, no se reunió con el Presidente por simple protocolo. El mensaje es claro: hay una afinidad geopolítica que trasciende lo comercial. Se trata, en palabras de las propias fuentes, de una decisión "tecnológica, pero sobre todo geopolítica".

En este contexto, la retórica gubernamental sobre la "consolidación de Argentina como hub de innovación" enmascara una realidad bastante más cruda: la necesidad urgente de capital fresco para sostener un modelo que nace con pies de barro.

Sam Altman, CEO de OpenAI, proclama que se trata de "poner la inteligencia artificial en manos de la gente". Sin embargo, la arquitectura del negocio es elocuente: OpenAI será el offtaker, el comprador único de toda la potencia computacional generada. Argentina proveerá el territorio, la energía y las condiciones fiscales privilegiadas, exportando, en esencia, un commodity digital del cual no será propietaria.

Sam Altman, CEO de OpenAI

La promesa de que empresas y organismos locales podrán adquirir parte de esa potencia es un efecto derivado, no el núcleo del negocio, cuyo control residirá en manos de un gigante tecnológico extranjero.

Así, mientras se vende un futuro de vanguardia en la Patagonia, se consolida un patrón de dependencia. La flagrante entrega de soberanía que critican algunos sectores no es un error de cálculo; es la esencia misma del plan estratégico.

El Stargate argentino no es solo una puerta a un futuro tecnológico, sino también un umbral que conduce a un nuevo estatuto neocolonial, donde la potencia computacional se erige en el nuevo oro, y el país, en el mero proveedor de las condiciones favorables para su extracción.